MIAMI, Estados Unidos. – La situación de las mujeres embarazadas en las prisiones cubanas es alarmante, según denuncias recientes realizadas por la presa política Yanet Pérez Quevedo, quien se encuentra recluida en la cárcel Kilo 5, en Camagüey.
En una llamada telefónica grabada y divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Pérez Quevedo detalló las precarias condiciones en las que transcurre su embarazo.
“En esta área materna, tenemos tremendas malas condiciones. La lavadora está rota, el fogón de gas está roto. Tenemos nada más que un frío [refrigerador], un televisor. Hay nada más que tres ventiladores y no sirven”, declaró Pérez Quevedo.
La presa política, que lleva pocos meses de embarazo, también describió la situación de otra reclusa en condiciones similares: “A Yanisa, una embarazada de 23 años, la tienen viviendo en un cuarto donde no tiene agua, no tiene corriente”.
“Al lado del área materna hay un basurero, donde se meten las cucarachas, las hormigas, los alacranes. Está todo puerco [sucio], no hay condiciones para nosotros”, también señaló Pérez Quevedo.
La falta de atención médica adecuada y la escasez de alimentos son otras de las problemáticas graves denunciadas. “Me han llevado al hospital dos veces, pero no me han hecho nada”, relató la joven.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha documentado ampliamente estas deficiencias en el sistema penitenciario cubano. Raúl Enrique Medina, responsable de Comunicaciones del centro, dijo a Martí Noticias que han registrado “la escasez de alimentos y medicinas, la falta de atención médica oportuna y los maltratos directos como algunas de las situaciones que enfrentan las gestantes reclusas en Cuba”.
Medina subrayó que, aunque el Estado está obligado a garantizar condiciones mínimas para las gestantes privadas de libertad, “eso, generalmente, no se cumple”.
La situación es aún más crítica para las prisioneras por motivos políticos. Según Medina, la discriminación ideológica que sufren estas mujeres acentúa su vulnerabilidad: “El tratamiento que reciben de las autoridades las pone en riesgo psicológico y físico”.