SAN LUIS POTOSÍ, México.- Las autoridades venezolanas anunciaron este martes que las elecciones nacionales se celebrarán el 28 de julio, coincidente con el natalicio del dictador Hugo Chávez. Mientras tanto, la favorita de la oposición, María Corina Machado, sigue vetada del proceso electoral por las hordas chavistas.
La decisión sobre la fecha se produce un mes después de que el máximo tribunal del país impidiera a la principal candidata de la oposición participar en las elecciones, lo que llevó a muchos a preguntarse, una vez más, hasta qué punto serían libres y justas las elecciones de verano.
El anuncio del gobernante Nicolás Maduro es al menos un cumplimiento parcial de un compromiso con Estados Unidos para celebrar elecciones este año a cambio de un levantamiento de las sanciones económicas.
En octubre, Maduro firmó un acuerdo con la oposición del país y acordó trabajar para lograr una votación presidencial libre y justa. En el acuerdo, dijo que celebraría elecciones antes de finales de este año, y Estados Unidos, a su vez, levantó algunas sanciones como señal de buena voluntad.
Sin embargo, unos días después, Maduro vio cómo una candidata de la oposición, María Corina Machado, ganaba más del 90% de los votos en unas elecciones primarias organizadas por la oposición. Los resultados acentuaron su popularidad y plantearon la posibilidad de que pudiera derrotar a Maduro en unas elecciones generales.
El veto contra Machado
Desde entonces, el gobierno chavista ha declarado a Machado inelegible para presentarse, por lo que considera “irregularidades financieras” ocurridas cuando era diputada nacional, y ha detenido a varios miembros de su campaña. La represión ha llegado a un punto en que hombres en motocicletas han atacado a partidarios de Machado en las calles.
A inicios de este año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen venezolano reafirmó la inhabilitación por 15 años de la candidata presidencial de la principal coalición opositora.
La Sala Político Administrativa del TSJ declaró como improcedente la solicitud de amparo cautelar presentada por Machado, quien buscaba levantar la sanción en el marco de un mecanismo de revisión de casos acordado entre el régimen y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
La sentencia detallaba que la inhabilitación se basa en la participación de Machado en una presunta trama de corrupción liderada por el exjefe del Parlamento, Juan Guaidó, y por el incumplimiento de normas venezolanas al aceptar la acreditación como representante alterna de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2014.
El fallo establece que la sanción tendrá una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021.
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