MIAMI, Estados Unidos ― El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los gobiernos de China e Irán rechazaron este miércoles la orden de arresto emitida en Florida contra Raúl Castro.
La orden, anunciada el 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusa al exgobernante de conspiración para cometer asesinato en primer grado. El ataque contra las aeronaves de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996, causó la muerte de sus cuatro ocupantes.
La jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial, firmó la orden sin derecho a fianza, según informó la Fiscalía.
La orden constituye una “maniobra intimidatoria”, afirmó el PSUV en un comunicado fechado en Caracas el 21 de octubre y publicado en su cuenta oficial de X. El partido sostuvo que carece de “elementos jurídicos reales” y que vulnera el derecho internacional y la soberanía cubana.
Asimismo, vinculó la actuación judicial con el endurecimiento de las sanciones y con la presión económica que, según su declaración, se aplica a Cuba desde enero de 2026. También reclamó una acción conjunta de los países latinoamericanos y caribeños para exigir el cese del cerco a la Isla y reiteró su respaldo al Gobierno cubano.
La Fiscalía de Florida sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba, participó en la cadena de mando que autorizó el derribo. Según su comunicado, agentes de la inteligencia cubana infiltrados en Hermanos al Rescate transmitieron información sobre los vuelos desde los condados de Miami-Dade y Monroe.
En Pekín, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, expresó el rechazo de China durante su conferencia de prensa del 21 de octubre. La funcionaria describió a Castro como un dirigente revolucionario de gran prestigio internacional y afirmó que su país se opone al uso abusivo de medidas judiciales para presionar a Cuba.
Mao recordó que el presidente y el canciller cubanos habían calificado la actuación de “circo patético”. La portavoz respaldó a La Habana en la defensa de su soberanía y frente a lo que consideró injerencias externas. También pidió a Estados Unidos que pusiera fin al embargo y a otras formas de coacción y presión contra la Isla.
La Cancillería iraní calificó de “criminal e ilegal” la orden de arresto, según informó el 21 de octubre la agencia estatal IRNA. El Ministerio condenó las sanciones estadounidenses y los intentos de intimidar a funcionarios cubanos. Sostuvo que esa política viola la Carta de las Naciones Unidas y reclamó que Washington rindiera cuentas por sus consecuencias sobre los derechos de la población cubana. Teherán expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Cuba.
Las víctimas del derribo fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar a personas que salían de Cuba en embarcaciones precarias.
Las cuatro víctimas fueron ejecutadas arbitraria o extrajudicialmente por agentes del Estado cubano, según concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe 86/99, del 29 de septiembre de 1999. La Comisión determinó que los aviones se encontraban en espacio aéreo internacional y responsabilizó a Cuba por violar el derecho a la vida. Recomendó investigar, procesar y sancionar a los responsables, además de reparar a los familiares.
El Consejo de Seguridad de la ONU también condenó el uso de armas contra las aeronaves civiles en su Resolución 1067, aprobada el 26 de julio de 1996 tras la investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional. La resolución señaló que el derribo era incompatible con las normas que protegen la aviación civil. Recibió 13 votos a favor, ninguno en contra y las abstenciones de China y Rusia.
