LA HABANA, Cuba.- El pasado jueves 24 de junio Yanela Durán Noa llegó a la estación policial ubicada en Zanja y Lealtad, municipio Centro Habana, para tener lo que ella misma calificó como “su peor encuentro con la Seguridad del Estado”. El día antes le habían entregado una citación para que se personara en la unidad, donde supuestamente sería entrevistada por una oficial del Departamento de Menores.
Allí fue conducida por una mujer vestida de civil hasta la oficina donde la esperaba un sujeto canoso que no se identificó, pero afirmó ser el oficial de Menores a cargo del caso abierto desde 2019 contra ella y su esposo, el periodista independiente Augusto César San Martín Albistur, por utilizar a su hijo Alejandro, de 7 años, en presuntas actividades contrarrevolucionarias. Al individuo se sumaron dos oficiales de la Seguridad del Estado que Yanela jamás había visto, y entre los tres llevaron a cabo una sesión de hostigamiento en la cual ella fue amenazada con un proceso judicial que podría comprometer la custodia sobre su hijo y la libertad de su esposo, quien actualmente se encuentra fuera del país.
En los últimos años el matrimonio ha sido perseguido con saña por la policía política bajo falsas acusaciones de mercenarismo, conspiración y venta ilegal de langostas para obligar a Augusto César a renunciar al periodismo, o emigrar. En el año 2018 allanaron su vivienda y decomisaron sus equipos de trabajo. Han citado varias veces a su esposa y en una ocasión a su anciana madre cuando vino de visita a Cuba.
La Seguridad del Estado ha aplicado, sin éxito, la máxima presión sobre el reportero para que deje de colaborar con medios independientes. En la “entrevista” con el supuesto oficial de Menores, Yanela supo que la policía política se prepara para construir un vínculo forzado, inexistente, entre paseos familiares y el trabajo periodístico de Augusto César. Los esbirros insisten en que éste utilizó una visita casual con su hijo Alejandro a la Fundación “Antonio Núñez Jiménez” para apoyar un reportaje acerca de la vida de lujo que disfrutan las hijas del reconocido científico, uno de los hombres fuertes del fallecido dictador Fidel Castro.
Durante la visita de marras, que se produjo a inicios del presente año porque uno de los custodios invitó al fascinado Alejandro a pasar y conocer el lugar, nadie impidió a Augusto César que hiciera fotos o videos. No hubo transgresión, mucho menos premeditación. Es natural que un periodista documente aquello que le parezca interesante o novedoso; pero en este caso la Seguridad del Estado busca tergiversar los hechos y convertir la invitación del vigilante en solicitud expresa de Augusto César para acceder a la Fundación y capturar las imágenes que complementarían el reportaje, publicado varios meses más tarde.
El mensaje para la angustiada Yanela fue claro: “dile a tu esposo que disfrute este viaje, porque si regresa no saldrá en mucho tiempo (…) Tenemos un expediente contra él por utilizar al niño en actividades contrarrevolucionarias”. Yanela sabe que el argumento de la policía política carece de fuerza y es imposible de probar; pero también sabe que la guerra legal contra la dictadura es desgastante. La prepotencia de los esbirros se manifestó en el trato irrespetuoso hacia ella, la violencia psicológica a que fue sometida, y el sentimiento de absoluta indefensión que no la abandonó mientras duró el traumático encuentro.
La Seguridad del Estado es un órgano represivo de carácter supraconstitucional, que no tiene reparos en aprovecharse del amor filial para chantajear a los opositores. Lo hacen porque pueden, y así se lo hicieron saber a Yanela. El acoso, las “regulaciones” (prohibición arbitraria de salida del país), los arrestos prolongados sin derecho a dar fe de vida, son violaciones tácitas de la ley que la policía política comete con total impunidad.
El régimen cubano es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás acuerdos promovidos por la UNICEF; pero en la práctica el Estado totalitario solo reconoce los derechos de quienes comulgan con su ideología. Los disidentes no son ciudadanos; sus esposas no merecen protección y sus hijos son instrumentos desechables que utilizan con fines políticos sin ponderar las consecuencias.
A su corta edad Alejandro ha despertado rodeado de agentes de la Seguridad del Estado. Ha sido sacado de la cama en piyama por su padre, para ver cómo gente desconocida, de aspecto huraño, revuelve los rincones de su casa. Ha visto cómo se llevan los equipos de trabajo de su papá y cómo finalmente éste tiene que acompañar a “los malos” mientras su madre le dice, con voz temblorosa, que todo estará bien.
Es cruel que un niño deba sufrir tales sobresaltos, y que la Seguridad del Estado culpe a sus padres por cada episodio de represión. Así funciona ese mecanismo perverso que tras casi dos horas de amenazas soltó a Yanela nerviosa hasta la náusea, temiendo por la seguridad de su hijo, la de su esposo y la suya propia. La Seguridad del Estado esperó a que Augusto César saliera de la Isla y fue tras su familia, porque sabe que es el recurso infalible para atormentarlo y minar su resistencia.
“Puedes poner la queja en Fiscalía si quieres, que nosotros haremos los que nos dé la gana”, aseguró uno de los esbirros a Yanela, quien denunciará el proceder de la policía política ante la Fiscalía General de la República, aunque solo sea para demostrar una vez más que Cuba no es un estado de derecho. Nadie está a salvo de la dictadura, cuyos tentáculos se extienden allende los mares para recordarles a los opositores que sus familias están secuestradas, y que construir un delito sin pruebas suficientes, incluso sin ninguna prueba, es tarea fácil. Lo han hecho a lo largo de seis décadas, y nada indica que tan abominable práctica dejará de existir en un futuro cercano.
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