MIAMI, Estados Unidos. – En las últimas semanas, la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) ha solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares en favor de José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez, Javier Delgado Torna, Julián Mazola Beltrán y Jany Milo Espinosa, cinco cubanos detenidos tras las manifestaciones del 11 de julio (11J).
“Hemos podido constatar desde el domingo 11J, un patrón de hostigamiento y persecución contra cientos de miles de personas que salieron a las calles en Cuba de manera pacífica demandando el fin del régimen cubano”, dice el documento enviado por la FDP a la CIDH.
La Fundación pudo verificar que durante las protestas iniciadas el 11J se cometieron cerca de 1 000 incidentes a lo largo del país. Al menos 982 personas fueron detenidas o desaparecidas, y aproximadamente 526 aún permanecen encarceladas.
La FDP también se refirió a la importancia de otorgar medidas cautelares, las cuales se basan en la situación de peligro en la que se encuentran particularmente estos opositores.
El Centro de Denuncias de la FDP también solicitó a la CIDH exigir al régimen cubano la liberación inmediata de estos activistas, así como el fin de la persecución y hostigamiento hacia ellos por movilizarse pacíficamente. Además, pidió garantías de no repetición y el fin de la impunidad.
Luego de la jornada inicial de protestas ciudadanas en el país, el pasado 11J, Javier Delgado Torna, de 53 años, promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide y residente en la ciudad de Caibarién, Villa Clara, fue detenido por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado dentro de su propia vivienda.
Delgado, que sufre de cardiopatía isquémica, diabetes e hipertensión, permanece recluido en la prisión La Pendiente, de Santa Clara, y se desconoce si ha podido acceder a sus tratamientos médicos, incluyendo el oxígeno medicinal del cual depende.
También ese día, fue arrestada Jany Milo, de 25 años de edad. Ante la negativa de las autoridades de dar explicación sobre el paradero exacto de la joven, sus familiares se vieron obligados a acudir a varias estaciones de San Antonio de los Baños. Según han denunciado, Milo presenta varios trastornos de salud y requiere un tratamiento médico que le ha sido negado.
El pasado 12 de agosto, Julián Mazola Beltrán, de 22 años, también fue detenido y golpeado por agentes de la Seguridad del Estado en San Antonio de los Baños, tras publicar la grabación en redes sociales de la visita de Miguel Díaz-Canel a esta localidad el 11J.
De acuerdo con la familia, Mazola Beltrán permaneció recluido hasta el 14 de agosto en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Cuatro Caminos, donde se encontraba en huelga de hambre desde el inicio de su detención.
Después de 48 horas, fue trasladado a la prisión de Guanajay, donde al menos inicialmente continuó su huelga de hambre. Desde el traslado, se perdió toda comunicación entre el joven y su familia, por lo que se desconoce su estado actual de salud.
El mismo 11J, pero en Matanzas, fue arrestado el activista Félix Navarro cuando se dirigía a la estación policial de su municipio, Perico, para obtener información sobre los integrantes del partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, que habían sido detenidos al inicio de las movilizaciones.
Después de 13 días, Navarro pudo comunicarse brevemente con su hija Sayli Navarro, y confirmó que había sido diagnosticado positivo a la COVID-19 y que sería trasladado al Hospital Militar de la ciudad de Matanzas.
De acuerdo con la información obtenida por su hija, durante los días que estuvo ingresado, se le diagnosticó una lesión inflamatoria crónica en los pulmones. Tras su recuperación y ser devuelto a la prisión Combinado del Sur, comenzó una huelga de hambre en reclamo de su liberación “inmediata e incondicional”.
Por otro lado, José Daniel Ferrer, coordinador general de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, se mantiene bajo una cautelar vigente dictada por la CIDH el 12 de noviembre de 2012.
Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 por varios agentes del Ministerio del Interior (MININT) a pocos metros de su vivienda, ubicada en el reparto Altamira de Santiago de Cuba.
La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba resolvió imponerle una medida cautelar de prisión provisional por el falso delito de “desorden público”. Durante los primeros días tras su arresto, el régimen cubano negó un recurso de habeas corpus en su favor. Posteriormente, revocó el “beneficio” de “limitación de libertad” concedido al líder opositor, por el cual cumplía una condena de cuatro años y seis meses en su hogar, y ordenó que extinguiera el resto de la sanción en un centro penitenciario.
La Fundación para la Democracia Panamericana, establecida en 2015 por un grupo de ciudadanos cubanos y cubanoamericanos preocupados por la opresión y la violación de los derechos humanos en Cuba, colabora con organizaciones locales e internacionales comprometidas con la democracia y respeto por los derechos humanos.
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