LIMA, Perú — El condado de Miami-Dade prohibió a dos empresas presuntamente vinculadas al aparato militar cubano operar o recibir autorización fiscal local, en una nueva medida coordinada con autoridades federales estadounidenses en medio del endurecimiento de las acciones contra entidades relacionadas con el régimen de La Habana.
El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, informó que su oficina determinó que Sta Elena Investments LLC y Remas Investments LLC “no están autorizadas a operar dentro del Condado Miami-Dade” y que, junto a Adys Lastres Morera, tienen prohibido “recibir o renovar un Impuesto Local sobre Actividades Comerciales (LBT)” en esa jurisdicción.
La decisión se produce tras la acción anunciada por el Departamento de Estado y el secretario Marco Rubio respecto al arresto de Adys Lastres Morera y la revocación de su estatus de residente permanente en Estados Unidos, en un caso que las autoridades vinculan con actividades relacionadas con Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) del régimen cubano.
“La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade ha continuado coordinando con las autoridades federales en su revisión en curso de la actividad comercial vinculada a entidades afiliadas al aparato militar cubano y a la dictadura comunista socialista”, señaló Fernández en una declaración oficial.
El funcionario añadió que, aunque una de las entidades identificadas no figura actualmente registrada como empresa en Miami-Dade, su oficina revisa “cualquier posible actividad comercial, conexiones inmobiliarias, presentaciones o cualquier otro posible vínculo asociado con estas entidades”, en coordinación con otras jurisdicciones para determinar posibles medidas de cumplimiento.
“El Condado Miami-Dade continuará trabajando junto con las autoridades estatales y federales para garantizar el pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables y proteger a nuestra comunidad de entidades vinculadas a regímenes extranjeros hostiles y redes sancionadas”, afirmó Fernández.
El anuncio se suma a la ofensiva de Washington contra estructuras económicas ligadas a la dictadura castrista. El caso particular de Adys Lastres Morera ha cobrado relevancia por el vínculo familiar de la detenida con Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, el conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía cubana, incluidos turismo, remesas, banca, comercio minorista en divisas y logística portuaria.
La detención se produjo además pocas semanas después de que el Departamento del Tesoro incluyera a Ania Guillermina Lastres Morera en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
¿Qué establecen las recientes sanciones de Trump?
Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el pasado 1 de mayo que amplía las sanciones de Washington contra el régimen cubano y autoriza medidas contra personas, entidades, afiliados y bancos extranjeros vinculados al aparato de seguridad del régimen, a actos de corrupción o a graves violaciones de derechos humanos en la Isla.
La medida, publicada por la Casa Blanca, eleva la presión sobre La Habana y permite bloquear bienes en jurisdicción estadounidense, prohibir transacciones y suspender la entrada a EE.UU. de los sancionados.
La orden dispone que podrán ser sancionadas personas extranjeras que operen o hayan operado en los sectores energético, de defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, así como en cualquier otro sector que determine el Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado. También incluye a quienes sean propiedad del Gobierno cubano, actúen en su nombre, le brinden apoyo financiero, material o tecnológico, ocupen cargos de dirección, sean agencias o instrumentos estatales, participen en abusos graves de derechos humanos o estén implicados en corrupción relacionada con Cuba.
El alcance de la medida incluye además a familiares adultos de personas designadas bajo la orden. En la práctica, el decreto bloquea propiedades e intereses en propiedades que estén en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses, y prohíbe operaciones destinadas a evadir esas restricciones.
La orden también suspende la entrada al país de quienes sean alcanzados por los criterios de sanción, salvo que el secretario de Estado determine que su ingreso responde al interés nacional estadounidense.
El texto faculta al Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado, a imponer sanciones a instituciones financieras extranjeras que hayan realizado o facilitado transacciones significativas para personas o entidades sancionadas. Entre esas medidas figuran la prohibición o imposición de condiciones estrictas para mantener cuentas corresponsales o de pago en EE.UU., además del bloqueo de propiedades e intereses en propiedades de esas instituciones.
