MIAMI, Estados Unidos. – El anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del régimen cubano, recientemente publicado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), ha recibido fuertes críticas por parte de varias organizaciones, entre ellas la Fundación Colectivo+Voces, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y la Alianza Regional para la Libre de Expresión e Información.
En un reciente informe, estas entidades señalan que el anteproyecto presenta múltiples deficiencias que comprometen su efectividad y su alineación con los estándares internacionales de transparencia.
El documento “evidencia la falta de compromiso real por parte de las autoridades cubanas en materia de transparencia y acceso a la información pública”, según indica el informe. Además, “el anteproyecto no cumple con los más mínimos estándares internacionales y regionales”, agrega el texto.
Uno de los puntos más destacados por las organizaciones firmantes del infrome es la ausencia de un órgano garante independiente. Según el informe, “los estándares internacionales en materia de transparencia y acceso a la información exigen la creación de organismos independientes que velen por el cumplimiento de estas leyes”.
El anteproyecto, sin embargo, asigna al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) algunas funciones de un órgano garante, pero sin la autoridad necesaria para resolver reclamaciones ciudadanas o regular la clasificación de la información. Además, los órganos superiores del Estado y los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Interior (MININT) están exentos de supervisión externa, lo que implica una falta de control sobre los entes que toman las decisiones más importantes en el país.
El informe también denuncia que el anteproyecto deja en manos de las instituciones la definición de los datos e informaciones que deben publicar, sin especificar claramente qué tipo de información debe ser de acceso público, lo que contraviene los estándares internacionales que demandan transparencia activa mediante la organización y publicación de información en formatos accesibles y reutilizables.
“El proyecto no incluye ninguna provisión específica que indique qué tipo de información deben publicar las autoridades cubanas”, reza el texto.
El derecho de acceso a la información pública también se ve limitado en el anteproyecto al establecer que la ciudadanía solo puede acceder a la información “cuando no se encuentre transparentada”.
Dicha disposición permite que las instituciones del Estado nieguen información si ya ha sido publicada, aunque no se indique claramente dónde se puede acceder a ella. El informe precisa que esta práctica va en contra de los principios fundamentales del derecho de acceso a la información, que exigen que los sujetos obligados garanticen y faciliten el acceso a los documentos previamente divulgados de la manera más sencilla posible.
Asimismo, el anteproyecto establece que los solicitantes de información pública pueden ser sancionados por usar indebidamente la información obtenida, una potencial medida contraria a los principios básicos del derecho de acceso a la información pública, que prohíben sancionar a los solicitantes por ejercer este derecho.
El anteproyecto exige que las solicitudes de información se presenten por escrito y establece costos por la reproducción, digitalización, búsqueda y servicios especializados de información. Estos costos adicionales pueden constituir un obstáculo significativo para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, puesto que contradicen el principio de gratuidad que debe prevalecer en este tipo de leyes.
Además, el anteproyecto no contempla la creación de un sistema de registro de solicitudes, lo cual es una práctica recomendada por los estándares internacionales para asegurar la transparencia y el seguimiento de las solicitudes de información.
Además, el anteproyecto establece un sistema de excepciones ambiguo que permite a las autoridades denegar el acceso a la información de manera arbitraria. Excepciones como las relacionadas con la “seguridad y defensa nacional” y la “protección de datos personales” no están claramente definidas, lo que abre la puerta a interpretaciones subjetivas y potencialmente abusivas, criticaron las organizaciones firmantes del informe.
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