LA HABANA, Cuba.- Un fallo histórico en un tribunal del estado de la Florida ha hecho valer por primera vez el título III de la Ley Helms-Burton en favor de los antiguos propietarios de los terrenos donde hoy se levanta la fábrica de cemento Karl Marx, en la ciudad de Cienfuegos. La multinacional suiza LafargeHolcim ha llegado a un acuerdo millonario con la parte demandante, en compensación por los daños económicos sufridos a raíz de la confiscación de sus tierras tras la llegada del dictador Fidel Castro al poder, en 1959.
La victoria no solo ha hecho renacer las esperanzas de cientos de empresas que mantienen una demanda oficial contra las expropiaciones, sino que hace prácticamente imposible para la administración Biden poner el espinoso Título III en moratoria, una decisión con la cual contaba el régimen de La Habana que ahora ve con inquietud la posibilidad de que se produzcan otros fallos en beneficio de los dueños de propiedades robadas, lo cual conspiraría contra la inversión extranjera en la Isla, una de las estrategias más socorridas por el castrismo para mantenerse a flote.
A raíz del fallo del tribunal floridano, varias opiniones sobre la naturaleza del embargo, su pertinencia en los tiempos que corren y el carácter injerencista que se le atribuye, fueron publicadas en redes sociales; alguna que otra firmada por opositores que de vez en cuando hacen un guiño al discurso oficial para dar a entender que existe un “terreno común”. Lo que deliberadamente omiten esas voces “moderadas” es que el embargo ha sido siempre un problema entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Si las restricciones impuestas a un régimen ladrón afectan a los cubanos, es precisamente por la tozudez de una familia que se adjudicó en nombre del pueblo tanto las grandes empresas como los pequeños y medianos negocios que eran propiedad privada antes del descalabro de 1959.
Traer a colación las pocas compensaciones que se entregaron a los dueños perjudicados por el proceso de nacionalización es una burla. Muchos no aceptaron las indemnizaciones por lo irrisorio del monto. Otros tomaron el dinero y emigraron, sabiendo que la Revolución de los barbudos confiscaría todo queriendo ellos o no. Hasta la fecha no ha trascendido que las personas expropiadas hayan considerado justo aquel proceso, ni satisfactorias las reparaciones obtenidas.
Es fácil perorar en la misma cuerda del régimen, despotricar contra el bloqueo y especular sobre cuán distintas serían las cosas sin la presión de Estados Unidos. Lo difícil es ponerse en el lugar de quienes lo perdieron todo a manos de un puñado de rufianes que prometió poner los recursos del país a disposición del pueblo, cosa que jamás sucedió.
Para entender las razones del embargo hay que pensar como los desvalijados a partir de 1959; desde el propietario de un gran latifundio hasta el dueño de una pequeña barbería de pueblo. Gente que al dolor de verse en la miseria, obligada al exilio la mayoría, tuvo que añadir la certeza de haber sido engañada. Los emprendedores de estos tiempos, titulares de casas de renta, paladares, hostales y hasta quincallitas, deberían cuestionarse cómo reaccionarían ante una oleada de expropiaciones igual a la que desató Fidel Castro.
Ninguna de las empresas expropiadas en los primeros años del “triunfo” ha respondido jamás a los intereses del pueblo de Cuba, que sesenta años después apenas se beneficia de un patrimonio agrícola arruinado por la falta de inversiones y los absurdos planes productivos que los burócratas imponen a los campesinos. El resto de lo poco que se produce en el país hay que pagarlo en dólares, incluido el Internet más caro y de peor calidad del mundo.
La familia Castro se apropió bienes ajenos, secuestró el poder político y ha controlado la economía cubana por décadas prohibiendo la participación ciudadana en la gestión de los recursos del país, y de espaldas a la transparencia fiscal e institucional. Mucho ha costado entender la realidad de las cosas; pero cada día son más los cubanos que comprenden que el embargo no es el problema medular que los aqueja. El embargo podría ser levantado hoy mismo y Cuba seguiría sin libertades ciudadanas, a merced de un régimen opresor y peligroso como pocos.
El castrismo no menciona que el “bloqueo” exime al sector privado, donde reside el potencial necesario para reconstruir la nación. Es el régimen quien prohíbe a los emprendedores desarrollar sus negocios y trabajar en función de cubrir la demanda interna, respetándoles el derecho de exportar el remanente de sus producciones. Son las leyes cubanas las que impiden al sector privado prosperar sin trabas, generar empleos y contribuir al bienestar social.
El embargo desaparecerá cuando la dictadura dé pasos concretos hacia la democracia; no antes. Si la emigración es lo suficientemente buena para mantener con remesas una economía llena de parches, también lo es para influir sobre el futuro político de la nación, y en tal sentido tiene muy claro que mientras se mantenga el actual estado de cosas cualquier concesión sería un error.
Los recientes acontecimientos han demostrado que el castrismo no quiere diálogo. En consecuencia, los cubanos dentro de la Isla no tienen más opciones que permanecer de rodillas o enfrentarse, en condiciones desiguales, a un poder supraconstitucional que controla el ejército, los medios de comunicación y el aparato legislativo, del que abusa a placer para cercenar las voces opositoras.
El embargo es lo único que mantiene al régimen maniatado en sus propósitos expansionistas. Las deudas multimillonarias acumuladas desde la era de Fidel Castro, el estado general de Cuba y la catástrofe venezolana deberían ser señales de alarma para quienes se creen el papel de víctima que representa la diplomacia antillana en los cónclaves internacionales.
Las dictaduras no se derrotan con dinero. Los que quieran insistir en el diálogo están en su derecho. Los que alientan invasiones y anexiones no están siendo objetivos, ni humanos, ni coherentes con la historia patria. Pero los que reclaman el cese del embargo y evitan condenar el carácter dictatorial del gobierno cubano, así como su responsabilidad primera en el desastre nacional, son cómplices de una tragedia que sigue desangrando a Cuba en todos los frentes. Una tragedia que se aproxima, aceleradamente, al punto de no retorno.
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