LIMA, Perú — Las autoridades sanitarias del régimen cubano expulsaron de forma intempestiva al cirujano Yonardo Fonseca Mesa de su puesto en el Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Luaces Iraola, en Ciego de Ávila, interrumpiendo abruptamente su labor en plena consulta médica.
Un reporte publicado por Martí Noticias señala que la desvinculación laboral se concretó a pesar de que el mastólogo —quien acumula más de 10 años en la especialidad— se mantenía operando y atendiendo enfermos tras haber obtenido la desregulación oficial del Sistema Nacional de Salud, un trámite burocrático que le tomó cinco años de gestiones.
«Hace como 15 días me notificaron que estaba liberado», relató el cirujano al medio independiente, al explicar que la normativa habitual exige que sea el propio médico quien presente la solicitud formal de baja tras concluir sus trámites personales de migración y documentación legal, paso que él aún no había ejecutado.
En lugar de respetar dicho protocolo, directivos de la institución irrumpieron el pasado 10 de septiembre en el consultorio de Fonseca Mesa para entregarle la carta de separación definitiva, la cual figuraba fechada desde el 3 de septiembre. El médico se encontraba trabajando de manera voluntaria en el centro debido a que no ha podido cobrar sus sueldos retenidos ni ha recibido su pasaporte.
«El jueves estaba en mi consulta y fui notificado por un directivo del hospital (…) Simplemente por mi postura frontal contra la dictadura. Y esto es, por supuesto, la Seguridad del Estado que está detrás de todo esto. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas», aseveró el especialista.
La salida del hospital se produce después de varios episodios en los que Fonseca Mesa ha criticado públicamente las condiciones laborales y sociales en Cuba, así como el hostigamiento de las autoridades.
Fueron varios episodios de hostigamiento
En abril pasado, el cirujano denunció que estaba siendo detenido horas después de haber sido citado verbalmente para presentarse en la Unidad de Instrucción Penal de Ciego de Ávila.
“Me están llevando detenido”, escribió en su perfil de Facebook. Horas antes, había publicado que acababa de ser citado verbalmente, a través del jefe de Servicio de Cirugía, para presentarse ese mismo día a las 2:00 p.m. en Instrucción Penal de Ciego de Ávila. “Por supuesto que no voy”, añadió.
La denuncia de la detención ocurrió después de varios mensajes en los que el médico había cuestionado abiertamente las condiciones de vida en la Isla y el funcionamiento de su centro de trabajo.
El 8 de abril, Fonseca Mesa relató que, tras una noche de apagones y un amanecer “sin desayuno”, un funcionario intentó obligarlo a bajarse del ascensor cuando se dirigía a operar a “dos pacientes con cáncer”. Según su versión, desobedeció la orden y continuó hasta el salón para realizar las intervenciones.
En esa misma publicación, el cirujano criticó su salario y denunció las dificultades que había enfrentado para conseguir su salida del sistema sanitario cubano. “La mierda que ustedes me pagan (8.800 pesos = 17 dólares) no me alcanza ni para comprar papel higiénico”, escribió. También aseguró que llevaba “casi cinco años” solicitando su “liberación” sin obtenerla.
Dos días antes, el 6 de abril, Fonseca Mesa había utilizado nuevamente sus redes sociales para cuestionar la propaganda oficial sobre la producción de alimentos. En tono sarcástico, escribió que cuando en el “Menticiero” —como llama al Noticiero de la Televisión Cubana— anunciaran que se había “sobrecumplido el plan de producción de papas”, los cubanos podían convencerse de que “no vas a ver una papa en cinco años”.
Además, en su perfil de Facebook ha compartido publicaciones de los periodistas cubanos residentes en Miami Mario J. Pentón y Mario Vallejo, ambos críticos con el régimen de La Habana, y ha denunciado el hostigamiento de las autoridades contra la creadora de contenidos Anna Bensi y la detención del adolescente Jonathan Muir Burgos.
La detención de Fonseca Mesa ocurre, además, en un entorno ampliamente documentado de castigo a la crítica pública en Cuba. En su informe mundial de 2026, la ONG Human Rights Watch indicó que el Gobierno cubano continuaba “reprimiendo y castigando la disidencia y la crítica pública” y señaló que las autoridades detenían arbitrariamente, hostigaban e intimidaban a críticos, activistas independientes, periodistas y opositores políticos.
