LA HABANA, Cuba.- La propaganda oficialista cubana insiste en que la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia puedan exportar sus producciones y servicios, al tiempo que también tengan acceso a la importación de sus insumos productivos, constituye un paso de avance para la consolidación de estos actores económicos no estatales.
Sin embargo, la realidad ha venido demostrando que el hecho de que tales acciones deban realizarlas por intermedio de entidades estatales de comercio exterior entorpece, ralentiza y les resta autonomía a los cuentapropistas. A lo anterior se añade el encarecimiento que supone la referida labor intermediaria.
Cuando un trabajador por cuenta propia decide importar insumos productivos debe erogar el precio que le exige la entidad internacional vendedora, más una comisión monetaria para pagarle al intermediario cubano. Y en el caso de la exportación, la entidad cubana de comercio exterior retendrá el 20% de los ingresos que le pertenecen al cuentapropista exportador.
Ha trascendido últimamente la negativa de las autoridades a la solicitud de un trabajador por cuenta propia que desea importar directamente un insumo productivo que facilite su labor. Se trata de un cerrajero de la localidad de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, que aspiraba a adquirir en el exterior una máquina copiadora de llaves. Tras recibir la negativa oficial a su solicitud, el cuentapropista se preguntaba, ¿en qué afecta que una persona importe lo que quiera mientras no sea prohibido y dañino para el país y la población?
Los argumentos esgrimidos por las autoridades para sustentar la negativa se basan en que el intercambio directo del cuentapropista con la contraparte extranjera sería contemplado como una actividad de carácter comercial, algo no permitido por las leyes castristas para las personas naturales cubanas. Por otra parte, los trabajadores por cuenta propia no poseen una Licencia Específica del Banco Central de Cuba para abrir cuentas corrientes en moneda libremente convertible (MLC), sin la cual no pueden realizar operaciones de comercio exterior. Es decir, trabas de carácter burocrático que reafirman la imposibilidad de acudir al mercado internacional sin la participación de alguna entidad estatal cubana.
Pero lo que no expusieron las autoridades es que tales leyes son la consecuencia de ese afán enfermizo del castrismo por controlar de alguna manera la gestión de los actores no estatales de la economía. Al propio tiempo, destaca la desesperación de los gobernantes cubanos por apoderarse, tanto mediante la exportación o la importación de los cuentapropistas, de determinada cantidad de moneda libremente convertible.
El periódico oficialista Juventud Rebelde, en su edición del pasado 27 de diciembre, da cuenta de la reacción del referido trabajador por cuenta propia -por supuesto, matizada eufemísticamente para que pudiera ser publicada-, expresada por escrito a las autoridades, tras la negativa oficial a su solicitud. “No estoy en desacuerdo con la política aprobada por el Gobierno, pero creo que se deben valorar otras vías de acceso a los recursos e insumos para la actividad de los trabajadores por cuenta propia. Hay cuestiones organizativas y de estructura que crean incertidumbre para importar los recursos que necesito”.
Como vemos, estamos en presencia de otra madeja de leyes burocráticas que obstaculizan el desenvolvimiento de actores productivos o de servicios que mucho podrían aportar al despegue de la alicaída economía cubana. En el fondo se trata de otra variante del engorroso engranaje institucional que frena las inversiones extranjeras en la isla. En este último caso hace que los potenciales inversores foráneos se marchen, pero a los trabajadores por cuenta propia cubanos los condena a una obediente resignación.
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