CDMX, México. – En su edición del 3 de abril, el diario oficial Granma reseñó la reunión del primer ministro designado, Manuel Marrero Cruz, con los gobernadores provinciales. El jefe de gobierno dejó fuera de su intervención la caída drástica del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, así como la responsabilidad gubernamental en la inflación galopante. En otras palabras, se desentendió de su responsabilidad.
Las propuestas de Marrero Cruz fueron establecer una “dirección administrativa en la calle” y controlar los precios de los comercializadores privados, como si estuviéramos ante un gobierno de sordos. Según Marrero, los funcionarios que no escuchan las demandas del pueblo son la causa de los precios exorbitantes. De paso fustigó a los comerciantes privados, resultado de la ausencia de producción en Cuba. El mercado negro o informal siempre ha existido en todas las economías comunistas de planificación centralizada, porque este modelo produce “la economía de la penuria”, la permanente escasez.
Sin embargo, el economista Pedro Monreal llamó la atención sobre los precios desmedidos que imponen las intermediarias estatales en el comercio interior. Si el 94,6% de la venta de alimentos es propiedad estatal, el origen de los precios inflacionarios es responsabilidad del Estado. Los monopolios estatales de Acopio, el Ministerio de Comercio Interior y GAESA ―propietaria de las tiendas minoristas de alimentos con más de un 240% de impuestos sobre ellos― son los responsables de la incontenible inflación.
Tampoco Marrero Cruz señaló el peso del “encargo estatal” obligatorio del 75% de las cosechas y el ganado, y el 100% del tabaco, que los productores deben entregar, una especie de confiscación a precios por debajo del mercado, o una variante del “comunismo de guerra” en tierras tropicales. No es posible producir alimentos bajo las reglas vigentes.
Por su parte, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, señaló en la misma reunión que lo que falta es “el control al control”, habitual política de represión contra los intermediarios privados, pero no contra los causantes de los precios exorbitantes sobre los alimentos, comenzando por los monopolios estatales.
Pedro Monreal ha sugerido que se implemente una canasta de productos alimentarios, en la cual los monopolios estatales reduzcan sus márgenes de ganancias sin topar los precios locales, para disminuir la inflación.
Sin embargo, la dictadura propone lo contrario: aumentar el control sobre los precios en los municipios, confiscar mercancías y multar a los revendedores, algo que aumenta la inflación y desde hace décadas ha demostrado ser una práctica ineficaz. Al mismo tiempo, se desentiende de la responsabilidad de los monopolios estatales en la inflación. La respuesta represiva contra el mercado informal ha sido siempre una práctica del régimen comunista.
Desde hace tres décadas son los monopolios estatales los que imponen precios excesivos sobre los alimentos y demás bienes que vende a la población. El mercado informal ha tomado como referente los precios estatales para proponer sus tarifas, algo que viene ocurriendo desde los años 90.
En las conclusiones, Manuel Marrero Cruz llamó la atención sobre la agricultura marginal para resolver el problema de los alimentos. Se trata de que cada ciudadano siembre en su patio, porque la producción de alimentos es “un tema prioritario que demanda, entre otras acciones, actualizar los indicadores de la agricultura urbana, suburbana y familiar, y desarrollar iniciativas concretas que motiven a las personas a sembrar y a criar en sus patios”.
Esta política de impulsar que cada ciudadano siembre y críe animales para el autoconsumo es la evasiva de la dictadura en su responsabilidad sobre los cambios estructurales que urgen en la agricultura, desde revisar el monto de las inversiones del presupuesto estatal ―muy precario en relación a lo que se invierte en el turismo―, hasta la necesidad de mantener la producción y el comercio agrícolas al margen del estado.
Monreal, por su parte, propone como solución a la inflación una agricultura privada moderna.
No son solo algunos dirigentes los que no quieren oír las demandas de la población por los precios de los alimentos, como señala Marrero Cruz; es la dictadura la que continúa aferrada a un esquema de control económico, ejercido por un batallón de funcionarios parásitos que desvían recursos, y de una política estatal de precios que hace imposible contener la espiral inflacionaria en el país.
El economista cubano Pavel Vidal aseguró que las estadísticas oficiales “subestimaron entre cinco y seis veces la inflación efectiva” en el año 2022, y ofreció su propia estimación acerca del fenómeno, concluyendo que “la inflación real en 2022 superó el 200%, una de las más altas del planeta”.
Frente a esta realidad, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y la ministra Meisi Bolaños Weiss insisten en las consignas habituales para desinformar y ocultar las posibles soluciones a la inflación en Cuba.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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