CDMX, México. – El pasado 2 de marzo el diario oficial Granma publicó una reseña sobre la campaña electoral que despliega el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la provincia de Villa Clara, a pesar de que el artículo 85, inciso f, de la Ley Electoral de 2019, excluye “todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato”.
La campaña electoral del partido único, sin embargo, abruma a la ciudadanía en los medios oficiales con datos sobre los candidatos a diputados para las votaciones del 26 de marzo: nivel educacional, origen territorial, si son mujeres, hombres o afrodescendientes, y a cuáles organizaciones gubernamentales pertenecen.
El estalinismo cubano, como el soviético, privilegia la composición del Parlamento por sectores sociales, pero impide la elección de los representantes políticos desde 1959. Todas las organizaciones gubernamentales son financiadas y reglamentadas por el partido único, dirigidas y administradas por funcionarios designados, que cobran un salario por persuadir a la población de que participe en las campañas políticas del castrismo.
La “sociedad civil” no dirige tales entidades, como asegura el régimen cubano. La CTC, la FMC, la ANAP, la FEU, la FEEM y los CDR son las organizaciones leales a la dictadura, encargadas de seleccionar a los candidatos al Parlamento.
Según la ley, son las comisiones de candidatura, es decir, estos funcionarios, los que se encargan de organizar los encuentros de los candidatos con los electores, y es el Consejo Nacional Electoral quien se encarga de la comunicación en los medios de difusión masivos. Ambas instituciones siguen las orientaciones del partido único.
¿Qué hacen el presidente designado y los candidatos a diputados en esta campaña electoral?
Díaz-Canel visita lugares previamente seleccionados ―cooperativas, escuelas, empresas estatales―, donde despliega el discurso único y promete que todo se va a resolver. Los asistentes le hacen llegar sus quejas de todo lo mal que funciona el sistema económico cubano. Es decir, lo mismo que ha hecho desde 2018 en sus visitas anunciadas por todo el territorio nacional se repite ahora al calor de las elecciones.
¿Quién paga este despliegue colectivo del gobernante y otros diputados? ¿Cuánto cuesta al presupuesto nacional la organización y celebración de las elecciones y los referendos en Cuba? La dictadura oculta todos estos datos a la ciudadanía en medio de la crisis sistémica más grave de las últimas seis décadas.
El 53% de los diputados son mujeres, sin voz política independiente
Desde 1976 las diputadas cubanas no se ocupan de los intereses de las mujeres cubanas, sino de los intereses del Partido Comunista. Por ello naturalizan la miseria extendida y la ausencia de derechos sociales refrendados en las constituciones de 1976 y 2019. La evidencia de esta despreocupación está en la cantidad de presas políticas cubanas (unas 125 mujeres inocentes, según Prisoners Defenders) que luchan por sus derechos y critican las falencias del Gobierno y sus políticas descabelladas.
Solo en los dos primeros meses de 2023, la plataforma feminista independiente YoSíTeCreo en Cuba contó 16 víctimas mortales a causa de la violencia machista. Sin embargo, las diputadas se abstienen de proponer y apoyar una ley integral contra la violencia de género, cuya solicitud fue presentada al Parlamento por varios movimientos feministas cubanos en 2019.
Sulmira Martínez Pérez (Salem), una joven influencer cubana, lleva casi 60 días recluida en Villa Marista, sin que las autoridades le informen a su madre la causa de su detención. La mujer ha debido pagar a un abogado estatal la suma de 5400 pesos cubanos, pero tampoco el letrado ha conseguido saber la causa oficial de su detención. Esta arbitrariedad policial no es de interés para las diputadas del Parlamento.
¿El 45% de los diputados son negros o mulatos?
El censo de 2012 refleja que en la Isla hay un 36% de población afrocubana, y aunque la dictadura aumentó la representación racial en el Parlamento, esta carece de voz política independiente.
Los nuevos y viejos diputados afrocubanos no podrán defender los intereses postergados por la dictadura. La población penal está mayoritariamente conformada por negros y mestizos; la concentración de la miseria, la residencia en los barrios más pobres, los peores empleos y los salarios más bajos recaen en la población afrocubana.
De igual manera, la dictadura mostrará un número de campesinos, intelectuales y artistas en su Parlamento, pero ninguno de ellos podrá reivindicar sus derechos constitucionales en ese órgano. La composición por sectores sociales no representa los intereses políticos de la ciudadanía. Por el contrario, la discriminación política e ideológica de la dictadura margina los intereses de la inmensa mayoría de la población, causando que el órgano que debería proteger a la ciudadanía ―el Parlamento― continúe alejado de la realidad nacional.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.
