MEDELLÍN, Colombia.- Cuando restan días para el domingo 28 de julio en que aproximadamente 14 millones de venezolanos podrían ir a las urnas —según estimaciones de la oposición—, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) Edmundo González Urrutia (74) recibe un 59 % de intención de voto frente al actual personero del régimen dictatorial Nicolás Maduro (61) quien obtiene un 24,6 %, según análisis del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB) y la encuestadora Delphos.
La diferencia de votos estimada por Delphos sería de 2 millones, y el resto de sufragios, correspondientes al 16,3 % de votantes, se repartirían entre ocho candidatos que postulan sin mayor chance. De las 1.200 personas encuestadas entre el 5 y el 11 de julio, el 40 % se definió como opositor, un 30,6 % como chavista y 29,5 % dijo “no estar en ningún bando”.
Asimismo, el director del CEPyG, Benigno Alarcón, afirmó que el escenario final ante las elecciones presidenciales es de iniciar la “transición política” o ir hacia un “conflicto por fraude electoral”.
El 33 % de los encuestados se mostró “muy dispuesto a regresar a su centro electoral para participar como testigos en el conteo de votos”. Esa participación es clave para garantizar la transparencia electoral desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es un apéndice del chavismo y no ofrece garantías a la oposición.
El partido Vente Venezuela de la principal dirigente opositora María Corina Machado —verdadera jefa de la campaña electoral de González— asegura contar con miles de partidarios que oficiarán de veedores electorales. A principio de año Maduro aseguró que ganaría las elecciones “por las buenas o por las malas”, lo que se interpretó, tanto en Venezuela como en el mundo democrático, que el chavismo apelará al fraude burdo en caso de ser derrotado en las urnas. Nada puede asegurarse cuando no solamente está en juego el destino venezolano, sino también una realidad geopolítica con tintes autoritarios impuesta por intereses ajenos a la región.
Atentado criminal
El pasado jueves 18 de julio María Corina Machado denunció un atentado cometido en el Estado de Lara contra su seguridad personal y la de su equipo dirigente. Dos vehículos en los que se desplaza el comando electoral opositor amanecieron ese día con los frenos cortados uno, y al otro le habían vaciado el aceite, luego de haber sido estacionados en la urbanización donde los opositores pernoctaron. Machado denunció que agentes del régimen habían seguido a la caravana electoral opositora desde el Estado de Portuguesa.
El día antes del “atentando criminal”, como lo calificó el exdiputado Biagio Pilieri, fue detenido Milciades Ávila, jefe de seguridad de la lideresa antichavista, acusado de supuesta “violencia de género” cuando protegió a Machado de unas mujeres que pretendieron agredirla.
Por su parte el candidato presidencial Edmundo González sostuvo que “el amedrentamiento contra María Corina Machado y las recientes detenciones de 72 ciudadanos y activistas” de la campaña opositora “son actos de cobardía intolerables que atentan contra el desarrollo del proceso electoral”.
El abogado Perkins Rocha, integrante del equipo jurídico del comando de campaña de González, afirmó en diálogo con la prensa colombiana que, en su país, la oposición “no cuenta con garantías constitucionales”.
“El régimen cierra los hoteles, las posadas y los restaurantes a donde llegan María Corina Machado y Edmundo González, e impide que se monten a los aviones comerciales internos”, lo que a su juicio redunda en “que tengan mayor contacto [con la ciudadanía] porque van por carretera”, aseguró Rocha.
La ONG Foro Penal informó que en lo que va de 2024 se han dado 102 detenciones relacionadas directamente con los movimientos políticos de la campaña electoral. En el presente ascienden a 301 presos políticos en el país.
En la noche del miércoles 17 de julio, Voluntad Popular, el partido del exprisionero político Leopoldo López, exiliado en España, denunció la desaparición de uno de sus dirigentes del Estado Miranda, Freddy Cimino.
Según el padrón electoral de Venezuela, veintiún millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro (21.392.464) ciudadanos están en condiciones de emitir su voto.
Brasil
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, que en junio rechazó una invitación de Maduro para enviar observadores a las elecciones presidenciales, anunció el miércoles 17 que revisó su decisión y que enviará a dos observadores.
La ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) estima que de los 8 millones de venezolanos residentes fuera de Venezuela, aproximadamente cuatro millones tienen derecho al sufragio en el exterior. OEV denunció el pasado viernes 19 de julio la falta de mecanismos de control al chavismo sobre el uso de recursos públicos para la difusión de propaganda durante la campaña que se desarrolla en el país. De acuerdo con el OEV —informado por el portal venezolano lapatilla— el uso de recursos públicos “favoreció a una parcialidad política, lo que no solo transgrede la ley electoral vigente, sino también la Ley Contra la Corrupción”.
“Demasiadas cámaras y poca gente”
En un paseo previo junto al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, y el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, Maduro, quien se hace llamar el “hijo de Chávez”, sin advertir que un micrófono estaba abierto, evidenció su decepción: “Esto se ve feo… Hay demasiadas cámaras y poca gente”. El comentario provocó que de inmediato en los estudios de Venezolana de Televisión en Caracas se cortara el sonido ambiente. Pero ya era demasiado tarde, consigna lapatilla. Con su comentario Maduro adelantaba lo que se comprobó minutos después en la marcha chavista, muy inferior a la opositora de hace días, pese a que el oficialismo llena los eventos de su candidato con funcionarios públicos, milicianos y miembros de sus estructuras comunales, a quienes desplaza con dinero público.
Por su parte, el diplomático Elliott Abrams, exrepresentante especial del Gobierno de Donald Trump para Venezuela, sugirió que Estados Unidos debería ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro para que reconozca el triunfo del candidato presidencial opositor.
En un artículo de opinión, publicado en el portal del Consejo de Relaciones Exteriores, Abrams recordó que “en 1988, Estados Unidos entabló negociaciones con el entonces dictador de Panamá, Manuel Noriega. Noriega había sido acusado en Miami de tráfico de drogas y lo queríamos fuera de su cargo y fuera de Panamá”.
En ese momento Abrams era subsecretario de Estado para América Latina en la administración Reagan. “Para sacar a Noriega y devolverle a Panamá la democracia, le ofrecimos un trato: anularíamos la acusación si se iba”, rememoró. En esa oportunidad, Noriega “negoció durante un tiempo, pero al final se negó” a aceptar el trato, así que decidió quedarse en el poder hasta que, tras la última intervención militar estadounidense de la Guerra Fría, en diciembre de 1989, Noriega fue depuesto, para ser posteriormente juzgado y sentenciado a 40 años de prisión.
Colaboración de Hugo Machín Fajardo, periodista de Análisis Latino en CADAL.
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