MIAMI, Estados Unidos. – En medio de una de las crisis económicas y sociales más profundas de la historia de la Isla, el Gobierno cubano reiteró este lunes el carácter “profundamente social y humanista” del presupuesto del Estado, pero sin anunciar medidas nuevas, cronogramas específicos ni cambios estructurales capaces de responder a la magnitud del deterioro que atraviesa el país.
Durante una intervención en el programa oficial Mesa Redonda, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, defendió que el presupuesto garantiza el acceso universal y gratuito a la educación, la salud, la seguridad social y la asistencia social, aun bajo el impacto del recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos.
Sin embargo, su exposición se centró en reiteraciones discursivas sobre principios generales y no incluyó anuncios concretos que permitan evaluar cómo se sostendrán esos servicios en un contexto de escasez crónica, inflación elevada, caída productiva y deterioro acelerado de la calidad de vida.
“El presupuesto es una expresión concreta de las conquistas sociales de la Revolución”, afirmó el ministro, quien insistió en que “hay un grupo de acciones que se han adoptado para ratificar ese papel humanista”. No obstante, esas acciones no fueron detalladas más allá de formulaciones generales sobre reordenamientos, rediseños y prioridades, sin cifras desagregadas, metas verificables ni plazos definidos.
Reordenamiento del gasto sin admitir colapso de servicios
Regueiro Ale reconoció que sectores como Educación, Educación Superior y Transporte han sido objeto de “reordenamiento” y “rediseño de los niveles de actividad”, aunque aseguró que los servicios “se garantizan” a la población. El ministro evitó referirse al impacto real de esos ajustes en la práctica cotidiana, en un país donde el transporte público apenas funciona y los hospitales enfrentan carencias críticas de insumos básicos.
“Se ratifican en un reordenamiento, en un rediseño de los niveles de actividad, pero se garantizan a nuestra población”, dijo, sin explicar cómo se materializa esa garantía en un escenario de apagones prolongados, déficit de combustible y migración masiva de profesionales.
Aunque admitió que sostener el gasto social exige “esfuerzos adicionales”, el funcionario trasladó la responsabilidad del control presupuestario a las unidades administrativas y a los colectivos laborales, sin aludir a fallas estructurales del modelo de gestión económica ni a la reducción objetiva de capacidades del Estado.
Ahorro, postergaciones y más control, sin alivio inmediato
El titular del Ministerio de Finanzas y Precios defendió la racionalidad del gasto, el ahorro y la postergación de desembolsos “no imprescindibles”, como vía para proteger derechos sociales. Sin embargo, no precisó qué gastos se consideran prescindibles ni cómo se evitará que esas postergaciones profundicen la contracción de servicios ya debilitados.
En paralelo, presentó el presupuesto como instrumento para reorientar recursos hacia actividades productivas estratégicas, en particular el fondo para el desarrollo agropecuario. Tampoco en este punto se ofrecieron datos sobre montos asignados, resultados alcanzados o impactos reales en la disponibilidad de alimentos, uno de los principales focos de malestar social en el país.
“El presupuesto es garantía, pero es también una herramienta que tiene el Estado y el Gobierno para conducir la economía”, afirmó Regueiro Ale, sin reconocer que los problemas estructurales de producción y abastecimiento persisten pese a años de reordenamientos similares.
Uno de los pocos datos concretos mencionados fue el incremento parcial de las pensiones, respaldado con más de 20.000 millones de pesos en 2026. El propio ministro admitió que esta medida “no da la solución total”, aunque la presentó como un esfuerzo presupuestario.
“Hay un compromiso de incremento parcial de las pensiones que no da la solución total”, señaló, al tiempo que aseguró que los pagos mensuales están garantizados. La declaración no abordó el desfase entre las pensiones y el costo real de la vida, marcado por una inflación persistente y precios inaccesibles para amplios sectores de jubilados.
Disciplina tributaria como respuesta central
Ante la caída de algunos niveles productivos, el ministro insistió en la necesidad de reforzar la captación de ingresos mediante mayor disciplina tributaria. Definió el pago de impuestos como un deber solidario y adelantó un fortalecimiento de los mecanismos de control de la administración tributaria.
“Es la convergencia de un derecho solidario y también de un deber de contribuir al sostenimiento de los gastos sociales”, afirmó, sin referirse al impacto que una mayor presión fiscal puede tener sobre actores económicos ya asfixiados por la falta de insumos, financiamiento y mercado.
Regueiro Ale destacó proyectos locales de energías renovables con incentivos fiscales y participación del sector no estatal, presentados como vía para sostener servicios sociales. No obstante, evitó ofrecer una evaluación cuantitativa del alcance real de estas iniciativas frente a la crisis energética nacional.
En materia de precios, reconoció irregularidades en la concertación y el control, y llamó a fortalecer mecanismos de participación popular y comités de concertación, una fórmula reiterada durante años sin que se traduzca en una contención efectiva de la inflación ni del mercado informal.
Al cierre de su intervención, el ministro reiteró que el presupuesto respalda la protección de los servicios esenciales y la “filosofía” del proyecto social cubano. Sin embargo, la comparecencia en la Mesa Redonda dejó más preguntas que respuestas en un país atravesado por apagones prolongados, escasez de alimentos, deterioro del poder adquisitivo y un éxodo migratorio sin precedentes.
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