MIAMI, Estados Unidos. – La Administración del presidente Donald Trump está considerando otorgar permisos especiales a socios estratégicos de la estatal venezolana PDVSA, incluyendo a la estadounidense Chevron, para que puedan reanudar ciertas operaciones en Venezuela, según informaron fuentes cercanas a las negociaciones a la agencia Bloomberg.
El diario The Wall Street Journal fue el primero en adelantar la información, que implicaría un viraje notable en la política de sanciones que Washington ha aplicado sobre el régimen de Nicolás Maduro desde el inicio del mandato republicano.
Aunque no se ha confirmado ninguna decisión oficial, un alto funcionario del Departamento de Estado declaró que no pueden “pronunciarse sobre ningún permiso concreto a uno o varios socios de PDVSA”, pero enfatizó que “EE.UU. no permitiría de ninguna manera que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro se aproveche de la venta de crudo”.
La autorización contemplada permitiría a las compañías energéticas realizar pagos a contratistas de yacimientos petrolíferos para importar insumos necesarios que garanticen el funcionamiento de sus operaciones, señalaron dos de las fuentes citadas por Bloomberg. En la práctica, esto supondría una reactivación parcial de la actividad de Chevron en el país caribeño, aunque bajo restricciones estrictas.
El portavoz de Chevron, Bill Turenne, aseguró en un comunicado que “Chevron lleva a cabo sus negocios en todo el mundo de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables a su negocio, así como con los marcos de sanciones previstos por el Gobierno de Estados Unidos, incluso en Venezuela”.
A inicios de este año, la Administración Trump revocó la licencia que permitía a Chevron extraer petróleo en territorio venezolano, como parte de una ofensiva más agresiva contra el régimen de Maduro. Esta medida fue respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, conocido por su postura inflexible contra el régimen venezolano.
La discusión sobre posibles concesiones llega días después de un polémico canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, en el que fue repatriado un ciudadano estadounidense condenado por el asesinato de tres personas en un bufete de abogados en Madrid. Washington defendió la operación, aunque ha generado críticas dentro y fuera del país.
En febrero, Trump anunció la cancelación de múltiples licencias de operación en Venezuela, incluyendo la de Chevron, y fijó como plazo el final de mayo para cerrar todas las actividades. A pesar de ello, el Departamento de Estado —que en mayo bloqueó un intento del enviado presidencial Richard Grenell para ampliar las licencias— continúa evaluando “condiciones específicas” para permitir nuevas autorizaciones sin que se traduzcan en ingresos para el Gobierno venezolano. No se descarta que el propio secretario de Estado revoque la iniciativa o modifique el alcance de los permisos en el último momento.
De aprobarse, Chevron —con sede en Houston— podría reactivar la producción en sus instalaciones venezolanas, lo que también supondría una inyección de divisas en la golpeada economía del país sudamericano.
La licencia de Chevron ha sido un punto de fricción interna en la política exterior estadounidense. Mientras figuras como Marco Rubio apuestan por una “presión extrema”, otros sectores, representados por Richard Grenell, proponen una vía más transaccional que contemple concesiones estratégicas.
La sola posibilidad de una flexibilización provocó una leve corrección en los mercados: este jueves, los futuros del petróleo redujeron parte de sus ganancias, ante el potencial de un aumento en la oferta global. El crudo Brent, referencia internacional, subía apenas un 0,1%, ubicándose en 68,57 dólares el barril.
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