LA HABANA, Cuba. – Sigue siendo noticia el tema del referendo sobre el Código de las Familias, convocado por el régimen castrista para el venidero 25 de septiembre. Esta vez abordó el tema la persona que, por sus encumbrados cargos, debería ser el mandamás supremo de nuestro país, pero que, al reconocerle preeminencia al más destacado miembro de la familia Castro con el título no oficial de “Líder de la Revolución”, ha aceptado de modo expreso ocupar el segundo plano.
Dijo el señor Miguel Díaz-Canel: “El Código no se hizo para diseñar una familia o para asumir una construcción familiar que no se avenga a las convicciones éticas o religiosas de una persona. Tampoco busca la tolerancia, sino el respeto”. Y hace hincapié en este último tema: “Esa es la palabra clave: respeto a los derechos de las personas”.
Al leer estas últimas palabras, no pude evitar recordar el sabio refrán: Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque, señores, ¡que se ufane del “respeto a los derechos de las personas” el representante oficial de un régimen que atropella abiertamente a los ciudadanos!, ¡que incluso los sanciona por hacer uso de los derechos humanos reconocidos y proclamados a nivel mundial, como el de la libre manifestación!…
En cualquier caso, las reacciones virulentas a lo escrito por el Primer Secretario del único partido legal y Presidente de la República no se hicieron esperar: Dennis Almaguer George afirma: “Eso es mentira. ¿Por qué no se nos da la oportunidad de educar a nuestros hijos en casa, como existe en otros países?”. Este usuario concluye: “Yo voto No”.
Del lado gobiernista se suceden los elogios corales al proyecto legislativo. El régimen parece haber llegado a una conclusión: En vez de reproducir declaraciones de dirigentes comunistas, resulta más rentable transmitir los conceptos elogiosos de artistas conocidos que se prestan a repetir los lugares comunes de la propaganda oficialista.
Casi a diario, la Televisión Cubana exhibe un promo en el que se ve a un niño desamparado que se encuentra en una casa habitada por una pareja de borrachos moquillentos (sus padres, según se quiere hacer ver). El refrigerador está vacío (algo que es el pan nuestro de cada día en esta Gran Antilla, pero que los perpetradores del documental de agitación quieren presentar como algo muy criticable). A la puerta toca una señora mayor (una abuela del menor, presumiblemente), que lo ampara.
Esta pieza propagandística torpe y otras similares se repiten una y otra vez en nuestra Isla en los medios masivos de comunicación, que jamás publican alguna opinión contraria. Y conste que no me refiero sólo a quienes se oponen de frente al comunismo. También otros criterios discrepantes (como los que acaba de expresar la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba) corren la misma suerte adversa.
Como jurista, aprovecho para aclarar una confusión que se ha puesto de manifiesto en diversos escritos. Me refiero al concepto según el cual el Código, al ser aprobado por la Asamblea Nacional y aparecer publicado en la Gaceta Oficial, ya tendría rango de ley, aunque falte el trámite del referendo.
Es probable que este asunto haya sido planteado con la máxima claridad por la colega Camila Acosta, en un trabajo periodístico publicado en este mismo diario digital en los días finales del pasado agosto. Allí, la colega se pregunta: “¿Qué sentido tiene circularlo en Gaceta si aún no se ha aprobado en referendo? Y comenta: “Con esto se genera una contradicción pues con la publicación en la Gaceta Oficial, el Código de las Familias se promueve como ley, independientemente del resultado del referendo”.
Contesto a la pregunta de la amiga Camila: Publicarlo de manera oficial tiene todo el sentido del mundo. ¡Es justamente esa publicación la que permite que los electores, al votar “sí” o “no”, sepan a ciencia cierta sobre qué se están pronunciando! Es sólo gracias a esa publicación que cobra sentido la última disposición de dicha Ley Nº 156 (la Cuadragésimocuarta): “El presente Código entra en vigor una vez ratificado en el Referendo Popular a que se somete por mandato constitucional”. Es únicamente debido a esa publicación que, en caso de aprobación, los ciudadanos y autoridades sabrán qué texto legal es el aplicable.
En el ínterin, se suceden los posts y comentarios de opositores conocidos que plantean su propósito de no acudir a votar. No los critico, pero no comparto sus opiniones. Al pronunciarse de ese modo creo que siguen pensando en el régimen castrista como un bloque monolítico que se mantiene impermeable a cualquier opinión discrepante.
Esa percepción no se ajusta a la realidad, ¡y menos ahora, cuando el régimen ha entrado en fase terminal, al extremo que cada vez abundan más quienes se refiere a Cuba como un “Estado fallido”! Dentro del sistema comunista pululan quienes, aunque no lo expresen, piensan de modo diferente; quienes no comulgan con lo que juran y perjuran en el habanero “Palacio de la Revolución”.
Por supuesto que los jefes comunistas pueden lanzar la consigna de suplantar por entero los resultados de las elecciones si, como cabe esperar, estos les son adversos. Claro que esa medida, de entrada, dejaría muy mal parados a esos jerarcas, tan adictos al discurso de presentarse como únicos representantes del pueblo, que a su vez “respalda en masa a la Revolución”. Con esa decisión se haría evidente que toda esa retórica no es más que una mentira y una manipulación más.
Pero, además, semejante suplantación tendría que hacerse con cierto orden, pues resulta evidente que el Comité Central del partido, por encima de las mixtificaciones que lleguen a perpetrarse, tendría necesidad de saber cuáles son los resultados reales de la votación popular, para saber a qué atenerse.
Si todo lo anterior es cierto, entonces no andamos tan desencaminados quienes exhortamos a los ciudadanos a acudir a votar y a hacerlo por el “no”, o los que apelan “a la conciencia y a la responsabilidad de todos los cubanos” (lo cual, en el fondo, viene a ser lo mismo), como acaban de hacer los obispos católicos católicos en su mensaje.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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