LA HABANA, Cuba. – El 1º de enero de 2021, con el simbólico aumento de salarios y pensiones decretado en el marco del llamado “ordenamiento monetario”, dio inicio en nuestro país un vertiginoso incremento del costo de alimentos, servicios y artículos de primera necesidad.
En aquel momento, el salario mínimo quedó establecido en 2.100 pesos, a la vez que los voceros oficiales anunciaban una pensión mínima en supuesta equivalencia con una canasta básica de bienes y servicios calculada en 1.528 pesos. Esto constituyó una cruel burla hacia los afectados, no solo porque lo que los gobernantes cubanos describen como “canasta básica” en realidad no es tal (no cubre las necesidades reales del mes), sino porque además muchos recibirían una cantidad bastante menor que la prometida.
El intempestivo anuncio, sumado al continuo desabastecimiento, disparó en horas los precios no solo de los alimentos, sino también de otros productos y servicios indispensables como medicinas, transporte privado, ropa, calzado y artículos de limpieza e higiene personal, con lo cual se desencadenó una espiral ascendente que no ha parado de escalar de manera violenta hasta hoy.
Simultáneamente, la dictadura sigue dando palos de ciego que en lugar de solucionar la situación la agravan cada vez más, y como es habitual, culpa al “bloqueo” de lo que es obra de la ineptitud de sus dirigentes.
El 22 de julio del presente año los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular analizaron cómo marcha la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, así como de las 63 medidas supuestamente encaminadas a dinamizar la producción agropecuaria. Pero, ¿cómo hacer efectiva dicha ley, si el 80% de los alimentos que consumimos los cubanos no se producen en el país, sino que se importan (fundamentalmente de EE.UU.)?
Sobre este tema, un conocido que vivió y trabajó durante toda su juventud en el campo, pues su padre era agricultor, me comentaba: “Se ponen a hablar por la televisión de los problemas de la agricultura, que si organizativos, que si estructurales, y otras cosas más que impiden producir la tierra, y yo te digo: que les den las tierras a los campesinos, que los dejen trabajar y vender sus cosechas, y ya verás si habrá o no habrá comida. Todo lo demás es puro cuento”.
Ya en comparecencia en el espacio televisivo Mesa Redonda del 24 de mayo de 2022 el ministro de la Agricultura, Ydael Jesús Pérez Brito, al referirse a las 63 medidas de marras, señalaba: “Se está avanzando, aunque no es para sentirse complacidos”. Será para ellos, pues ya han pasado más de dos años de aquellas ordenanzas y los cubanos seguimos esperando para ver en nuestra mesa las prometidas 30 libras de viandas y los 5 kilogramos de productos cárnicos per cápita al mes.
Peor aún, con la implementación del ordenamiento económico los precios de los pocos rubros que aún se venden por la libreta de racionamiento aumentaron desproporcionadamente, mientras su calidad resulta cada vez peor. Por cierto que también han ido desapareciendo de esa lista algunos víveres que ya solo se encuentran esporádicamente en el mercado informal, cuyos gestores aprovechan entonces para imponer nuevos y más altos precios. Así pues, el efecto de la inflación en el costo de productos de primera necesidad es una dificultad angustiante e insalvable para la mayoría de los cubanos, que no poseen los recursos suficientes.
Una libra de arroz cuesta 270 pesos. Una de frijoles, 400. La de azúcar ronda los 200 pesos, y un cartón de huevos, los 2.000. Hoy podemos afirmar, por inverosímil que suene, que en Cuba ya no todo el mundo come, y los más afectados son los pensionados y los trabajadores de bajos salarios. A pesar de ello, el ministro de Economía, Alejandro Gil, se atreve a afirmar que se han tomado medidas para controlar la inflación. Cuesta creerle mientras no se perciban los resultados. Por el contrario, cada día el peso cubano pierde más valor, de acuerdo a lo poco que se puede comprar con él.
Sobre la propaganda previa a la autorización de las mipymes, escuchábamos a los dirigentes afirmar que esos negocios privados contribuirían a bajar los precios. No obstante, como es típico de la dialéctica artificial castro-estalinista, en la práctica hemos comprobado lo contrario, pues aunque las pequeñas empresas ofertan artículos deficitarios a precios algo inferiores a los del mercado informal, generalmente solo los venden en gran cantidad (hay que comprar el saco entero, en el caso del azúcar o la harina de trigo, o la caja entera si se trata de refrescos o cervezas). Esta regla, lejos de convertirlas en abastecedoras de la población, las ha hecho proveedoras de cuentapropistas o revendedores y, por lo tanto, han devenido otro eslabón en la cadena de carestía que asfixia a los ciudadanos.
Y mientras el hambre nos embiste inmisericorde, los obesos dirigentes le piden al pueblo que resista.
