MIAMI, Estados Unidos ― Cuba acumuló en mayo 1.311 protestas, denuncias y expresiones críticas, incluidas 44 manifestaciones presenciales entre los días 11 y 31, en medio de apagones de hasta 20 y 24 horas, déficit eléctrico superior a los 2.000 megavatios, deterioro de los servicios básicos y un aumento de las acciones de desafío al Estado policial, de acuerdo con el informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El reporte señala que mayo fue escenario de “la oleada más larga de protestas callejeras” registrada por el observatorio en un mes. Las manifestaciones incluyeron cacerolazos, barricadas de fuego, cierres de calles y gritos de “Libertad”, “¡Abajo la dictadura!” y “Corriente y comida”, principalmente en La Habana, aunque también se reportaron acciones en Holguín, Santiago de Cuba y Villa Clara.
El OCC contabilizó 527 “desafíos al Estado policial”, categoría que agrupa acciones contestatarias capaces de provocar represalias contra sus protagonistas. La cifra representa un aumento de más del 42% frente a los 305 casos compilados en abril. El informe vincula ese crecimiento con el agravamiento de la crisis energética, la extensión de los apagones y el endurecimiento represivo contra manifestantes, opositores, periodistas independientes, influencers y presos políticos.
Según el sumario estadístico del OCC, las 1.311 expresiones de descontento de mayo significaron un aumento del 13,6% respecto a las 1.133 registradas en abril y del 65,3% frente a las 851 documentadas en mayo de 2025. La Habana fue el territorio con mayor número de registros, con 568 protestas y denuncias, seguida por Matanzas, con 162; Holguín, con 82; Camagüey, con 66; Santiago de Cuba, con 57; y Las Tunas, con 45.
Las protestas y denuncias relacionadas con derechos civiles y políticos sumaron 710 entradas, equivalentes al 54,2 %del total mensual. Dentro de ese grupo, además de los 527 desafíos al Estado policial, el informe registró 183 actos represivos. Las denuncias vinculadas con derechos económicos y sociales alcanzaron 601 casos, el 45,8% de la suma mensual, encabezadas por servicios públicos, otros problemas sociales, inseguridad ciudadana, salud pública, alimentación e inflación, agricultura y vivienda.
La crisis eléctrica fue el detonante principal de la movilización callejera. El informe señala que las protestas presenciales comenzaron el 11 de mayo en Luyanó, municipio Diez de Octubre, con un cacerolazo y el bloqueo de la Calzada de Concha, y se extendieron durante el resto del mes por barrios y municipios habaneros como Marianao, Habana del Este, Cerro, San Miguel del Padrón, Lawton, Santos Suárez, Guanabacoa, Playa, Centro Habana, La Lisa, Boyeros y Plaza de la Revolución.
Fuera de la capital, el OCC documentó protestas en Antilla, el reparto Zayas y La Piquita, en Holguín; Los Chinos, en Placetas, Villa Clara; y Micro 3, El Salao y el Mercado de Los Pinos, en Santiago de Cuba. En el caso de este último, el reporte menciona la quema de neumáticos en la calle. De las 44 protestas presenciales registradas, 42 estuvieron motivadas por los apagones y dos por la falta de agua.
El informe atribuye las manifestaciones al deterioro del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), con déficits de generación superiores a los 2.000 megavatios y apagones masivos de 20 a 24 horas diarias. El 14 de mayo, según el reporte, el déficit proyectado rondó los 2.200 megavatios y llegó a afectar al 70% del país, en medio de una nueva avería de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras y de colapsos regionales desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.
El OCC cita testimonios de ciudadanos que denuncian pérdida de alimentos, insomnio, estrés y agotamiento psicológico. En ese sentido, una investigación de los psicólogos Yunier Broche-Pérez y Zoylen Fernández-Fleites, concluyó que “ninguno de los cubanos participantes en la investigación fue clasificado dentro de parámetros normales de salud mental: 55,4% presentó niveles extremadamente graves de depresión, 66% mostró ansiedad severa y 65,8% registró estrés extremo”.
La categoría de servicios públicos acumuló 144 protestas y denuncias, el mayor volumen dentro de los derechos económicos y sociales. Además de la electricidad, el OCC registró quejas por falta de agua potable, escasez de gas licuado y combustible para cocinar, problemas de salubridad, deterioro de los servicios funerarios, crisis bancaria, falta de efectivo y mala calidad del acceso a internet.
La represión estatal creció en paralelo a la protesta social. El informe incluye detenciones, citaciones, amenazas, cortes selectivos de internet y telefonía, vigilancia domiciliaria, actos de repudio, militarización de calles y nuevas normas migratorias consideradas por el OCC como instrumentos adicionales de control. Cubalex documentó detenciones durante las protestas por apagones, especialmente en Antilla, Holguín, donde el observatorio reporta alrededor de 22 arrestos tras manifestaciones del 19 y 20 de mayo.
El reporte señala que en Antilla hubo cacerolazos y gritos de “Libertad” y “Patria y Vida” después de más de 20 horas sin electricidad, agua ni alimentos, y que la respuesta policial incluyó disparos al aire, violencia y fuerte militarización. Entre los detenidos mencionados figuran Yaquelín Thope Infante, Eusebio Martínez Matos, Braulio Cuenca, Jenni Mone o Jenny Monet, Jaime Bosh, José Alberto Linet Ramírez, Lester Osvaldo Martínez Vásquez y Rafael Batista Infante.
El OCC también recogió denuncias de amenazas de muerte contra presos políticos en caso de una intervención de Estados Unidos en Cuba, atribuidas al llamado “Plan Baraguá”. Entre los reclusos mencionados por el informe figuran Roilán Álvarez Rensoler, Dixán Gaínza Moré, Daniel Alfaro, Alieski Calderín Acosta y Alexander Verdecia Rodríguez. El documento señala que algunas amenazas consistieron en advertencias de fusilamiento o eliminación si se producía una confrontación con Washington.
En mayo se registraron al menos cinco muertes bajo custodia en prisiones cubanas, según denuncias del Centro de Información Legal Cubalex y medios independientes recogidas por el OCC. Entre ellas estuvo la de Ernesto Brieva Sempé, preso político del 11J, de 52 años, en el Combinado del Este, presuntamente por desnutrición severa y negligencia médica. Brieva había sido condenado en enero de 2023 a cinco años de trabajo correccional sin internamiento por su participación en las protestas de La Esquina de Toyo, pero su sanción fue revocada y cumplía prisión por mantener una postura crítica al sistema.
El informe cita además a Prisoners Defenders, organización que en abril reportó un máximo histórico de 1.260 presos políticos en Cuba. También recoge denuncias sobre desnutrición forzosa, falta de atención médica, traslados punitivos, aislamiento, golpizas, suspensión de tratamientos y condiciones extremas de higiene en centros penitenciarios.
La inseguridad ciudadana fue otra de las categorías más graves del mes, con 129 entradas. El OCC afirma que la violencia criminal, social, de género e intrafamiliar dejó 37 fallecidos en mayo, cifra inferior a las 41 muertes compiladas en abril, pero todavía elevada. También se reportaron nueve desapariciones, una de ellas resuelta con la aparición con vida de la persona buscada y otra con el hallazgo sin vida de un adolescente de 15 años.
Por otro lado, en mayo pasado el Food Monitor Program también responsabilizó al conglomerado militar-empresarial GAESA de agravar la crisis alimentaria al convertir el acceso a los alimentos en un mecanismo de extracción de divisas y controlar importaciones y distribución, según recoge el informe. El observatorio vinculó la escasez con la caída de la producción nacional, la dependencia de importaciones, la falta de combustible, los apagones, la inflación, la dolarización parcial y la devaluación del peso cubano.
El reporte del OCC dedica además una parte a las expresiones ciudadanas favorables a una intervención estadounidense como salida al inmovilismo político y al deterioro nacional.
