CDMX, México. – El 7 de noviembre, Cubadebate y Granma informaron de una plenaria de productores de ganado vacuno a la cual asistió el presidente designado Miguel Díaz-Canel. Como es habitual en los medios oficiales, se dieron muy pocos datos y no se explicaron las políticas públicas para la producción de carne bovina en el país. Tampoco pudimos conocer qué plantearon los productores de ganado a la “dirección del país”.
No obstante, las informaciones aportaron tres datos significativos: el 80% de la producción bovina está en manos no estatales y la masa total ganadera es de 3 645 000 millones de cabezas, una cifra que representa algo más de la mitad de lo que existía en Cuba en 1958. El tercer dato de interés es que existen 142 733 “tenentes” en el territorio nacional. No se sabe si los tenedores de ganado son propietarios privados de la tierra o si solo gestionan la producción. Eso sí: no son propietarios de las tierras. El resultado, 63 años después, es que los cubanos en la Isla no pueden consumir carne de res ni leche de vaca. Solo la oligarquía del PCC/militares de alto rango tiene acceso diario a ello.
Un Estado se define como cleptocracia cuando defiende los intereses corporativos de un grupo en el poder. Cleptocracia ―del griego clepto (quitar) y cracia (fuerza)― es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, al institucionalizar la corrupción y sus derivados, como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado. Estas acciones delictivas quedan impunes, debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico.
En Cuba, la corrupción se institucionalizó desde el poder a partir de 1959, cuando se eliminaron todas las instituciones anteriores y se estableció una institucionalidad administrativa que no rinde cuentas públicas, en la cual los activos económicos del país se manejan de manera discrecional, y cualquier discrepante es criminalizado cuando denuncia la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Aun hoy, la información pública está secuestrada por el PCC, que en el año 2020 estableció los decretos-leyes 6 y 9 “Del sistema de Información del Gobierno”, los cuales restringen y prácticamente anulan el derecho constitucional a la información pública, y exigen a los ciudadanos además de todos su datos personales, explicar para qué quieren la información. Asimismo, les obligan a firmar un convenio de no difusión pública.
Los ejemplos de esta corrupción sin control público los señaló recientemente la investigadora Ivette García González bajo el criterio de voluntarismo fracasado: “El Cordón de La Habana, la Ofensiva Revolucionaria, la Zafra de los Diez Millones, luego los planes agropecuarios, la Central Nuclear de Juraguá, los contingentes, el Programa Alimentario y otros que quedaron inconclusos… En adelante tuvimos Revolución Energética, Programa de Trabajadores Sociales y Batalla de Ideas, por ejemplo”.
Todos estos programas fracasados significaron grandes gastos de recursos, miles y decenas de miles de millones de dólares que no se sometieron al control público y por los que nunca se rindieron cuentas ante la ciudadanía.
Por esta frecuente dilapidación de recursos nacionales por el Estado, nadie puede entender la reciente reunión del Consejo de Ministros para penalizar a los revendedores privados de alimentos cuando la causa está en la precaria producción por la errática política económica del Gobierno. Un Estado opaco y que maneja de manera discrecional los recursos nacionales, que nunca tiene responsables de los fracasos, ni rinde cuentas públicas, no puede exigir a los ciudadanos lo que no hace.
En la actualidad, monopolios estatales como GAESA y ALCONA se apropian de activos económicos en los cuales aparecen políticos “históricos”, hijos y nietos de estos políticos e instituciones militares del Estado como las Fuerzas Armadas, de manera discrecional y con total opacidad. Una endogamia de la casta en el poder que recuerda a la oligarquía.
La opacidad también se constata en el control de activos de todas las Organizaciones Superiores de Dirección Económica, que son los monopolios estatales que controlan toda la producción y comercialización doméstica, la importación y exportación. El Estado cubano presenta todos los indicadores de una cleptocracia y justifica la corrupción, con desvergüenza, con el pretexto del embargo estadounidense.
Rusia tuvo el mismo sistema económico durante 70 años, con similar opacidad y corrupción, sin tener un embargo, y en los años 90 pasó de ser un Estado cleptocrático a ser un Estado “mafioso”. Los países comunistas nunca tuvieron “seguridad alimentaria”, según los indicadores de la ONU.
Nadie entiende que más de la mitad de la tierra cultivable de Cuba no esté produciendo alimentos, como declaró el viceministro Jorge Luis Tapia Fonseca en el 2021; o que en 2017 casi la mitad de las tierras fértiles se estuvieran dedicando al pastoreo. Tampoco que solo el 7% de la tierra cultivada cuente con sistema de riego.
Más que incompetencia inexplicable, estos datos escandalosos demuestran la voluntad política del Gobierno de continuar importando los alimentos para explotar a los emigrados con familiares en la Isla, e impedir a los cubanos, al costo de la hambruna latente, la propiedad privada, la producción y el comercio libres. Pero también, subordinar la inversión extranjera a los intereses de la oligarquía del PCC y de espaldas a la ciudadanía.
Recientemente, el Gobierno cubano estableció colaboración con México y Argentina para invertir en la producción de ganado vacuno y porcino y así controlar a los socios nacionales, pares seleccionados por la oligarquía gobernante para repartir la producción entre los familiares y allegados, con total discrecionalidad y trasiego de influencias. Ninguno de estos proyectos está previsto para el consumo nacional. Esta reproducción endogámica de la oligarquía gobernante clasifica como un Estado cleptocrático y es responsable de la crisis alimentaria que se mantiene desde hace más de 30 años en Cuba y del endeudamiento del Gobierno de espaldas a la ciudadanía. No es solo mala administración de los recursos, sino robo abierto de los recursos nacionales.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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