LIMA, Perú – El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó su renuncia al cargo este miércoles tras nueve años de gestión, en medio de un proceso de transición política en el país y de medidas de amnistía para presos políticos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció durante una sesión ordinaria que recibió cartas de renuncia tanto de Saab como del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, quienes habían sido ratificados en 2024 para un período que se extendía hasta 2031.
La dimisión se produce en un contexto de reestructuración del Ejecutivo encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
Saab, considerado una figura clave del aparato chavista, llegó al Ministerio Público en 2017 mediante la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano cuya legitimidad fue cuestionada por amplios sectores. Su gestión estuvo marcada por denuncias internacionales de persecución política, torturas y violaciones de derechos humanos.
Ante la vacante y la ausencia de un vicefiscal, la Asamblea Nacional deberá designar un encargado provisional mientras se activa el comité de postulaciones para nombrar a un nuevo titular del Ministerio Público.
Los oprobios de Saab
Nacido en 1962 en El Tigre, en una familia de origen libanés, Saab inició su trayectoria en movimientos estudiantiles de izquierda antes de dedicarse al derecho. De perfil mediático y activo en redes sociales, cultivó simultáneamente su imagen de funcionario, militante ideológico y poeta a partes casi iguales.
Su despacho reflejaba esa identidad política, con retratos de Simón Bolívar, fotografías junto a Chávez y Fidel Castro, y mensajes críticos hacia Donald Trump, a quien responsabilizó de la presión internacional que precedió su salida.
Figura emblemática del chavismo, Saab fue señalado por sus críticos como uno de los responsables de la represión estatal durante las protestas de 2017, 2019 y 2024, episodios que dejaron miles de detenidos y decenas de muertos en Venezuela.
«Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil», declaró Saab a la AFP en una oportunidad.
Aliado histórico del proyecto político iniciado por Hugo Chávez, Saab ocupó previamente la Defensoría del Pueblo, gobernó el estado Anzoátegui y participó en la redacción de la Constitución de 1999. Durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra Chávez fue encarcelado, experiencia que le gusta evocar públicamente.
Durante su mandato, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina bajo investigación formal de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Entre los casos más polémicos figuran la muerte bajo custodia del concejal Fernando Albán en 2018 —inicialmente calificada como suicidio y posteriormente reconocida como homicidio— y el fallecimiento del capitán Rafael Acosta Arévalo tras comparecer ante un tribunal con signos de tortura. También se cuestionó el uso de pruebas obtenidas bajo coacción y la falta de investigaciones sobre episodios como la masacre de Guanare en 2020.
Saab enfrentó cuestionamientos incluso dentro de su entorno familiar. En 2017, su hijo Yibram le pidió públicamente “poner fin a la injusticia” tras la muerte de un estudiante durante protestas antigubernamentales.
El exfiscal deja el cargo sancionado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza por su presunto papel en la debacle democrática en Venezuela. En sus últimas declaraciones defendió la recién aprobada Ley de Amnistía como un paso para “cerrar heridas” derivadas del conflicto político venezolano.
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