LA HABANA, Cuba.- La familia de Ramón Salazar Infante está desesperada, muy preocupada por su salud y proceso penal. El presidente del opositor Partido Autónomo Pinero (PAP), de la Isla de la Juventud, se encuentra detenido desde el 11 de julio (11J) de 2021 luego de participar en las protestas pacíficas exigiendo libertad y el cese de la dictadura en Cuba. Actualmente se halla con medida de prisión preventiva en la cárcel del territorio, conocida como “El Guayabo”, en espera de juicio por el delito de “desorden público”.
“Llevamos días sin poder dormir, sin poder apenas ingerir alimentos al saber la situación en la que se encuentra mi padre. Estamos muy preocupados porque le pueda suceder algo (…). Mi padre padece de migraña severa, además tiene úlceras en el estómago, él no puede ingerir cualquier tipo de alimentos, hablé con él hace dos días y estaba en pésimas condiciones, ni siquiera podía comer (…); además, tiene 64 años de edad, y el Código Penal establece que este tipo de medida cautelar (prisión preventiva) no se le debe aplicar a personas mayores de 60 años y mucho menos por un delito menor a 5 años de condena”, declaró a CubaNet Dayanis Salazar Pérez.
Según el artículo 200 del Código Penal cubano, por el delito de “desorden público”, según el inciso o agravante que le apliquen, Salazar Infante pudiera ser sancionado a pagar una multa de entre 100 y 1 000 cuotas, o a entre tres meses y un año de privación de libertad.
“Mi papá no es un delincuente, no ha cometido ningún delito. Mi papá es hombre honrado que, sin miedo a lo que podía suceder, alzó su voz en contra de este régimen dictatorial que hoy reprime sus pensamientos de cambio y prosperidad, su amor por su tierra. (…) Mi padre entró allí (a la prisión) vivo, y yo lo quiero vivo, libre, a mi lado, y con las mismas fuerzas que tenía” cuando fue arrestado, dijo la joven, sin poder contener las lágrimas, y pidiendo ayuda a las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Manifestantes del 11J en el territorio pinero
Dayanis, de 20 años de edad, también participó en las pacíficas protestas del 11J en la Isla de la Juventud. Ese día resultaron violentamente detenidas y golpeadas alrededor de una quincena personas, entre ellas la joven y sus padres. Ella permaneció tres días recluida, tras los cuales fue liberada con una multa de 30 pesos por “alteración del orden”. Su madre, Martha Pérez Arias, fue liberada bajo fianza de 2 000 pesos luego de 17 días en los calabozos de la estación policial del Municipio Especial.
Además de Pérez Arias, han sido liberados bajo fianza los activistas del PAP Yarbelis Escobar Rodríguez, Dayris del Sol y Alexei Leyva. Permanecen detenidos: Salazar Infante y Francisco Alfaro Diéguez, ambos en El Guayabo; y en la estación policial: Loisel Castro Herrera, Juan Luis Sánchez González y Osvel Barzagas Claro.
Todos están siendo procesados por “desorden público”; en el caso de Juan Luis Sánchez González, está acusado también de “atentado”, pues “golpeó a un policía, en defensa propia, ya que este lo estaba golpeando para detenerlo”, explicó Salazar Pérez.
Al día siguiente de los arrestos, a Ramón Salazar le realizaron un registro en su vivienda, sede del PAP, en el que le fueron confiscados varios bienes de trabajo, entre ellos una computadora. Otros de los activistas del PAP, pese a que no participaron en las protestas, han recibido igualmente amenazas e incautaciones de equipos de trabajo.
Dayanis fue “citada” por los directivos de la Universidad pinera, en donde estudia la carrera de Derecho, y advertida por sus actividades “contrarrevolucionarias”.
Discurso oficial vs realidad
A más de tres semanas de las multitudinarias manifestaciones contra el régimen cubano, las autoridades de la Isla no han divulgado la cifra oficial de las personas que resultaron detenidas y están siendo procesadas penalmente por ello. Pese a existir decenas de testimonios y videos tanto de la represión policial como de los enjuiciamientos sumarios y procesos penales contra los manifestantes, las máximas autoridades solo han tratado de negar, esconder o justificar lo sucedido en el país desde el 11J.
“En el país no es delito pensar diferente, no constituye delito, es un derecho. No somos trogloditas. (…) La cuestión aquí no ha estado en irse a manifestar”, sino en “agredir, dañar, lesionar, desobedecer (a la autoridad)”, dijo en conferencia de prensa, el 24 de julio, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. Ese mismo día, notificaron que unos 60 ciudadanos cubanos ya habían sido procesados por los sucesos del 11J.
Apenas dos días antes, el Canciller Bruno Rodríguez aseguró que la mayoría de los arrestados habían sido liberados, “habiendo sido multados o bajo medidas cautelares domiciliarias”. También rechazó que hubiera desaparecidos.
Los únicos datos existentes hasta el momento son los recabados por las organizaciones y activistas independientes de derechos humanos.
Este martes, Prisoners Defenders (PD) publicó una lista de 272 Convictos y Condenados políticos correspondientes al mes de julio, el cual calificó como “trágico para los cubanos”; la organización aseguró además que existe “un número imposible de determinar entre 2 000 y 8 000 personas” que han sido detenidas en toda Cuba, fundamentalmente durante y después de las masivas protestas del 11 de julio (11J).
“Están siendo torturados muchos de ellos. (…) debemos advertir que las torturas que están sufriendo las víctimas del 11J en Cuba ameritan por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de forma masiva sobre población indefensa, tan sólo por motivaciones políticas”, asegura PD.
Al igual que PD, CubaLex ha estado documentando los casos de detenidos y procesados desde el 11J en Cuba, confirmando hasta la fecha 761 detenidos, de los cuales han sido liberados 213, la mayoría de ellos con medidas cautelares, y 45 permanecen en desaparición forzada.
No obstante, estos son solo apenas los datos que las organizaciones han podido corroborar, enfrentando cientos de dificultades tanto de acceso a los detenidos y sus familiares, como de comunicación por los cortes de internet o por el miedo de las víctimas o sus familiares a dar su testimonio.
Problemas como estos han imposibilitado que casos como el de Ramón Salazar y los activistas del PAP en Isla de la Juventud aún no se hayan registrado.
PD estima que la cifra final de las detenciones arbitrarias y de los casos en prisión preventiva “que cualquier ONG puede confirmar de aquí a unas semanas será inferior al 30%” de “la tragedia que ha acontecido en Cuba”.
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