CDMX, México. – El jurista cubano Julio A. Fernández Estrada explicaba recientemente en El Toque: “La crisis de la vida material cubana no es un accidente, sino que es consustancial al totalitarismo y es necesaria para el control ciudadano: el sistema necesita la crisis para moverse normalmente como un régimen que lucha contra emergencias y situaciones excepcionales”.
Así, mientras la dictadura habla desde 2019 de “una coyuntura adversa”, del “bloqueo” estadounidense o de la crisis mundial por la invasión rusa a Ucrania, sigue elaborando políticas públicas erráticas para mantener un estado de emergencia permanente y ejercer el control totalitario en Cuba.
El estado de emergencia permanente se evidencia en la propaganda oficial con la publicidad sobre el último barco que se espera de petróleo, las donaciones de harina de trigo, de insumos médicos, el alquiler de las patanas turcas para proveer energía eléctrica, las donaciones de arroz, y la demora de los alimentos de la canasta básica cada mes. La prensa oficial declara la inexistencia de reservas para generar energía eléctrica, la crisis de agua potable, de transporte público, de medicamentos para enfermedades crónicas y temporales, y la escasez endémica de alimentos.
La viceministra de la Industria Alimentaria, Mydalis Naranjo Blanco, declaró recientemente que en los mares que rodean Cuba no existen peces para satisfacer el consumo de la población. Sin embargo, la dictadura cubana exporta camarones y langostas a Europa y China. Por otra parte, el Reglamento de la Ley de Pesca de 2019 prohíbe la pesca privada individual y cooperativa de todos los frutos de mar. Basta un cambio de la política gubernamental con relación a la pesca para que llegue a la mesa de los ciudadanos esta proteína fundamental, en menos de una semana. El cambio climático afecta por igual a todas las islas del Caribe; sin embargo, ninguno de esos gobiernos se apropian de los recursos nacionales sobre la base de excluir a los ciudadanos de sus beneficios.
¿Derechos económicos?
Es inadmisible que las inversiones del presupuesto estatal estuvieran dirigidas en 2022, en un 33 por ciento, a la construcción de hoteles y otros inmuebles destinados al sector turístico, mientras la inversión en la agricultura fue del 2,6 por ciento, aun en plena crisis alimentaria en el país.
Es inadmisible que el Estado prohíba la propiedad privada, la producción libre de los campesinos y el comercio libre de alimentos y tabaco, y mantenga el monopolio del comercio interior y exterior.
Es inadmisible que las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nazcan con tan pocas garantías jurídicas y carezcan de mercados mayoristas de insumos de bienes básicos e intermedios para producir.
Es inadmisible que hoy en Cuba se logren zafras azucareras al nivel del siglo XIX. Todos estos resultados variarían de forma inmediata con el cambio de las políticas públicas económicas del Gobierno.
La única central sindical permitida en Cuba ―la CTC― prohíbe los derechos a huelga y el sindicalismo libre, mientras apoya la política gubernamental de los salarios bajos, comparables a los salarios de los países africanos más pobres. Las pensiones y asistencia social no permiten alimentarse. El economista Pavel Vidal señaló recientemente que la pérdida del valor del peso cubano ha llegado a niveles históricos. Todo esto variaría con un cambio de las políticas públicas gubernamentales.
¿Derechos sociales y culturales?
Recientemente, El Toque publicó el testimonio de la activista Massiel Rubio sobre el deterioro de la salud pública en el país, y sobre cómo los ciudadanos se resignan a no tratarse los dolores, la presión alta, las infecciones en la piel… y deben hacer sus propias gestiones para someterse a una intervención quirúrgica, pidiendo los insumos a los familiares y amigos en el exterior. Señalaba, además, que enfermedades curables se han convertido en crónicas en niños y adultos por la precariedad del sistema de salud cubano.
Desde 1959, la dictadura ha reprimido a los intelectuales y artistas que se aparten del discurso único de Fidel Castro, y luego del Partido Comunista. La última etapa represiva comenzó en 2018 contra el Movimiento San Isidro, el movimiento 27N y demás, incluidos cineastas, artistas y escritores que han protestado contra la censura y la manipulación. Otra política cultural eliminaría los recurrentes conflictos.
Los derechos civiles y políticos están conculcados por la dictadura desde 1959. Normas legales recientes como el Código Penal y la Ley de Comunicación Social criminalizan y convierten en delitos penales los derechos civiles y políticos. Los 1.037 presos y presas políticas evidencian la brutalidad de la dictadura cubana.
La crisis nacional y la crispación ciudadana se aliviarían de forma inmediata con políticas públicas viables y democráticas, en los ámbitos económico, social, cultural, civil y político. Si esto no ocurre, se debe a los intereses de la oligarquía reaccionaria comunista cubana.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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