MADRID, España.- Con el cierre de datos a fecha 29 de febrero de 2024, el informe mensual de Prisoners Defenders (PD) contabiliza que un total de 1.067 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva. Esta cifra, que incluye tanto a convictos como a condenados de conciencia y otros presos políticos, es una flagrante violación de la ley internacional y un testimonio sombrío de la situación de los derechos humanos en la Isla, denuncia PD en su más reciente informe.
Durante los últimos 12 meses, se han confirmado y añadido a la lista 168 nuevos prisioneros políticos, lo que significa un promedio de 14 nuevos presos políticos cada mes. En febrero de 2024 se sumaron nueve nuevos prisioneros políticos a la lista, mientras que ocho fueron liberados tras el cumplimiento íntegro de sus sanciones o medidas impuestas.
La clasificación de los 1.067 prisioneros políticos verificados precisa: 832 convictos de conciencia, 199 condenados de conciencia y 36 casos de otros presos políticos.
El informe de Prisoners Defenders destaca que la represión imperante en Cuba ha sido denunciada detalladamente por el Parlamento Europeo. La resolución del Parlamento Europeo “P9_TA(2024)0122”, aprobada el 29 de febrero de 2024 por mayoría absoluta, ofrece descripciones precisas de la represión ejercida por el régimen cubano. Entre las descripciones de la represión destacadas en la resolución del Parlamento Europeo, se mencionan incidentes de restricciones a internet, incluido el pirateo informático de cuentas de periodistas para silenciar la libertad de expresión. Además, se informa sobre el alarmante aumento de feminicidios en Cuba, sin que se implementen medidas efectivas para abordar este grave problema.
El documento también denuncia la negativa del régimen cubano a permitir la entrada en el país o las visitas a presos por parte de comisiones oficiales, delegaciones y grupos políticos del Parlamento Europeo y otras organizaciones internacionales de derechos humanos; falta de transparencia que obstaculiza los esfuerzos por abordar la situación de los derechos humanos en Cuba de manera efectiva.
Además, se hace referencia a la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2023, que señaló la implicación directa de agentes estatales en las muertes de los activistas Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012.
A pesar de estas evidencias contundentes de violaciones de derechos humanos, señala Prisoners Defenders, el Gobierno español y la Comisión Europea han mostrado una preocupante falta de acción y compromiso para abordar la situación en Cuba.
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