MIAMI, Estados Unidos ― El cierre del puesto médico de la prisión Cuba-Panamá, en Güines, Mayabeque, amenaza la atención sanitaria de los reclusos con VIH, advirtió este 27 de octubre el Centro de Información Legal Cubalex.
El preso político Pedro Luis Fernández Peralta protestó por la clausura el 21 de octubre ante un teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT), según una nota del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), firmada por Modesta Key Torres y fechada al día siguiente. La organización recibió el testimonio mediante una llamada del propio recluso a su sede en Santa Clara.
El oficial dijo pertenecer a la Delegación Provincial de Mayabeque y acudió al penal para recoger las quejas de los internos. Según el relato transmitido al FANTU, atribuyó el cierre a la negativa del personal del Ministerio de Salud Pública a trabajar allí y a la escasez de médicos en los hospitales civiles.
Fernández Peralta reclamó la libertad de los presos si el Estado no podía garantizarles condiciones mínimas para sobrevivir. Otros internos lo apoyaron y denunciaron carencias de alimentos y agua, dificultades de transporte para las visitas familiares y la indicación de pedir los medicamentos a sus allegados. El militar se retiró sin responder a esos reclamos, según la denuncia.
La eliminación del servicio aumenta la vulnerabilidad de una población que necesita seguimiento clínico y acceso continuo a tratamientos, sostuvo Cubalex. La organización cuestionó qué medidas se habían previsto para mantener la asistencia y atender posibles complicaciones. También recordó que la privación de libertad no suspende el derecho a la salud ni libera al Estado de su responsabilidad sobre las personas bajo custodia.
La infección por VIH puede controlarse con tratamiento y atención adecuados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los antirretrovirales frenan la multiplicación del virus y permiten fortalecer el sistema inmunitario. Sin tratamiento, las personas pueden desarrollar enfermedades graves, entre ellas la tuberculosis y determinadas infecciones.
Las interrupciones prolongadas de la medicación pueden debilitar progresivamente las defensas. En una guía sobre interrupciones de los servicios y escasez de fármacos, publicada el 10 de abril de 2025, la OMS señala que la cantidad de virus en la sangre empieza a aumentar durante las primeras semanas sin tratamiento. Las suspensiones durante meses o años pueden favorecer infecciones oportunistas y la progresión de la enfermedad.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, atribuyen al Estado la responsabilidad de prestar los servicios médicos penitenciarios. La Regla 24 dispone que los internos reciban gratuitamente la atención necesaria, con estándares equivalentes a los de la comunidad, y que se garantice la continuidad de los tratamientos, incluidos los del VIH y la tuberculosis.
La Regla 25 establece que cada cárcel debe contar con un servicio sanitario con personal cualificado. La Regla 27 prevé atención rápida en las urgencias y el traslado a centros especializados u hospitales civiles cuando se requieran esos cuidados. La Regla 22 recoge el acceso al agua potable y a una alimentación suficiente para preservar la salud.
El 14 de agosto de 2026, Cubalex alertó sobre la pérdida de peso de Lismani Acosta Gómez, un joven de 19 años con VIH recluido entonces en Cuba-Panamá. La organización recogió denuncias sobre una alimentación escasa, falta de higiene y casos de sarna y tuberculosis en el establecimiento. Según aquella información, las comidas consistían habitualmente en un boniato o un ñame y solo en ocasiones incluían una pata de gallina.
Durante septiembre de 2026, Cubalex documentó 38 incidentes de negación de atención médica en su monitoreo de la represión en Cuba. El informe, publicado el 13 de octubre con datos cerrados el día cuatro, advierte que sus registros no son totales ni definitivos y reflejan únicamente los hechos que la organización logró documentar.
