LA HABANA, Cuba.- Los productores de arroz de la provincia de Granma, el mayor territorio productor de este artículo en el país, presentan una difícil situación a raíz de la Tarea Ordenamiento, la cual ha hecho que aumenten los costos de producción de este grano. Una situación que se hace extensiva al resto de los productores del país.
La propaganda oficialista no se cansa de repetir que las 63 medidas adoptadas por el gobierno para favorecer el sector agropecuario deben de redundar en mayores niveles de producción de todos los renglones que han de garantizar la alimentación de los cubanos. Sin embargo, al decir de un experimentado trabajador arrocero, “el reto es lograr que lo estipulado en los papeles se convierta en realidad en las bases productivas”.
Un reto que va a ser muy difícil de alcanzar, porque la realidad indica que ninguna terapia gubernamental ha podido hacer que disminuyan los precios de los servicios que las entidades estatales les prestan a los productores de arroz, a lo que se añaden las limitaciones con el combustible y la poca disponibilidad de insumos importados que precisa este cultivo.
Una de las mayores dificultades que afrontan buena parte de los trabajadores arroceros es el no poder contar con la aviación para la fumigación con productos químicos que garanticen la buena salud de los arrozales. Y no pueden contar con la aviación para esos menesteres debido al alto costo que conlleva este servicio.
Entonces deben acudir a la aplicación manual de los herbicidas y fungicidas. Una práctica que no se aviene a la adecuada atención cultural que requiere el arroz.
Todo lo anterior trae como resultado que se afecten los rendimientos, que aumenten las pérdidas económicas de los productores y en consecuencia que disminuyan las producciones de un producto que resulta imprescindible en la mesa de los cubanos.
A todo esto hay que añadir la presión que ejercen las autoridades sobre los productores para que le vendan el arroz al Estado, y no lo desvíen hacia otros “destinos ilegales”, los cuales les reportarían mayores beneficios económicos.
Además de los productores, los grandes perjudicados en este entramado son los consumidores, quienes han visto disminuir las producciones de esta gramínea en los últimos tiempos.
De 304 000 toneladas de arroz producidas en el año 2018, la cifra más alta obtenida en el último cuatrienio, el monto planificado para el actual 2022 solo llega a las 180 000 toneladas, lo que significa una reducción del 41%.
Si tenemos en cuenta que para cubrir la denominada canasta básica de la población ─es decir, el arroz que se oferta por la libreta de racionamiento─ se necesitan unas 700 000 toneladas al año, es fácil imaginar el gran volumen del producto que el país deberá importar.
Importar arroz para toda la población no ha de ser una tarea muy grata para las autoridades castristas. De acuerdo con lo expresado en una reciente Mesa Redonda por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, el precio de importación del grano pasó de 468 dólares la tonelada en el 2019, a 633 dólares en la actualidad.
El cubano de a pie debe hacer pininos para que le alcance el arroz de la libreta de racionamiento, pues la venta liberada del producto es casi inexistente. Aunque, claro, si no para toda la población, las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) exhiben en sus anaqueles vistosos paquetes de arroz importado, solo para aquellos afortunados de la “justa” sociedad cubana que los puedan adquirir.
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