GUANTÁNAMO, Cuba. – Leinier Cruz Salfrán aparece en los últimos días en las redes sociales como uno de los rostros del grupo Archipiélago. Por esto y por sus publicaciones en redes sociales, se convirtió en uno de los primeros sancionados con el Decreto-Ley 35.
El joven promotor de Archipiélago fue también el iniciador del proceso de recogida de firmas en Guantánamo para la solicitud de la Marcha Cívica por el Cambio prevista para el 15 de noviembre (15N).
“Algunas personas me ven y pueden llegar a considerarme como el líder de este movimiento en Guantánamo, pero considero que, lejos de ser un líder, soy un portavoz, porque siento que debo aportar mi granito de arena para que se nos comiencen a respetar nuestros derechos como ciudadanos cubanos y también por la libertad inmediata de todas aquellas personas que están injustamente encarceladas”, explica a CubaNet.
Cruz Salfrán conoció sobre la Marcha Cívica por el Cambio a finales de septiembre y, después de leer la convocatoria y de investigar en qué se sustentaba, decidió lanzar un llamamiento en Guantánamo a través de las redes sociales.
“Constaté que la carta [de convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio] se basa en el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, que manifiesta que nosotros los cubanos tenemos el derecho de expresarnos, reunirnos y manifestarnos. Tras investigar otro poco veo una conferencia de prensa donde el señor Rubén Remigio Ferro [presidente del Tribunal Supremo Popular] reafirmó que ciertamente es un derecho constitucional de los cubanos”.
A raíz de las protestas del 11 de julio en la Isla, Remigio Ferro aseguró que “las opiniones diversas incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delitos (…). Manifestarse lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas”.
Días después del lanzamiento en redes sociales de la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio (inicialmente prevista para el 20 de noviembre y luego adelantada para el 15), “parte de la sociedad civil de Holguín entregó la carta de petición y más adelante lo hizo la ciudad de Santa Clara (Villa Clara), por lo que la provincia de Guantánamo no se quedó atrás y fue también una de las primeras en accionar”.
“Yo me pregunté dónde estaba mi tierra que no se pronunciaba y que siempre ha sido caracterizada como una provincia de extremos: la más revolucionaria, la más comunista, la que más se calla y, aprovechando el espacio que ofrecen algunos grupos en Facebook como ‘Revolico Guantánamo’, hice un post motivador para que los ciudadanos se sumaran a esta iniciativa que considero legítima y totalmente válida”.
Según expresa el activista de 38 años, muchas personas le escribieron por privado y le facilitaron sus datos personales para que las incluyera como firmantes de la carta que fue entregada por él mismo en la Asamblea Municipal del Poder Popular de Guantánamo.
“Sé que van a haber personas que irán a la marcha por decisión propia pero no podemos estar de espaldas a la otra parte de la realidad y es que existen otras que sienten temor. Sabemos que nuestro Gobierno actúa a través de la presión, de las coacciones”.
Precisamente, cada uno de los firmantes de la solicitud de manifestación pacífica ha sido víctima de “una serie de chantajes e intimidaciones” por parte de la Seguridad del Estado.
Según el joven guantanamero, “cada uno de ellos sufrieron intimidaciones directas como la expulsión de sus centros de trabajos o la presión a través de sus familiares (…). [Los agentes del régimen] trabajan a través de la separación de la sociedad, para lograr que la persona se sienta aislada”.
“En mi caso, además de la presión ejercida a través de mi madre, que es una persona muy correcta, máster en Logopedia y trabajadora de la Universidad Pedagógica de Guantánamo, se encargaron de ejecutar toda una campaña de descrédito contra mi persona para sembrar la desconfianza entre los firmantes y empañar mi imagen”.
Además de dicha campaña difamatoria, Salfrán Cruz también fue multado con 3 000 pesos en virtud del artículo 68, inciso i, del Decreto-Ley 370, y por, supuetsamente, violar el artículo 15 del Decreto-Ley 35 debido a “algunos videos” publicados en redes sociales que “atentan contra el orden interior y el orden público”.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Cruz Salfrán es víctima de la represión por parte de la Seguridad del Estado. En enero de 2015 fue detenido y acusado de “actividad económica ilícita” por compartir el acceso a internet con otras personas mediante la wifi de los hoteles Martí y Guantánamo en la provincia oriental.
“No merecemos un Gobierno que desconozca, desproteja, rechace o encarcele a parte de su población porque no siga el discurso oficial, porque piense diferente. Por eso considero que no hay base moral ni legal para que el Gobierno nos prohíba marchar ese día”.
Para Cruz Salfrán, los objetivos por los que el pueblo guantanamero y cubano en general deberían salir a las calles el 15N están bien claros: “Que cese la represión, que se comiencen a respetar nuestros derechos como ciudadanos cubanos, que liberen a todos los presos políticos y que se comiencen a solucionar las diferencias entre el Gobierno y las personas que piensan y se manifiestan diferente”.
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