CIUDAD DE MÉXICO.- Durante décadas activistas políticos cubanos han realizado denuncias sobre negativas de atención, diagnósticos o tratamientos errados, afectaciones que los denunciantes han declarado como intencionales y procederes no éticos en las instalaciones de salud de Cuba.
Desde la publicación de datos confidenciales (estado de salud, condición médica, diagnóstico y tratamiento de un paciente) sin la autorización del mismo; hasta torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de la Seguridad del Estado dentro de las mismas instituciones médicas.
Uno de los casos más recientes que ilustra estas prácticas fue el del artivista Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en contra de su voluntad, incomunicado, aislado y custodiado por la policía política dentro del hospital Calixto García por 29 días.
El personal médico a cargo no solo fue testigo de esto, también incumplió con sus principios éticos al dar continuidad a un acto arbitrario y violento como fue su traslado forzoso hacia el hospital, que luego se convirtió en una reclusión involuntaria. Los especialistas, además de compartir los datos de los análisis con la Seguridad del Estado, consintieron que el artista fuera filmado sin autorización, que no le dieran acceso a su teléfono y que durante un mes apenas saliera de la habitación, donde ha declarado que no sabía si era de día o de noche. La luz nunca la apagaban.
“Si fueron los agentes de la Seguridad del Estado quienes lo llevaron a la fuerza y lo pusieron a disposición de un funcionario, quien se presentó como el jefe del equipo especializado que lo atiende personalmente, Ifrán Martínez Gálvez, Vicedirector Quirúrgico del Calixto García, podemos afirmar que las decisiones de este médico son controladas y orientadas por dichos agentes”, explica en un informe Cubalex, una organización que promueve y defiende los Derechos Humanos en Cuba.
Sin embargo, Luis Manuel no ha sido el único opositor recluido de modo involuntario dentro de un hospital con fines políticos. En 1996 Mercedes Parada Antúnez, cofundadora de Concilio Cubano, habría vivido una reclusión semejante en el Hospital Hermanos Almejeiras. En aquel entonces el internamiento buscaba impedir las actividades programadas por la organización que dirigía.
En ambos casos los hospitales fungieron como una extremidad más del aparato de control estatal, mostrando así que los espacios del sistema de salud pueden llegar a ser utilizados como un sustituto del calabozo, de ser necesario.
En cambio, si el opositor se encuentra recluido, no en un hospital, sino en una cárcel, las violaciones que han salido a la luz en sus testimonios son aún más graves y datan desde los años 60.
Informes de la CIDH de la década del 70 sobre la situación de los prisioneros de conciencia conocidos como Plantados (reos que se negaban a ponerse el uniforme y a recibir adoctrinamiento marxista) apuntan que estos fueron privados de alimentos y medicinas como castigo por su disidencia.
“El célebre Comandante Medardo declaró en huelga de hambre a 44 prisioneros de los más reacios y les negó el servicio de los precarios alimentos. Los confinó en la galera 12 y mandó a retirarles las medicinas a los enfermos, incluyendo los aparatos de respiración de los asmáticos y hasta las aspirinas”. Explica el texto, citando una comunicación de la época con los reclusos. Sobre la complicidad del médico del penal, continúa el escrito:
“Al finalizar la medida del ayuno forzoso, fueron visitados por un médico del Ministerio del Interior, un tal doctor Valdés que proclama que es comunista antes que todo”; les dijo: “La Revolución tiene de vez en cuando que sacudir la mata para que caigan algunos capitalistas”.
Testimonios semejantes continuaron repitiéndose en voz de prisioneros políticos y activistas en las próximas décadas: negativa de asistencia y medicamentos, tratamientos errados y especialistas que mintieron públicamente sobre el estado de salud de los prisioneros. Algunos de los denunciantes como Xiomara Cruz o Ariel Sigler obtuvieron una visa humanitaria y sobrevivieron cuando estaban prácticamente desahuciados en la isla. Otros opositores como Iris Ruiz continúan en Cuba sin asistencia.
La mayoría de los casos reportados han quedado como hechos no verificables. La voz de un hombre o mujer se enfrentan a todo un estado. Para las Damas de Blanco, por ejemplo, unos de los grupos de la oposición que más violencia física ha sufrido, es casi imposible obtener certificaciones médicas (aunque legalmente tienen el derecho) que corroboren las lesiones ocasionadas por la represión oficial. Los especialistas que las atienden se las niegan.
En general todo este actuar médico, explica Cubalex en su informe, en contubernio con los agentes del Ministerio del Interior, va contra los compromisos internacionales adquiridos por el propio Estado cubano, al ser parte de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes firmada y ratificada, vigente para el país desde 1995.
A la imagen de potencia médica, con altos estándares de calidad y humanos que ha construido el país, se contrapone la de un sistema de salud que activistas y opositores han acusado de ser cómplice de la policía política y de no tener independencia alguna cuando se trata de casos políticos.
En este artículo, CubaNet presenta más de una decena de denuncias de activistas o familiares que aseguran haber sido discriminados o afectados por el sistema de salud cubano, bajo la orientación de la policía política. Estos breves perfiles son un recurso en construcción que no logra ser del todo exhaustivo, sino que presenta algunos testimonios a los que tuvimos acceso mediante entrevistas, revisión de prensa y consulta de informes de organizaciones de derechos humanos. Muchos otros casos pasados o actuales aún podrían ser recuperados.
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