HARRISONBURG, Estados Unidos. – Aunque los artículos 15, 54 y 57 de la Constitución castrista reconocen formalmente el derecho de los cubanos a profesar alguna creencia religiosa, la práctica ateísta ha convertido en puro eufemismo esos derechos.
La prohibición o limitación sistemática de acciones propias de la práctica de la fe religiosa ha estado presente desde 1959 y se ha recrudecido durante los últimos años. Esto ha provocado que varios líderes religiosos cubanos, fuera y dentro del país, hayan alzado su voz para condenar los abusos a los que se ven sometidos por parte del Estado cubano.
Recientemente la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa, conocida como USCIRF por sus siglas en inglés, emitió un nuevo informe que vuelve a situar al Estado cubano como uno de los violadores de las libertades religiosas.
Según el boletín de noticias de Radio Televisión Martí del pasado día 22 de diciembre, la comisión afirmó que “a lo largo del 2022 el Gobierno cubano continuó controlando estrictamente la actividad religiosa, utilizando muchas de las misiones tácticas represivas que en años anteriores, como la vigilancia, acoso a líderes religiosos y laicos, exilio forzoso, multas y malos tratos a los presos religiosos de conciencia”.
Según los artículos constitucionales mencionados anteriormente, si una persona tiene una forma peculiar de interpretar su fe y desea fundar una Iglesia para ofrecer su testimonio se trata de una intención genuinamente legal. Pero en Cuba solo se permite la práctica de la fe religiosa a los cristianos que pertenecen a entidades registradas en el Ministerio de Justicia, y se consideran ilegales todas las demás a las que la dictadura les impide registrarse.
El control ejercido por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista va desde la presencia de informantes en las homilías y actividades cotidianas de las denominaciones religiosas, hasta burdas intromisiones en cuanto a la distribución de ayuda humanitaria y alimentos enviados desde el extranjero, pasando por la infiltración en sus estructuras.
La represión a dichas iglesias ha estado marcada por la clausura o demolición de viviendas dedicadas a la fe religiosa, la negativa a la construcción de nuevos templos y a la posesión de medios de comunicación para transmitir su fe; así como impedir que los padres escojan el tipo de educación que prefieren para sus hijos. A esas acciones violatorias del derecho internacional en la materia se unen el hostigamiento a los líderes religiosos de varias comunidades y a no pocos laicos.
En abril de 2019 el matrimonio de pastores evangélicos formado por Ramón Rigal y Ayda Expósito fue sancionado a uno y dos años de privación de libertad respectivamente por pretender educar a sus hijos en casa conforme a su fe.
Hace un año el pastor Lorenzo Rosales Fajardo fue sancionado a siete años de privación de libertad por haber participado en las protestas ocurridas el 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Se trata de un reconocido líder religioso en su comunidad, cuyos procesos de instrucción penal y judicial estuvieron plagados de violaciones al debido proceso.
En Villa Clara cumple una sanción de siete años de privación de libertad Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, acusado de la presunta comisión de delitos relacionados con su participación en las protestas ocurridas ese día en Placetas. El hecho de que la sanción recibida por él sea idéntica a la que recibió el pastor Rosales no es mera coincidencia.
Varios líderes religiosos dentro y fuera de Cuba también han visto restringido ilegalmente su derecho a entrar y salir del país, previsto en el artículo 52 de la Constitución. Este derecho se puede ejercer en Cuba según sean la posición política del ciudadano o los intereses del Estado con respecto a su movilidad dentro y fuera del país.
El pasado mes de noviembre Radio República dio a conocer en su programa “Cubano confesante”, conducido por el pastor Mario Félix Lleonart Barroso ―director y fundador del Instituto Patmos―, el nombre de varios líderes religiosos hostigados por la dictadura e impedidos de ejercer ese derecho.
Para justificar la violación de ese derecho humano las autoridades del Ministerio del Interior (MININT) usan el término “regulado”. Quien reciba el sambenito no puede salir del país, aunque hayan sido las mismas autoridades las que le permitieron sacar un pasaporte luego de pagar una cifra de dinero que supera ampliamente el salario medio nacional.
Al pastor Mario Jorge Travieso Medina y su esposa, residentes en Las Tunas, les impiden viajar al extranjero desde hace más de tres años. A pesar de las gestiones que han realizado para que les expliquen la causa de esa decisión, no les han ofrecido ninguna explicación válida desde el punto de vista jurídico; solo les han dicho que están regulados por razones de interés público. Ninguno ha sido sancionado por los tribunales cubanos ni tienen causas pendientes con la justicia.
Leonardo Rodríguez Alonso vive en Camajuaní, provincia de Villa Clara, donde funge como vicecoordinador del Instituto Patmos en la región central cubana. En marzo de 2018 regresó de un viaje a Panamá y la Seguridad del Estado le informó que no le permitiría viajar más. Desde entonces le ha sido negada la renovación del pasaporte. Tampoco está sometido a proceso penal y carece de antecedentes penales.
En octubre de 2022 el ciudadano cubano Niovel Alexander Tamayo Formén, convertido al Islam con el nombre de Abu Duyanah, fue citado por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Cuba (DIEE) del municipio Playa, La Habana, donde se le informó que no podía viajar a La Meca porque estaba regulado.
El pasado 9 de diciembre Dagoberto Valdés, laico católico que dirige el Centro de Estudios “Convivencia”, en Pinar del Río, fue citado para un interrogatorio junto a Yoandy Izquierdo Toledo, miembro de la directiva de ese centro. Allí fueron entrevistados por dos oficiales de la Seguridad del Estado que deseaban saber los motivos de su reciente viaje a España, y se mostraron extrañados de que hubieran regresado a Cuba.
La dictadura cubana, como es habitual, ha rechazado todas las afirmaciones del informe ofrecido por la USCIRF.
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