CDMX, México. – Durante su intervención en la 26ta. edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, definió el término “desarrollo soberano”. Dijo que este “debe ser entendido como la capacidad que tienen nuestras naciones de decidir, por sí mismas, sobre el establecimiento de hojas de ruta propias para que crezcan nuestras economías en beneficio de los pueblos”.
No distinguir, como no distinguió el jerarca de la Isla, entre gobiernos legítimos y gobiernos ilegítimos vacía de contenido real el “desarrollo soberano” y lo hace inviable, como en el caso cubano.
Según el primer ministro, la política económica de su gobierno es válida y viable por tener un plan de desarrollo hasta 2030, tener como objetivo diversificar los socios comerciales y aprobar en el último año 8.000 mipymes y cooperativas.
Pero el plan de desarrollo hasta 2030 nada dice sobre los fundamentos jurídicos y de política económica para liberar la propiedad, la gestión, la producción, el comercio y la importación y exportación, hoy monopolios del estado. La opacidad gubernamental sobre estos aspectos y restricciones de la libertad económica impiden la credibilidad en el llamado Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030.
Al igual que los lineamientos de la política económica generados en 2011 por el Partido Comunista de Cuba (PCC) ―que no importa si se cumplen o no―, los planes burocráticos del régimen han sido siempre documentos decorativos.
Por su parte, la diversificación de los socios comerciales resulta muy difícil de lograr dado el endeudamiento sistemático del Gobierno con los inversores extranjeros y con los intermediarios estatales como interlocutores obligatorios para la inversión en el país. Si el Gobierno de Cuba no tiene divisas es porque no descentraliza su economía ni la libera del yugo estatal.
Un ejemplo del tráfico de influencias, la opacidad y la falta de legitimidad por la ausencia del control público en Cuba son las 8.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) autorizadas en el último año. El listado oficial de las nuevas mipymes autorizadas nada dice sobre la cantidad de exfuncionarios, exmilitares, familiares de dirigentes convertidos ahora en empresarios están involucrados en ellas. Y esto es un dato imprescindible para la ciudadanía puesto que las licencias se otorgan con total opacidad en medio de muchas restricciones para operar. Es lo que algunos opositores han señalado como “la economía de los compinches”, concesiones de licencias sin transparencia y sin licitaciones públicas, que se reparten entre los familiares de los funcionarios en el poder y entre sus colaboradores sin control público.
GAESA es el mayor ejemplo de opacidad y ausencia de control público; es un conglomerado militar que controla el 70 por ciento de los activos económicos del país y el 95 por ciento del comercio en moneda extranjera sin rendir, jamás, cuentas al Parlamento o a la Contraloría de la República.
¿Por qué las mipymes se dedican en su mayoría a revender productos importados?
Porque no existe un mercado nacional de insumos. Importar y exportar es posible solo a través de intermediarias estatales obligatorias que encarecen en un 20 por ciento los insumos, y porque el encadenamiento obligatorio de mipymes con empresas estatales es tan incierto e ineficiente como el resto de la economía cubana. Producir en Cuba es una labor titánica para las empresas privadas por las restricciones impuestas por el Estado.
Por eso, la emprendedora Saily González Velázquez y el especialista Emilio Morales señalaban en una reciente entrevista con Diario de Cuba que no se puede afirmar la existencia de mipymes privadas reales en la Isla, pues el entorno económico y político nacional las asfixian. Sea el capital de origen de GAESA o de las remesas, es más fácil comerciar y no producir. A esto hay que agregar la inestabilidad del marco jurídico creado para las mipymes, sin reales garantías para evitar, por ejemplo, su confiscación arbitraria.
Las empresas “estatales socialistas” ¿son viables?
El pasado 20 de junio, en un hilo de Twitter el economista Pedro Monreal analizó los datos oficiales sobre la rentabilidad de las empresas estatales que obtuvieron utilidades en el último año, y señaló cómo la inflación solo beneficia a las empresas estatales y al presupuesto nacional, en detrimento del salario real de los trabajadores estatales.
Dados los altos precios, estas empresas podían cubrir rápidamente los costos de los insumos, pero al mismo tiempo mantenían muy por debajo de la inflación los salarios de los trabajadores: “Entre marzo de 2022 y de 2023 se produjo un incremento de 52 por ciento en las utilidades de las empresas estatales que obtuvieron ganancias, pero el salario medio estatal creció solamente 26 por ciento en el mismo período, a pesar de que el costo de la vida aumentó 46,4 por ciento”, dijo Monreal.
A esta estrategia de aumentar utilidades sobre la base de mantener deprimidos los salarios reales se le ha nombrado, por la izquierda internacional, “neoliberalismo”. Cuando se aplica por el gobierno de algún país, ha generado huelgas y manifestaciones masivas por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero en Cuba, prohibidas las huelgas y el sindicalismo libre, se aplica esta estrategia por el afán de la dictadura de comerciar sin desarrollar el país.
¿Qué pasa con la hoja de ruta del desarrollo soberano cuando se encuentra en manos de una dictadura militar totalitaria? Se produce el estancamiento y el retroceso de la posibilidad del desarrollo. La hoja de ruta no es soberana porque se apoya precisamente en violar los derechos económicos y laborales de los ciudadanos. Así oculta el primer ministro cubano la “economía de los compinches” y desinforma a la comunidad internacional sobre la realidad de la economía cubana.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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