LA HABANA, Cuba. – El terror es el saldo que ha dejado el estallido social del 11 de julio (11J) entre las familias. No es cuestión de comparar sufrimientos porque incluso los manifestantes que han sido excarcelados con multas de hasta 15 000 pesos y los que han pagado fianzas o han sido condenados a prisión domiciliaria siguen siendo acosados y llamados a interrogatorios aleatoriamente para alimentar el miedo de golpizas y celdas de castigo.
Por otro lado, el listado de los menores de edad juzgados como adultos sigue en aumento, como mismo crece el número de personas con discapacidades golpeadas y acusadas de delitos graves o la cantidad de madres con hijos en período lactante o en edad escolar condenadas en juicios sumarios. Ahora también se conocen más casos de personas con padecimientos crónicos o psiquiátricos a los se les negó o ha negado el acceso a los medicamentos, así como familias con más de tres de sus miembros ―o incluso todos― presos.
Han sido más de 60 días de ensañamiento sobre las vulnerabilidades de los manifestantes.
Entre los menores de edad detenidos se cuentan Rubén Alejandro Parra Ricardo, de Holguín, y Glenda Caridad Marrero Cartaya, ambos de 15 años.
A Parra Ricardo su madre lo ha visto solo una vez. A Glenda Caridad la detuvieron junto a su madre, Yanelys Cartaya, y aunque fue excarcelada el 27 de agosto fue acusada de “incitar a las protestas en Jovellanos”, según declaraciones de su padre a Diario Las Américas.
Asimismo, a Jonathan Torres Farras, de 17 años, con una enfermedad cardiovascular y problemas de hipertensión, a quien le ha sido negado el acceso a los medicamentos que necesita. En su caso, está siendo obligado a leer un libro de Fidel Castro.
También tres mujeres de la familia Taquechel fueron detenidas. Katherine Martín, de 17 años y epiléptica, y Mariam Martín, así como la madre de ambas, Mayra Taquechel. Las tres han pasado por la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Regla, el Vivac, el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Alamar y por último la Prisión de Mujeres de Occidente.
A Katherine la golpearon con saña, según testimonios de la activista Daniela Rojo. Su apelación fue sellada con un cambio de medida: trabajo correccional sin internamiento por 12 meses. A la hermana mayor la excarcelaron con medida cautelar de libertad bajo fianza, pero a Mayra Taquechel ni siquiera le aceptaron la apelación y ha sido condenada a ocho meses de privación de libertad.
También Katya Beirut está acusada de “desorden público”, aunque quizás la verdadera razón sea que es una de las testigos del asesinato de Diubis Laurencio Tejeda en La Güinera. También fueron testigos del hecho su hermano y su padre, Exient y Fredy Beirut.
No se trata de la única familia encarcelada en La Güinera. Maricelis Busutil es la esposa de Raúl Sosa, preso en la prisión Combinado del Este después del 11J. Maricelis también es la madre de Mario Raúl Sosa Busutil, a quien golpearon “brutalmente” y le “echaron los perros, que lo mordieron todo”. Cuando “un policía jaló por el revólver para dispararle”, Maricelis se metió en el medio y dijo que habría que tirarle a ella también.
Los “agentes del orden” también azuzaron los perros contra su hija, Yanelis Sosa Busutil, quien llevaba cargado a su bebé de dos años. “Fue un milagro que no mordiera a la niña”, dice. Ella, por su parte, recibió mordidas hasta en un seno.
Al hijo menor de Maricelis, Yerandi Sosa Basulti, lo liberaron bajo fianza a los nueve días, pero lo golpearon en el momento de su arresto y en la prisión de Ivanof, situada en el Cotorro. Ahora espera juicio en su casa por los supuestos delitos de “desorden público” y “desacato”.
Según testimonios de varios vecinos, tras el 11J los militares entraron en las casas de La Güinera y dieron golpes: sacaban a las familias a palos. Le dieron al que participó en las protestas y al que no. La sensación que quedó fue que entraban a las casas dispuestos a matar.
La animadversión del sistema también ha ido contra las personas con enfermedades crónicas o con algún tipo de discapacidad.
Andy Dunier Ortega Murgado, detenido en Colón, tiene trastornos psiquiátricos y varios intentos de suicidio. No obstante, permanece en el Combinado de Matanzas, acusado de “robo con fuerza”. Y a Javier Delgado Torna lo sacaron a medianoche de su casa en Caibarién, pese a que tiene una enfermedad cardiovascular que lo hace dependiente del oxígeno. Jonathan Medina, de 21 años y residente en Artemisa, del que no se tienen muchos más datos, fue detenido pese a sus problemas psiquiátricos y sus antecedentes del Síndrome de Guillain-Barré.
También está Edelmer Góngora, de Holguín, carretillero, quien tiene una discapacidad motora y una malformación en los brazos. “Se defendía vendiendo viandas en un puesto”; a todo el que se le pregunta dice que “es un buen muchacho, pero que los inspectores la tenían cogida con él por sus ideas políticas”.
En el caso de Orquídea León Prieto, su familia logró localizarla después de ser juzgada y condenada a 12 meses de privación de libertad. Su denuncia se cursó con el expediente 42286/2021 y no incluyó su paso por escuelas especiales ni su discapacidad intelectual o su asma crónica.
Juan Carlos Monte de Oca, de Las Tunas, fue llevado a la Unidad de Instrucción Provincial. A los agentes que lo arrestaron y golpearon no les pesó lastimarle la clavícula, ni que llevaba meses sin medicamentos para su salud mental.
A estas historias se pueden sumar los nombres de Félix Navarro, uno de los activistas condenados durante la Primavera Negra y hoy en huelga de hambre; el de Lizandra Góngora, madre de cinco hijos; los de María Cristina y Angélica Garrido, las únicas que permanecen encarceladas en Quivicán; el de Yanquier Sardiñas, de 17 años, que fue visto por última vez en al Virgen del Camino y se supone que esté en alguna prisión de La Habana; o el de tres menores más, uno de Santa Clara y otro de La Güinera, de los que no se conoce su estado actual.
El listado de personas elaborado de manera colaborativa por las activistas y periodistas Camila Rodríguez, Salomé García Bacallao, Kirenia Yalit Núñez Pérez, Eylin Lombard, Darcy Borrero, Cynthia de la Cantera, Ivette Leyva y Laritza Diversent suma 1 074 nombres e incluye a personas que han sido liberadas bajo diferentes circunstancias, así como las que permanecen en proceso de investigación o han sido juzgadas.
No obstante, deben ser muchos más. Indagando en cada una de esas vidas que hoy parecen ser solo números, se repite un patrón: la “Revolución” ha ido con más saña contra los enfermos, las mujeres y los adolescentes que la enfrentaron.
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