Las autoridades del sistema penitenciario del régimen cubano mantienen incomunicado desde hace más de 100 días al preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, tras negarle de forma sistemática el derecho a las visitas reglamentarias a sus familiares y someter a su entorno a un patrón de acoso y represalias, según denunció su padre, el activista Wilber Aguilar Bravo.
Aguilar Rivera cumple una condena de 12 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) en la Isla.
«No nos han dejado verlo», afirmó Aguilar Bravo a Martí Noticias, atribuyendo la suspensión indefinida de los encuentros a sus constantes denuncias públicas en defensa de los derechos de su hijo y confirmando que la administración carcelaria no ha presentado una justificación legal para mantener el aislamiento.
El último contacto directo entre la familia y el preso de conciencia ocurrió el pasado 14 de julio. El 28 de agosto, los funcionarios del penal en Sancti Spíritus permitieron únicamente la recepción del módulo de alimentos sin autorizar la entrada de los allegados. Sin embargo, en una gestión posterior durante el mes de septiembre, la negativa fue absoluta.
Aguilar Bravo relató que en ese segundo intento debió trasladarse desde La Habana hasta el centro penitenciario espirituano junto a otros miembros de la familia, incluyendo a las hijas menores de edad del detenido.
«Tuvimos que virar para atrás desde Sancti Spíritus con los alimentos, con el saco, con todo, con comida, con niños… Las niñas llorando por ver a su papá», relató el activista, enfatizando que las visitas denegadas corresponden a los turnos reglamentarios estipulados por el reglamento carcelario. «Es un derecho que tenemos como familia verlo», sostuvo.
Ante los reclamos por la disparidad en el trato respecto a otros reclusos, el activista confrontó a la jefatura del penal para exigir explicaciones sobre el bloqueo de la visita familiar mientras a personas procedentes de zonas cercanas sí se les permitía el acceso.
Había «casos y casos», argumentó un coronel del establecimiento penal al justificar el veto contra la familia del manifestante del 11J.
Durante su estancia en la prisión espirituana, Aguilar Bravo identificó a individuos que habitualmente integran los operativos de vigilancia militarizados y el cerco represivo frente a su vivienda en La Habana. Según declaró, estos agentes le advirtieron explícitamente que se desplegarían en la prisión en cada oportunidad en que intentara acudir a ver a su hijo.
«Seguimos siendo víctimas nosotros aquí como familia de ensañamiento y represión«, denunció el padre del joven.
La prohibición de acceso se extendió asimismo a la asistencia religiosa, impidiéndose la entrada a un pastor evangélico que se desplazó hasta la instalación carcelaria con el objetivo de ofrecer apoyo espiritual y orar por el detenido.
Aguilar Rivera tiene 26 años y una discapacidad intelectual certificada por médicos. Cumple una condena de 12 años por el delito de sedición tras participar en las manifestaciones del 11J en el reparto La Güinera, en La Habana. En noviembre de 2025 fue trasladado a Nieves Morejón, en el poblado de Guayos, a unos cientos de kilómetros de su casa, después de que en una sola semana lo llevaran primero a la prisión de Agüica, en Matanzas.
El impedimento recae sobre una familia que ya está bajo la protección formal del sistema interamericano. La CIDH otorgó medidas cautelares a Aguilar Rivera el 8 de julio de 2022, mediante la Resolución 30/22, al considerar que su vida e integridad corrían riesgo de daño irreparable; entre los hechos que recogió estaba que sus familiares enfrentaban obstáculos para comunicarse con él en las mismas condiciones que otras personas privadas de libertad.
Dos años y medio después, el 30 de enero de 2025, la Comisión amplió la protección al padre y a su familia con la Resolución 9/2025, tras documentar vigilancias constantes, detenciones repetidas, episodios de incomunicación y amenazas desde 2022, con un aumento de la frecuencia a partir de 2024. En esa resolución pidió al Estado cubano que permitiera a Aguilar Bravo desarrollar sus actividades de defensa de los derechos humanos sin amenazas, hostigamientos ni actos de violencia.
En los dos expedientes, el Estado cubano guardó silencio ante el organismo continental. La CIDH dejó constancia en 2022 de que no contó con las observaciones de La Habana pese a habérselas solicitado, y en 2025 consignó que el Estado no proporcionó información. En ambas resoluciones le pidió informar sobre las acciones emprendidas para investigar los hechos y evitar que se repitieran.
