MIAMI, Estados Unidos. – En el contexto de una campaña nacional contra el consumo y tráfico de drogas, los tribunales cubanos continúan dictando sentencias severas por delitos relacionados con la marihuana. En las provincias orientales de Granma y Santiago de Cuba, ciudadanos han recibido penas de entre ocho y nueve años de privación de libertad, según reportes oficiales.
El canal provincial CNC TV Granma informó este miércoles que en la ciudad de Bayamo se celebró recientemente un juicio oral y público en la Sala I de lo Penal del Tribunal Provincial Popular, correspondiente a la causa número 111 del año 2025. El proceso fue calificado como “ejemplarizante” por las autoridades judiciales.
El acusado, cuya identidad no fue revelada, fue sorprendido por agentes del orden público mientras portaba un envoltorio de marihuana en el reparto Camilo Cienfuegos. Según la fuente, “previo cumplimiento de todas las garantías procesales establecidas y un debido proceso, fue sancionado a ocho años de privación de libertad y otras sanciones accesorias”.
CNC TV destacó que “la sentencia pone fin en primera instancia, a un proceso donde se evidencia la severidad y firmeza con que se combate un flagelo que atenta contra la salud pública, la tranquilidad ciudadana y la estabilidad de la sociedad cubana”.
La publicación, originalmente compartida en el perfil de Facebook de Alina Medina Friman, fiscal jefa provincial de Granma, subrayó que “el enfrentamiento al tráfico y consumo de drogas y otras sustancias con efectos similares constituye una responsabilidad de todos”.
Por su parte, el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba dictó una sentencia aún más severa a otro ciudadano procesado por el delito de tráfico y comercialización de cannabis sativa. Según reportó el Canal Caribe, el acusado, de 55 años de edad, fue condenado a nueve años de cárcel en un juicio celebrado en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, en función penal, bajo la causa número 64 de 2025.
El proceso se originó a raíz de un operativo realizado el 26 de septiembre de 2024 en la intersección de la carretera del Pilar y la calle Martí, en el municipio Palma Soriano. Durante la inspección, los agentes interceptaron al imputado y le ocuparon una mochila con un paquete de nailon que contenía 230 gramos de marihuana. Las investigaciones concluyeron que el acusado adquiría la droga en Palma Soriano para venderla en su domicilio en Santiago de Cuba.
En este caso, la sentencia también incluyó sanciones accesorias, como la privación de derechos, la prohibición de salida del territorio nacional, y el decomiso tanto de la droga como del dinero derivado de su presunta comercialización. El delito fue tipificado bajo el artículo 235.1, inciso a, del Código Penal cubano, que contempla penas de entre cuatro y diez años de privación de libertad por actividades relacionadas con drogas ilícitas.
De acuerdo con el reporte del Canal Caribe, el objetivo del fallo fue “evidenciar la gravedad de la actividad delictiva y prevenir la ocurrencia de hechos que vulneren las leyes y afecten la seguridad ciudadana”.
La campaña contra las drogas ha dado lugar a múltiples juicios similares durante el presente año. En abril, el mismo tribunal en Santiago de Cuba condenó a dos jóvenes a ocho y nueve años de prisión por consumo, cultivo y comercialización de marihuana. Uno fue arrestado en julio de 2024 en un ómnibus entre Palma Soriano y Contramaestre, portando pequeños envoltorios con marihuana y cannabinoides sintéticos. El otro fue procesado por el cultivo de una planta de 1,50 metros de altura y la posesión de casi 287 gramos de hojas secas.
Ambos procesos se enmarcaron en lo que las autoridades han denominado como el “Ejercicio de enfrentamiento a las drogas que se desarrolla en todo el país”, una estrategia gubernamental que ha sido duramente criticada por su enfoque eminentemente punitivo.
En todos los casos mencionados, los tribunales invocaron el mismo artículo del Código Penal y aplicaron penas accesorias que incluyen la prohibición de salida del país y el decomiso de bienes. Las sentencias han sido presentadas por la prensa oficial como ejemplo de la “severidad y firmeza” del Estado cubano ante el fenómeno de las drogas, sin ofrecer detalles sobre medidas de prevención o rehabilitación.
Mientras la estrategia judicial cubana se centra en las sanciones ejemplarizantes, crece el debate sobre la proporcionalidad de las penas y la ausencia de políticas públicas orientadas al tratamiento, la educación y la reducción de daños. Las condenas por posesión y tráfico de cannabis en la Isla contrastan con las tendencias internacionales, donde muchos países han avanzado hacia la despenalización o regulación del uso de esta sustancia.
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