CDMX, México. – El periódico Granma en su edición del 8 de noviembre reseñó el encuentro de un funcionario argentino con el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel. Se trata de Jorge Nemes, vicejefe de Gabinete del Gobierno de Argentina. Entre ambos gobiernos, se firmó un convenio de colaboración en enero de este año para crear “un marco general legal para la cooperación y el desarrollo de negocios entre los sectores de la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria, con vistas a fomentar la capacidad productiva del sector agroalimentario y lograr la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional”.
Por la información oficial divulgada, solo conocemos que en diciembre se iniciará un programa para la siembra de granos. Otra nota de Granma, publicada en mayo, señala cómo este tipo de colaboración exige el financiamiento de dos bancos argentinos: “El Banco Nacional de Argentina para que les otorgue financiamiento a los productores que quieran y puedan invertir en Cuba, y el Banco Central de Argentina y otras instituciones para buscar los mecanismos de financiación en divisas”.
¿Qué hacen dos gobiernos ocupados directamente en financiar la producción de ganado vacuno en Cuba?
Hacer muy difícil lo que puede hacerse de manera fácil
De acuerdo con Granma, el 80% del ganado se encuentra en manos de ganaderos no estatales. Sin embargo, la información en los medios independientes precisa que los campesinos son usufructuarios en su inmensa mayoría, es decir, que no tienen propiedad de la tierra. Además, tampoco son propietarios de la masa ganadera, la cual pueden gestionar, pero no sacrificar ni comerciar con quiénes quieran.
Incluso, los pequeños propietarios de tierra tampoco pueden comerciar ni sacrificar el ganado libremente. Según consta en el actual Código Penal, el que sacrifique ganado vacuno sin permiso estatal será condenado a entre tres y ocho años de privación de libertad. Todos tienen que asociarse al Estado para los insumos, los créditos y la venta de carne de res y leche a empresas (intermediarias muy caras e ineficientes).
Legitimando la propiedad privada sobre la tierra y sobre el ganado con una ley antimonopólica, pero liberando la propiedad, la producción y el comercio, los ciudadanos cubanos podríamos acceder a la carne de res y de leche en breve tiempo, hoy secuestrada por los monopolios estatales. Esto no es preocupación para “la dirección del país”, porque los jerarcas del régimen tienen asegurado el acceso a vegetales, frutas, mariscos y carne de res, entre otros productos, gracias a sus granjas estatales “especiales”.
Es muy lamentable que la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la fuente oficial de datos de Cuba, no informe sobre todos los impedimentos para la producción de alimentos en la Isla. Más grave aún que la FAO, organismo de la ONU, no publique los índices de “seguridad alimentaria” o “inseguridad alimentaria” en el país. Conocemos por el director de la FAO que el estimado de la población subalimentada en Cuba en 2013 era de solo el 5%, una de las cifras falsas que reporta la cleptocracia cubana a los organismos internacionales.
Y resulta falsa porque la libreta de racionamiento no cubre los 30 días del mes, sino solo un tercio de este tiempo, y por lo tanto no asegura las kilocalorías mínimas per cápita para cada adulto.
El hambre en Cuba no es un problema aislado y puntual, sino de la mayoría de la población. El Gobierno oculta la información y considera el acceso a los alimentos de la población un tema “secreto” porque develaría la incompetencia gubernamental y, además, el secuestro sostenido del aparato productivo del país.
No obstante, la prensa independiente y las redes sociales muestran a diario el desabastecimiento de alimentos en todas las provincias. Recientemente, el quinto informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos confirmó que la mayoría de los cubanos no tienen tres comidas al día, sino que se saltan desayunos o almuerzos, por escasez de alimentos pero también por la inflación galopante en el país. Solo un tercio de la población cubana, según este estudio, recibe remesas familiares.
Frente a este panorama devastador, la cleptocracia cubana da la espalda al problema y se dedica a establecer convenios con gobiernos y empresas extranjeras para abastecer el turismo internacional y las tiendas en divisa extranjera. El 70% de la población cubana no recibe remesas, así que no tiene ingresos ni alimentos para mantener un mínimo nivel de sobrevivencia alimentaria per cápita.
Nada tiene que ver el embargo estadounidense con el secuestro del aparato productivo de Cuba por la cleptocracia en el poder. El hambre en la Isla no es un problema externo sino una política económica expresa del régimen para controlar la producción de alimentos en el país, y forma parte de las técnicas de dominio de la dictadura cubana para mantenerse en el poder.
Si comparamos la producción de ganado y leche en América Latina y el Caribe con relación a Cuba, vemos que el 60% de las poblaciones rurales tienen ganado para el autoconsumo y para vender libremente. El sector pecuario en América Latina y el Caribe, según datos de la FAO, contribuye con el 46% del Producto Interno Bruto Agrícola y ha crecido a una tasa anual del 3,7%, superior a la tasa promedio de crecimiento global.
Sin embargo, en Cuba la participación del sector agropecuario en el PIB, según cifras del 2016, era del 3,9%. Mientras que en América Latina y el Caribe la producción de carne y leche aumenta cada año, en la Isla decrece.
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