MADRID, España.- La Unión Europea (UE) manifestó este lunes su preocupación por las elevadas sentencias que dicta el régimen cubano a los participantes en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en la Isla.
“La transparencia y el respeto al debido proceso deben guiar los juicos relativos a las protestas del 11 de julio. Nos preocupan las severas condenas impuestas”, expresó Peter Stano, portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Comisión Europea.
A través de su cuenta oficial en Twitter, Stano instó “a las autoridades de Cuba a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión”.
Las declaraciones del titular de la Unión Europea se deben a las condenas impuestas por el régimen a 20 manifestantes del 11J en la provincia de Holguín.
Estas personas, entre ellos cinco menores, fueron sentenciados en el Tribunal Provincial de Holguín a entre cinco y veinte años de privación de libertad, por el delito de sedición.
Entre los condenados se encuentran José Ramón Solano Randiche (18 años de privación de libertad), Keila Roxana Mulet Calderón (5 años de limitación de libertad), Maikel Rodríguez del Campo (18 años de privación de libertad), Marcos Antonio Pintueles Marrero (7 años de privación de libertad), Mario Josué Prieto Ricardo (17 años de privación de libertad), Miguel Cabrera Rojas (20 años de privación de libertad).
Aunque los juicios se desarrollaron el pasado 14 de febrero, no fue hasta este lunes que el medio oficialista Prensa Latina se refirió al respecto, en una ambigua nota.
“Los peritos demostraron la implicación de cada uno de los acusados mediante el uso de técnicas especializadas y comparativas que permitieron ubicar en el lugar a los involucrados”, apunta la información.
Según el reporte, “abogados de la defensa explicaron que actuaron con el apoyo del sistema judicial y tuvieron acceso en todo momento a los detenidos.
Sin concretar sobre presuntas pruebas, autoridades cubanas indicaron que “los disturbios fueron resultado de un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos para provocar desestabilización en momentos en los que el país afrontaba una compleja situación por la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington”.
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