LAs TUNAS, Cuba. — En la mañana del 17 de abril de 1961, a pocas horas de producirse el desembarco de la Brigada de Asalto 2506 por Bahía de Cochinos, haciendo cumplir las políticas de contingencia del régimen y bajo la jefatura directa del comandante Ramiro Valdés Menéndez, la Sección de Operaciones de la Seguridad del Estado (G-2) —entonces sita en 5ta y 14, hoy municipio Playa, La Habana— cursó órdenes de detención del “potencial C/R (contrarrevolucionario)” para que sus oficiales, apoyados por unidades de las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), procedieran a detener, de forma sorpresiva y sincronizadamente, en todo el territorio nacional, a lo que el régimen llamó “la quinta columna”.
Según la caracterización personal de los “quintacolumnistas”, estos serían recluidos en instalaciones deportivas u otros centros de detención de mayor seguridad para impedir manifestaciones de apoyo cívico al desembarco de Bahía de Cochinos o, en su defecto, la colaboración activa con los equipos de infiltración de la Brigada 2506 que ya estaban dentro de Cuba.
Como se sabe, la expresión “quinta columna” se atribuye al general español (cubano por nacimiento) Emilio Mola Vidal (Placetas 1889—Burgos 1939), quien luego del golpe de Estado de 1936 dijo que además de las cuatro columnas que se le subordinaban, había una quinta columna formada por simpatizantes, por lo que, por extensión y en situaciones de guerra, la frase se emplea para referirse a aquella parte de la población que, por afinidad política, religiosa, económica u otras, ya sean comprobadas o supuestas, potencialmente hace de ella colaboradora del adversario.
La redada policial de abril de 1961 en realidad tuvo su origen en marzo del propio año. Fidel Castro había advertido, reiteradamente —por experiencia propia— que “basta el apoyo del 10% del campesinado para que haya base para una guerra irregular”, y que una guerra irregular “se puede organizar con hasta el 5% de la población” que apoye a los insurgentes.
Uno de los comandantes distinguidos de la Sierra Maestra, que fuera auditor del Ejército Rebelde y luego ministro de Agricultura en 1959, el abogado Humberto Sorí Marín, quien, percatándose del rumbo comunista que había tomado la Revolución por la que él había luchado, y convencido de que sin organización, colaboración ni apoyo de al menos un pequeño por ciento de la población no habría victoria sobre la dictadura totalitaria, a principios de 1961 salió de Cuba, regresando poco después por una zona de la costa en los límites entre La Habana y Matanzas con la tarea de organizar el Frente de Unidad Revolucionaria (FUR), cuya misión, infiltrada por el G-2, sería integrar las direcciones de todas las organizaciones anticastristas.
Pero la tarde del 18 de marzo de 1961, la casa del reparto Flores, hoy municipio Playa, donde Sorí Marín y otras personas organizaban la unión de todos los grupos anticastristas, fue allanada. Allí, la policía política ocupó importantes documentos, y otros, obtenidos por sus agentes de forma encubierta —que incluían nombres de personas, direcciones y otras informaciones— fueron “legalizados” como si hubieran sido ocupados allí para mantener la clandestinidad de los informantes. El comandante del Ejército Rebelde Humberto Sorí Marín, acusado de planificar el presunto asesinato de Fidel Castro, fue fusilado sin piedad. A Fidel Castro no lo sensibilizaron ni los reclamos de su madre.
De esta forma, y poseyendo informaciones de sus agentes concerniente a nombres y direcciones de personas, organizaciones, puntos de reunión y posibles planes de alzamiento, ante la posibilidad cierta de que la “quinta columna” pudiera establecer frentes de resistencia armada y cívica en las ciudades y en las montañas, el régimen ejecutó el 17 de abril de 1961, ante la situación de guerra producida por el desembarco de la Brigada 2506, el plan de detención de la oposición que tenía concebido para situaciones así, que son los mismos planes de contingencia que tiene hoy, por lo que miles de personas —y esto no lo dude nadie— iríamos a las cárceles en “prisión preventiva”.
Y hoy los detenidos no serían llevados a los estadios de pelota, como en 1961, porque cárceles son las que sobran en Cuba, y vean estos ejemplos: si en 26 años, de 1899 a 1925, el total de la población penal cubana fue de 58.951 presos, en sólo seis años, de 1959 a 1965, período de guerra civil contra el totalitarismo castrocomunista, solamente, sin contar lo penados por causas comunes, la cifra de presos políticos fue de 15.000, según admitiera el mismo Fidel Castro.
No nos engañemos: contando incluso a los manifestantes del 11J, las personas del potencial “delictivo” que hoy la policía política del régimen controla como C/R (“contrarrevolucionario”) es mucho menor en “cantidad y calidad” que los controlados por el G-2 en 1961, porque, aún los oficiales de la Seguridad del Estado, como resultado del adoctrinamiento, son “patriótica” y humanamente personas inferiores a los que les precedieron en la ya innoble tarea de perseguir a sus conciudadanos por pensar y actuar políticamente diferente a ellos, y esto bien lo saben las mujeres y hombres que sufrieron los horrores de hambres y miserias del presidio político castrocomunista.
No, no nos engañemos. Los cubanos han demostrado valentía para huir de la dictadura cruzando selvas, mares y fronteras, peleando entre ellos, robando ganado, personas y viviendas, enfrentando a la policía en colas para comprar carne de pollo, pero, salvo honrosas excepciones, Cuba, y los cubanos como nación, han demostrado y demuestran cobardía y falta de civismo. Valientes, cívicamente hablando, fueron los que murieron o fueron a la cárcel por defender sus derechos, y los nuestros, allá por 1961.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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