LA HABANA, Cuba. – Más de nueve familias con necesidades de vivienda, entre ellas una madre con sus seis hijos, han sido amenazadas con una orden verbal de desalojo. Las autoridades locales esperan que los residentes en un antiguo parqueo de la Empresa de Comunales de Santiago de las Vegas abandonen sus viviendas lo antes posible, contó a CubaNet Lorena Bárbara Hernández Reyes, una de las amenazadas por las autoridades locales.
De acuerdo con la entrevistada, hace casi un mes “se empezó a levantar una casa que ya tenía los muros de bloques hechos y vinieron funcionarios de Planificación Física y los tumbaron a patadas”, por lo que varias familias se dirigieron al Gobierno del municipio Boyeros a obtener respuestas de las autoridades.
“Cuando llegamos nos dijeron que nos iban a demoler todas las casas y hasta me amenazaron con meterme presa”.
Según Hernández Reyes, no es la primera vez que las autoridades del régimen tratan de desalojarla con sus seis hijos. Cuando ocupó el lugar donde ahora vive, el local se encontraba “deshabitado y lleno de basura y escombros”.
“A los dos días de yo haberme metido aquí vinieron muchas personas con necesidades de vivienda; cogieron pedazos de terrenos y empezaron a hacer sus casitas. Luego vino una comisión del Gobierno para intentar que saliéramos, pero no lo lograron. Así nos han estado amenazando con desalojo y demolición desde ese tiempo, en vez de ayudarnos a resolver nuestros problemas”.
La también activista del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR) cuenta que en aquel tiempo el Gobierno mandó un policía a desalojarla al que le dijo que regresara a la unidad a buscar una pistola para matarla a ella y sus hijos porque de ahí nadie la sacaba “si no era muerta”.
Otro de los amenazados con perder su casa es Yenky Escalona La O, padre de una niña huérfana de madre y “uno más de los muchos que han tratado de construir donde existía un basurero”.
“No creo que sea lo más correcto, por la situación que tiene el país, que uno construya con su esfuerzo propio porque el Gobierno no te da ninguna ayuda y ellos quieran desalojarnos y destruir lo que hemos creado. Aquí también hay muchas mujeres solas con sus niños y con mucha necesidad”.
Escalona La O recuerda que “a los días de estar en el local desahitado vinieron los inspectores y multaron a todo el mundo porque, según ellos, era una violación. Nos citaron con la promesa de ayudarnos, pero no fue así. Yo lo único que pido es apoyo, no que nos desalojen y nos echen a la calle como si fuésemos perros”.
Ambos entrevistados aseguran que todas las personas que han construido su casa en ese local no tenían dónde vivir por diversas razones. El Gobierno, dicen, jamás los ha ayudado.
“Lo que hacen es amenazarte, como varias veces a mí que me han montado en patrullas, me han empujado delante de mis hijos, me han metido para dentro de una perseguidora a empujones”, denuncia Hernández Reyes.
“Por eso el día 15 voy a decir que quiero un cambio de presidente, voy a pedir comida, libertad, democracia y una solución con este tema de las viviendas”.
En la Isla, miles de personas no tienen dónde vivir o residen en locales inhabitables, ya sean edificios en peligro de derrumbe o casas sin servicios básicos. A principios de 2020, la Policía amenazó con desalojar a una comunidad instalada en un solar del municipio Cerro y dos meses más tarde, autoridades de la Dirección Municipal de Vivienda de Boyeros amenazaron con desalojar a siete familias de un local abandonado colindante a la Empresa de Almacenes Universales S.A.
El régimen cubano sanciona con privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas a quien “ocupe o se apodere ilegítimamente de un bien inmueble de ajena pertenencia” (artículo 333 del Código Penal).
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