LA HABANA, Cuba. – El 24 de julio de 2021 el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en relación a las manifestaciones ocurridas ese mismo mes, publicó: “Los sucesos del 11 de julio fueron gestados, organizados y financiados desde EE.UU.”. Esa aseveración sin base ni credibilidad, además de dejar en ridículo a la dictadura, resulta inadmisible, máxime cuando cada vez son menos los que se obstinan en ignorar el azote de las duras condiciones de vida que desencadenaron aquellas protestas populares simultáneas a lo largo de prácticamente toda la Isla.
De hecho, esas condiciones no solo no han mejorado, sino que incluso se han agravado. A causa de la creciente hiperinflación los niveles de pobreza de las familias cubanas aumentan por día en todo el país, pues el precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad supera con creces cualquier salario. Esto se traduce en la incapacidad para cubrir las necesidades del mes. Y para acrecentar aún más las cotas de esa indigencia, el Gobierno ha eliminado productos de la libreta de racionamiento, a la vez que impone en el marco de la llamada Tarea Ordenamiento un presupuesto para la canasta familiar que no se corresponde con los bajos sueldos y pensiones, ni siquiera después del presunto aumento salarial.
El 11 de julio de 2021 se escuchó, en la mayor parte de calles, poblados y municipios cubanos, el mismo clamor de un pueblo engañado, aguijoneado por la falta de comida, de agua potable, de productos de higiene personal y de medios imprescindibles en el hogar, por la ausencia de transporte público, por los constantes apagones, por la escasez de medicinas aparejada a la angustia de llegar a necesitar atención médica ante un sistema de salud colapsado, donde se hace notoria la falta de médicos porque el Gobierno los envía al extranjero y se embolsa las ganancias que nunca el pueblo ve.
Y para colmo, todo ello en medio de la pandemia de COVID-19 acompañada de medidas represivas impuestas por el régimen supuestamente “para controlar la propagación del virus”, pero aprovechadas por la autoridades para reprimir con altas multas o prisión a la desesperada población que a escondidas deambulaba o permanecía en largas colas para comprar alimentos. Mientras, los medios oficiales eran utilizados por los dirigentes para tergiversar la verdad y así tratar de ocultar la grave situación que enfrentábamos los cubanos, y como es tradicional desde la época de Fidel Castro, prometer un futuro de bienestar que nunca llega.
Quizás por eso, además de clamar por necesidades insoslayables como comida, agua, medicinas, electricidad o transporte, el pueblo cubano también exigió libertad, ese invaluable bien intangible del que no disfruta desde hace más de seis décadas. Y mientras los ciudadanos marchaban pacíficamente ese 11 de julio, amén de cortar radicalmente el acceso a internet, el régimen de La Habana puso de manifiesto su naturaleza bestial y sanguinaria tanto tiempo disimulada bajo el barniz de revolución humanista que contaba con el apoyo del pueblo.
Así, un presidente impuesto, visiblemente desesperado ante la posibilidad de perder el poder y haciendo gala de la agresividad que proviene del miedo, se valió de los medios nacionales a su servicio para conminar a sus secuaces de los órganos represivos a atacar a la población para defender las prebendas de la cúpula: “La orden de combate está dada”. De ese modo, miembros de las brigadas paramilitares de “respuesta rápida”, del Ministerio del Interior, de las Tropas Especiales, de los Comités de Defensa de la Revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, dirigentes sindicales y otros cómplices del régimen salieron a la calle armados de palos y otros objetos para golpear a ciudadanos que ejercían de manera pacífica sus derechos fundamentales.
Pero además de los que fueron capturados y maltratados ese mismo día, en las semanas posteriores muchos otros manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, agredidos y torturados a la usanza de las dictaduras militares de los años 50, y más tarde sentenciados a descomunales condenas en juicios sumarios, a puertas cerradas y en absoluta violación de las garantías procesales, donde se les imputaron arbitrariamente delitos comunes inconsistentes con los derechos a las libertades de reunión y de expresión.
A propósito de represión, tampoco podemos pasar por alto las protestas de los pobladores de La Güinera –uno de los barrios más pobres de la capital cubana, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo–, que salieron a las calles el día 12 de julio. Precisamente por ese motivo la represión contra ellos fue particularmente brutal, pues le dejaron bastante claro al régimen que las represalias de la víspera no habían bastado para infundirles miedo. Esta vez las manifestaciones fueron sofocadas con armas de fuego, con el saldo de al menos un muerto reportado hasta el momento (el joven manifestante Diubis Laurencio Tejeda) y múltiples heridos con secuelas permanentes.
Hoy, a dos años de aquel levantamiento popular, un sinnúmero de manifestantes hombres, mujeres y niños continúan cautivos en condiciones infrahumanas, separados de sus cónyuges, padres, madres, hijos, que son víctima a su vez de la represión y la vigilancia constante de los agentes de la Seguridad del Estado como represalia por su firme actitud en defensa de sus familiares encarcelados.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.
