LA HABANA, Cuba — Yomay Graverán González, un recluso natural de Guanajay, Artemisa, reclamó su traslado del Combinado del Este a una prisión de su provincia, pues la distancia y los problemas de salud de su madre dificultan sus visitas.
En una llamada telefónica con CubaNet el viernes 11 de septiembre, Graverán dijo que se encuentra en el edificio 1 del penal, ubicado en Guanabacoa, La Habana, y que lleva allí más de un año. Según su versión, antes cumplía su condena en la cárcel de Guanajay y fue incluido de manera aleatoria en un traslado colectivo, pese a no haber cometido ninguna indisciplina.
Graverán, de 37 años, permanece encarcelado desde 2022 y cumple una condena de 20 años de privación de libertad por sabotaje. Según su relato, la sanción se debe a que incendió un taller de costura de Guanajay dedicado a confeccionar uniformes militares.
También afirmó que fue juzgado en junio de 2022 por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Artemisa. Antes de su detención trabajaba como cocinero en el Hospital “José Ramón Martínez”, de Guanajay.
El recluso sostuvo que su madre, Caridad González, carece de recursos para viajar con frecuencia al Combinado del Este.
Según explicó, su madre padece hipertensión, insuficiencia venosa y una dermatitis severa que empeora con la exposición al sol. Graverán atribuyó esta última dolencia al trabajo de González con pesticidas.
Agregó que su madre es su única familiar fuera de prisión, pues su esposa, Yaquelín Ajete, también está encarcelada. La mujer permanece desde 2022 en la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao, La Habana, indicó.
De acuerdo con Graverán, Ajete dirigía el taller que él incendió y recibió una condena de 18 años por sabotaje. El entrevistado aseguró que ella no participó en los hechos ni conocía sus planes.
CubaNet no localizó en las fuentes oficiales disponibles en internet las sentencias de Graverán y Ajete, por lo que no pudo corroborar de manera independiente las penas ni los demás datos judiciales aportados por el entrevistado.
La Ley 152 de Ejecución Penal atribuye al Ministerio del Interior la decisión sobre la ubicación y los traslados de los reclusos. La norma reconoce, además, el derecho de las personas encarceladas a formular peticiones y recibir respuesta, e incluye entre los fines de la reinserción social la preservación y el refuerzo de los vínculos familiares.
La regla 59 de las Reglas Nelson Mandela, adoptadas por la ONU como estándar mínimo para el tratamiento de los reclusos, señala que, en la medida de lo posible, las personas deben cumplir su condena en establecimientos cercanos a su hogar o lugar de reinserción social.
