MIAMI, Estados Unidos. — La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (Distrito 27 de Florida) solicitó a los departamentos de Estado y del Tesoro investigar a compañías radicadas en el sur de Florida que, según denunció, estarían evadiendo las sanciones de Estados Unidos y beneficiando al régimen cubano.
“Estoy pidiendo al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que investiguen a empresas del sur de Florida sospechosas de evadir sanciones estadounidenses y de ayudar a la dictadura cubana. Las sanciones no significan nada si no se hacen cumplir. El Distrito 27 exige respuestas”, escribió en X la congresista al difundir el documento dirigido a ambas agencias.
La petición aparece en una carta con membrete de la Cámara de Representantes, fechada el 21 de agosto de 2025 y remitida a Marco Rubio, como secretario de Estado, y a Scott Bessent, como secretario del Tesoro. En el texto, Salazar afirma que “un número de compañías” abrió recientemente en el sur de Florida “para ofrecer una variedad de servicios cuyo propósito principal es la evasión de sanciones sobre el régimen comunista en Cuba”, por lo que solicita que ambas dependencias “examinen estas violaciones y tomen la acción apropiada”.
Según la misiva, las empresas señaladas ofrecen “paquetes de turismo”, “logística”, envíos puerta a puerta y venta de autos, modalidades que —sostiene— permitirían sortear las restricciones. Salazar subraya que “tanto el espíritu como la letra de la ley de Estados Unidos respecto a Cuba prohíben el turismo de estadounidenses en Cuba, así como el comercio con el régimen comunista” y recuerda que el presidente Donald Trump dejó claro, en un memorando presidencial de seguridad nacional sobre Cuba del 30 de junio, “que apoya la estricta aplicación de las sanciones al régimen”.
La congresista también advierte sobre el trasfondo de algunos de estos negocios: “Muchas de estas empresas son propiedad de cómplices del régimen”. Como ejemplo, cita el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, recientemente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y de quien “se ha revelado que es un estrecho asociado de uno de los nietos de Raúl Castro”. Añade que “no es impensable que muchas de estas compañías hayan sido creadas con el conocimiento y el consentimiento del régimen comunista”.
Salazar pide a los departamentos de Estado y el Tesoro “tomar la acción legal apropiada” y argumenta que sus votantes quieren que el Gobierno investigue “este desprecio por la ley”, pues “sienten que es un insulto a todas sus penurias al construir nuevas vidas como estadounidenses que algunas personas busquen socavar la lucha por la libertad en Cuba”.
La iniciativa recibió respaldo público del también congresista por Florida Carlos A. Giménez, quien escribió en X: “Vamos tanto por los represores como por los testaferros de la dictadura asesina de Cuba que se han infiltrado en nuestra comunidad. Los tenemos identificados y estamos haciendo un llamado a la Administración para que le apliquen todo el peso de la ley”.
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