MIAMI, Estados Unidos ― La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar pidió al representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, que reclame a México el cierre del programa de médicos cubanos, al considerar que constituye trabajo forzoso y viola el T-MEC.
Más de 3.000 médicos de la Isla trabajan en México bajo ese esquema, sostiene la legisladora republicana en una carta fechada el 22 de octubre y difundida este viernes en X. Salazar denunció restricciones de movimiento, separación de las familias y retenciones de una parte considerable de los salarios.
“El T-MEC no es opcional”, escribió la congresista en la publicación que acompaña el documento. La legisladora propuso que el Gobierno mexicano pague directamente a los profesionales y pidió a Greer que plantee a las autoridades mexicanas la terminación del programa.
El 2 de octubre, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) anunció una consulta pública para preparar la revisión conjunta del acuerdo prevista para 2027. La convocatoria solicita comentarios sobre el funcionamiento del tratado y fija el 12 de enero de 2027 como fecha límite para recibirlos. También contempla una audiencia pública.
El artículo 23.6 del capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, citado en la carta de Salazar, obliga a los países a prohibir la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Esa disposición se refiere a mercancías y no menciona específicamente la contratación de servicios médicos.
El artículo 23.3 establece, además, la obligación de adoptar y mantener en las leyes y en su aplicación la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. El artículo 23.8 exige proteger a los trabajadores migrantes mediante la legislación laboral, independientemente de su nacionalidad.
Las denuncias sobre incumplimientos del capítulo laboral requieren una evaluación de las pruebas. La USTR explica que, ante una petición de ese tipo, Estados Unidos debe determinar si existe evidencia suficiente y creíble de que el otro país incumple sus obligaciones.
El 8 de octubre, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó en su conferencia de prensa que los médicos cubanos “están contratados de manera directa” y reciben salarios equivalentes a los de sus colegas mexicanos. Defendió su presencia en localidades apartadas donde, según explicó, contribuyen a cubrir la falta de personal sanitario.
El 6 de octubre, elTOQUE publicó un reportaje basado en el testimonio de un integrante de la misión y en documentos facilitados por él. El contrato individual examinado por ese medio establece una relación laboral con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), mientras el IMSS-Bienestar figura como institución receptora.
El médico, cuya identidad fue protegida por temor a represalias, denunció retrasos en los pagos y presiones para impedir que los profesionales informaran de la situación a personas ajenas a la brigada. En el documento revisado por elTOQUE se evidencia que las autoridades cubanas restringen el ejercicio profesional fuera de las instalaciones autorizadas y las declaraciones a la prensa sin permiso de la dirección de la misión.
El informe sobre trata de personas de 2025 del Departamento de Estado, al que remite Salazar en su carta, identificó un patrón gubernamental de trabajo forzoso en los programas cubanos de exportación de trabajadores, incluidas las misiones médicas. Describió retenciones salariales, confiscación de pasaportes, vigilancia y amenazas contra quienes abandonan sus asignaciones. Entre sus recomendaciones incluyó permitir que los trabajadores cobren directamente sus remuneraciones y conserven sus documentos.
El 7 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales publicaron un informe sobre las condiciones laborales del personal sanitario enviado por Cuba al exterior. Identificaron denuncias de retención de ingresos, jornadas extensas y restricciones a la circulación, junto con indicios de coacción y temor a represalias que podrían configurar trabajo forzoso.
La investigación tiene un alcance regional y la mayoría de las personas entrevistadas había trabajado en Venezuela. La CIDH reconoció la contribución de estos profesionales a la atención de poblaciones vulnerables, a la vez que reclamó garantías para sus derechos laborales.
Las recomendaciones del informe incluyen contratos claros, participación libre e informada y respeto a la libertad de circulación y retorno. A los Estados receptores les pide establecer inspecciones independientes y mecanismos de supervisión para comprobar las condiciones de trabajo dentro de las misiones.
