LIMA, Perú — La Sala Primera Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba condenó a tres personas a penas de entre 10 y 15 años de prisión por un caso de malversación de fondos estatales vinculado a una empresa estatal del sector alimentario, en el marco de la causa 19 de 2026 por corrupción administrativa.
Según la sentencia, difundida por el periódico oficial Sierra Maestra, el esquema se articuló tras la aprobación de un crédito bancario de 20 millones de pesos destinado a una Unidad Empresarial de Base (UEB) adscrita a la Empresa de Conservas de Vegetales de Santiago de Cuba. A partir de esa operación, los acusados realizaron cuatro transferencias fraudulentas por un total de 5.175.504 pesos hacia la cuenta personal de una de las implicadas.
El tribunal determinó que, posteriormente, 3.986.504 pesos fueron repartidos entre los involucrados, en una maniobra que calificó como “falsificación continuada de documentos bancarios y de comercio para cometer malversación”.
La pena más alta recayó sobre Amarilis Téllez Torres, contadora C de la entidad estatal, quien fue sancionada con 15 años de privación de libertad. Le siguió Julio César Palacios Peralta, jefe del Grupo Contable Financiero de la empresa, condenado a 14 años de cárcel.
Por su parte, María Luisa Creme Quiroga, económica de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rodolfo Rodríguez Benítez, recibió 10 años de prisión, tras comprobarse que fue la persona que recibió en su cuenta bancaria los fondos desviados.
La investigación judicial también reveló que Creme Quiroga utilizó parte del dinero sustraído para comprar 2.000 dólares estadounidenses, por los que pagó más de 1.195.000 pesos a un cuarto implicado, Kenly Hierrezuelo Téllez.
Este último fue sancionado con una multa de 600 cuotas de 40 pesos por el delito de tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.
Además de las penas de prisión, el tribunal impuso sanciones accesorias que incluyen la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del país y la inhabilitación para ejercer cargos relacionados con la actividad económica en el caso de Téllez Torres y Palacios Peralta.
La sentencia también obliga a los condenados a resarcir íntegramente el monto defraudado a la entidad afectada.
El caso se produce en medio de una campaña oficial del régimen cubano en favor de mayor visibilidad contra la corrupción en empresas estatales, después de que en julio de 2025 las autoridades castristas advirtieran sobre penas de hasta 20 años de prisión para este tipo de delitos, en un contexto marcado por la crisis económica y el deterioro de la gestión pública en la Isla.
En el plano nacional, uno de los procesos de mayor repercusión en 2026 ha sido la ratificación en enero de la condena a cadena perpetua contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía, tras ser hallado culpable por el Tribunal Supremo Popular de delitos vinculados con espionaje, malversación, cohecho y lavado de activos.
