MIAMI, Estados Unidos. – Las organizaciones políticas, sociales y de masas del régimen cubano podrán formar micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a partir del próximo 19 de septiembre, de acuerdo con el Decreto-Ley 88/2024 publicado este lunes en el número 78 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba (sesión ordinaria), junto a otras normas que afectan al sector privado en la Isla.
Uno de los pilares del nuevo marco regulatorio es la oficialización del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, creado bajo el Decreto 108/2024. Este instituto, dirigido por Mercedes López Acea, exvicepresidenta cubana, estará encargado de controlar y dirigir la política del Estado en relación con las mipymes. Según la nueva normativa, este órgano, subordinado al Consejo de Ministros, se convertirá en un ente clave para el funcionamiento y desarrollo de las mipymesal asegurar que estas empresas operen dentro de los márgenes establecidos por el Estado.
El Decreto-Ley 88/2024 también introduce obligaciones adicionales para las mipymes que buscan operar en Cuba. Entre los requisitos, se establece que todas las operaciones comerciales deben ser registradas en una cuenta bancaria corriente, y que los bienes y servicios deberán comercializarse en pesos cubanos, con ciertas excepciones.
El uso obligatorio de canales digitales de pago y la utilización de la cuenta fiscal son ahora elementos centrales del marco regulatorio. Cualquier incumplimiento de estas disposiciones será considerado un delito. Esta medida llega en un contexto donde, hasta el cierre de junio, el 63% de las cuentas fiscales abiertas mantenían saldo cero, lo que indica un bajo nivel de actividad financiera formal en el sector privado.
El Gobierno también ha impuesto un control más estricto sobre la fijación de precios. Las mipymes deberán seguir las reglas del Ministerio de Finanzas y Precios para establecer tarifas, asegurando que se respeten los precios de aprobación centralizada. Esto se suma a la prohibición de que las mipymes se involucren en actividades delictivas o que puedan comprometer la seguridad del Estado, así como en actividades de lavado de activos, financiamiento al terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
Otro aspecto relevante del nuevo decreto-ley es la regulación sobre quiénes pueden ser socios de una mipyme. Ahora, solo los cubanos con residencia efectiva, definida en la nueva Ley de Migración como aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en territorio nacional, y los extranjeros con residencia permanente, podrán ser socios de estas empresas.
El texto legal introduce también la posibilidad de que menores huérfanos de padres o madres socios de mipymes puedan heredar las acciones y convertirse en socios. Además, se contempla la constitución de empresas privadas mixtas, aunque esta opción no será implementada por el momento.
Una restricción que se mantiene es que una persona natural no puede ser socio de más de una mipyme. Sin embargo, se permite que un socio pueda ejercer trabajo por cuenta propia en actividades diferentes a las de su empresa. Asimismo, quienes hayan sido sancionados por delitos incompatibles con la actividad de la mipyme o por hechos de corrupción no podrán ser propietarios de estas empresas.
Una de las innovaciones del nuevo marco normativo es que la aprobación de nuevas mipymes será responsabilidad de los Consejos de Administración Municipal. A pesar de esta descentralización, el Ministerio de Economía y Planificación continuará aprobando nuevas mipymes durante un periodo de transición de 180 días, hasta que la función sea completamente transferida a los municipios.
Las mipymes: ¿fachada del régimen?
Actualmente, las mipymes comparten un escenario económico de corte centralizado con la empresa estatal socialista (la principal para el Gobierno), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.
Por otro lado, las mipymes han introducido en el mercado nacional productos que escaseaban o que no existían en la Isla a precios denunciados como “exorbitantes” por una parte de la población.
Aunque están reconocidas como unidades económicas con personalidad jurídica con características propias, las mipymes no pueden constituirse en esferas como la salud, las telecomunicaciones, la energía, la defensa y los medios de comunicación.
Tras la aprobación de las mipymes en el país, activistas y periodistas independientes han denunciado que funcionarios del régimen e incluso represores se esconden tras las nuevas empresas, presentadas a la comunidad internacional como “sector privado” en la Isla.
Alfonso Larrea: de agente “David” a la vanguardia de las mipymes
En octubre de 2023, CubaNet publicó un perfil sobre Julio Martínez Ramírez, exdirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Partido Comunista de Cuba (PCC), actualmente socio de la mipyme Gran G S.R.L. Martínez Ramírez forma parte de la oleada de defensores del régimen cubano ―algunos incluso agentes de la Seguridad del Estado, militares o dirigentes partidistas― que han pasado a formar parte del nuevo sector privado en la Isla.
En ese sentido, también han sido denunciadas la mipyme Gaia Mercado, detrás de la cual se encuentra Lisa Titolo Castro, hija de Mariela Castro Espín y el fotógrafo italiano Paolo Titolo; Cubapack, una mipyme de GAESA que opera desde Miami; y Sil26, la distribuidora de Supermarket 23, que pertenece a Ángel David Fernández del Valle, nieto del fallecido general de División Sergio del Valle Jiménez.
