MIAMI, Estados Unidos ― Cuatro de los cinco sobrevivientes de la incursión armada que partió de los Cayos de Florida y fue interceptada el 25 de febrero frente a Cayo Falcones, en Corralillo, Villa Clara, ofrecieron sus primeros testimonios públicos en una casa del Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior en La Habana, en presencia del fiscal del caso, Edward Robert Campbell, y del coronel Francisco Estrada Portales, jefe de las investigaciones del MININT sobre delitos contra la seguridad del Estado.
Ninguno tuvo un abogado a su lado. Las entrevistas, realizadas en julio, forman parte del reportaje que el periodista estadounidense Reed Lindsay, fundador de Belly of the Beast, publicó este 23 de septiembre.
José Manuel Rodríguez Castelló, Christian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez y Conrado Galindo Sariol llegaron uno a uno, con mono naranja y esposados. Un oficial de una unidad táctica especial del MININT les retiró las esposas para la conversación, que duró entre 30 y 55 minutos en cada caso.
Los cuatro aseguraron que no habían sido presionados para hablar ni habían recibido promesas a cambio, algo que, según admite el propio reportaje, no pudo verificarse de forma independiente. Belly of the Beast había solicitado el acceso a las autoridades cubanas.
Cinco meses después de su captura, la defensa de los detenidos seguía siendo irregular. Rodríguez dijo que aún no había encontrado un abogado dispuesto a tomar su caso y Cruz, que todavía no lo había pedido. Acosta contó que se había reunido varias veces con el suyo, y la esposa de Galindo, Ana Seguí, afirmó que su marido tenía representación legal desde marzo. Los cuatro hablaron frente al fiscal que sostiene contra ellos cargos por terrorismo, que según el propio Campbell pueden castigarse con hasta 30 años de prisión o con la pena de muerte.
El único sobreviviente que no compareció fue Amijail Sánchez González, a quien el MININT presenta como uno de los organizadores de la operación. Según el reportaje, “o declinó ser entrevistado o no se le permitió hablar con periodistas”. Sánchez figura desde diciembre de 2023 en la lista nacional de personas vinculadas al terrorismo que el Ministerio del Interior publicó en la Gaceta Oficial mediante la Resolución 19/2023, asociado a un expediente por promover, financiar y ejecutar sabotajes contra el Tribunal Municipal de Centro Habana y la Dirección Provincial de los CDR. Es también el detenido sobre el que pesan las denuncias más graves de maltrato: la activista Maritza Lugo Fernández dijo a Lindsay que familiares de Sánchez en Cuba le contaron que él había denunciado golpizas reiteradas bajo custodia, con pérdida de audición en un oído y lesiones en un brazo y en las costillas. Las autoridades cubanas niegan que haya sido maltratado.
En los dos puntos centrales de la acusación, los testimonios coinciden con la versión oficial. Los cuatro confirmaron que el primer disparo salió de su propia embarcación, El Tornado, y Acosta señaló a Sánchez como autor. “Amijail agarró un cargador para el AK-47 de fabricación china que tenía y abrió fuego contra los guardacostas. Ahí empezó el tiroteo”, relató. También afirmaron que se entrenaron durante meses en una finca cercana a Fort Myers que, según les dijeron, pertenecía a Lugo, líder del Partido 30 de Noviembre, residente en Miami y señalada por el MININT como autora intelectual de la operación. “Ella fue quien organizó, financió y supervisó la logística de todo”, sostuvo Estrada en la entrevista.
Lugo niega cualquier participación y atribuye los testimonios a la coacción. “Todo lo que están diciendo es mentira, y no los culpo”, dijo al reportero por teléfono desde Miami. “¿Qué van a decir? Quieren salvar sus vidas, y los están obligando a decir esas cosas”. La activista admitió que dio a Sánchez, con quien mantuvo una relación sentimental durante cerca de un año, acceso a la finca, pero aseguró que allí solo se cazaba y se practicaba tiro, y que vive con 700 dólares mensuales del Seguro Social.
Rodríguez aseguró que el grupo se financió solo y que cada uno compró sus balas, sus fusiles y su equipo, y que Lugo “se ocupaba sobre todo de la parte política”. Acosta dijo que ella no participó en la planificación, pero que su partido era el “patrocinador”. Galindo contó una historia distinta: que un antiguo compañero de estudios lo recomendó a Lugo, que ella le ofreció 500 dólares por filmar y editar los videos de entrenamiento y que, al llegar a la finca, le anunció que se sumaría a la expedición.
No todo lo que los detenidos dijeron ante el fiscal favorece a sus custodios. Galindo denunció que recibió patadas en las piernas el día que llegó a la sección de máxima seguridad del Combinado del Este, y Rodríguez contó que lo amenazaron allí una vez y que un oficial de Guardafronteras le pisó a propósito la pierna herida poco después del tiroteo. Rodríguez, además, no se retractó. “Si me dijeran que enviarían un petrolero a Cuba a cambio de liberar a José Manuel”, dijo refiriéndose a sí mismo, “preferiría pudrirme en prisión antes que dejar entrar una sola gota de petróleo a este país”. Cruz comparó la expedición con el desembarco del Granma. Acosta, en cambio, la calificó de “locura” y aconsejó a otros cubanos no intentar algo parecido.
El objetivo, según Rodríguez, era “sencillo”: lograr que el pueblo cubano se levantara en armas, controlar una provincia durante 72 horas y pedir una intervención militar a EE.UU. Cruz situó el primer blanco en una estación de policía de Cárdenas, Matanzas, mientras Estrada sostiene que los interrogatorios apuntan a la de Santa Marta y a la unidad de Guardafronteras de Varadero. Diez hombres salieron de Marathon la noche del 24 de febrero con 25 armas de fuego, unas 13.000 municiones, bombas caseras de tubo rellenas de fragmentos de tuercas y tornillos y de pólvora negra, cócteles molotov, un dron y una terminal Starlink, según el inventario de las autoridades cubanas. En el enfrentamiento murieron Ledián Padrón Guevara, Pavel Alling Peña, Héctor Duani Cruz Correa y Michel Ortega Casanova. Del lado cubano solo resultó herido el capitán de la patrullera, alcanzado en el abdomen.
La operación se anunció casi a la vista de todos. El 30 de enero, Alling escribió en Facebook: “Y pobre de aquel militar que no baje las armas y peor aún dispare contra el pueblo, porque el terror desatado será sublime en su más cruda expresión. Cuba será libre dentro de poco. Les llegó la hora a esos dictadores que nos robaron nuestro país”. Al día siguiente, Sánchez difundió un “comunicado urgente al pueblo de Cuba” firmado por el Partido Democrático 30 de Noviembre, el Movimiento Cardumen, Autodefensa del Pueblo y el Movimiento Escudo Cubano, que instaba a las familias a sacar a los jóvenes del Servicio Militar y concluía: “Con una dictadura que solo ofrece opresión y ha traicionado a su pueblo, no hay espacio para la negociación”. Autodefensa del Pueblo y el Movimiento 30 de Noviembre figuran desde 2023 entre las organizaciones de la lista cubana de terrorismo. El 5 de febrero, Miguel Díaz-Canelv advirtió en una comparecencia ante la prensa: “Hoy conocemos de planes para hechos terroristas que están siendo apoyados, financiados y se están preparando en los Estados Unidos para agredir a Cuba en un momento como este”.
Del lado estadounidense, el reportaje documenta un silencio casi total. El 6 de marzo, el MININT envió a la administración de Donald Trump un informe con seis páginas de preguntas sobre cómo se organizó y financió la operación en territorio estadounidense, y entre el 31 de marzo y el 2 de abril recibió en La Habana a una delegación del FBI. Según Estrada y el primer coronel Ybey Carballo Pérez, jefe de Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras, Washington solo les devolvió datos sobre dónde compraron armas algunos de los hombres y sobre los antecedentes penales de dos o tres de ellos. Consultada por el reportero, la Guardia Costera remitió las preguntas al Departamento de Estado, que las derivó al FBI, que a su vez las devolvió al Departamento de Estado.
El reportaje aparece una semana después de que el Observatorio de Derechos Culturales cuestionara en Hypermedia Magazine el trato que recibe Belly of the Beast en Cuba. El Observatorio recordó que la serie documental del proyecto fue elogiada por Cubadebate y exhibida en fragmentos en la Mesa Redonda, y que sus colaboradores acceden a entidades gubernamentales con permisos de filmación “no prohibitivos”, mientras los realizadores cubanos independientes ven cerrados esos mismos canales. También le reprochó que “formula preguntas agresivas a Washington, pero no inquiere igualmente al Gobierno cubano sobre su responsabilidad pública”.
Ese mismo Ministerio del Interior que abrió una de sus casas a un medio estadounidense mantiene desde el 16 de septiembre en los calabozos de Villa María Luisa, en Camagüey, al periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Su abogada “no ha tenido acceso al expediente”, denunció este miércoles el Centro de Información Legal Cubalex.
Los cinco sobrevivientes de la lancha y Duniel Hernández Santos, a quien las autoridades acusan de ser el contacto del grupo en la Isla, continúan en prisión provisional por cargos de terrorismo, sin fecha de juicio conocida. Campbell dijo a Lindsay que la Fiscalía estudia juzgar a Maritza Lugo en ausencia.
