LAS TUNAS, Cuba. ─ Tras el fallecimiento del general Francisco Franco, la transición de la dictadura a la democracia fue un éxito inesperado para periodistas, políticos, intelectuales y todos quienes vieron la cotidianidad española a través del redivivo de la guerra civil y no observando el progreso socioeconómico y sociocultural que tuvo lugar en España desde mediados los años 50 del pasado siglo y la eclosión de la sociedad civil, que luego sería el motor en la evolución democrática.
En la primera entrega sobre este tema preguntamos: ¿Tras la muerte del general Raúl Castro es posible una transición a la democracia en Cuba como ocurrió en España luego de la muerte del general Francisco Franco?
Puesto que no existe democracia allí donde no existen asociaciones cívicas con autonomía real, por su utilidad conceptual y práctica citamos el concepto de sociedad civil del profesor Pérez-Díaz. Al respecto, quiero recordar a quienes se oponen al embargo estadounidense contra el castrocomunismo en Cuba y en América.
Tal y como se confirmó en la reciente reunión en La Habana de los gobernantes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros líderes caribeños, ni en Cuba tendremos democracia, ni en los países con influencia de Cuba las democracias estarán seguras mientras el régimen castrocomunista de La Habana no dé pasos hacia reformas económicas verdaderas y no hacia simples maquillajes del monopolio estatal socialista.
Entiéndase: si la comunidad democrática internacional, y en particular en 1953 Estados Unidos y la Santa Sede, firmaron pactos con el régimen de Franco, ese apoyo estuvo condicionado por la apertura de España a la economía capitalista internacional y a la autorización de un pluralismo ─limitado, sí─ a la Iglesia y a las organizaciones católicas, pero que desempeñarían un rol decisivo en las transformaciones que estaban por venir.
Solamente la apertura de una economía de mercado real ─que, en definitiva, propició el arranque de influencias no sólo económicas sino también culturales, sociales y políticas─ propiciaron en la España franquista los cambios en la producción ─agraria, industrial apenas y proteccionista─ hacia una economía abierta, plenamente industrial, insertada en los mercados internacionales, que generaron cambios en las relaciones socioeconómicas y contractuales bien visibilizadas en la clase obrera española a la hora de reclamar sus derechos laborales.
Según cifras de la época, si como media anual entre 1964 y 1965 las horas de trabajo perdidas por razones de huelga fueron de 250 000, ya entre 1973 y 1975 las horas en que los obreros españoles permanecieron en paro ascendió a un millón y medio. Esto da una idea de cómo el Estado franquista fue perdiendo su autarquía frente a la sociedad civil española, donde, incluso, la Iglesia, que había estado orgullosa junto a los vencedores en la guerra civil, pidió perdón a los españoles por no haber sabido evitar esa contienda fratricida.
Según el doctor Víctor Pérez-Díaz en el citado ensayo España puesta a prueba, 1976-1996, la clave de la transición del franquismo a la democracia tenemos que verla en una sociedad civil surgida en los años cincuenta, sesenta y setenta, mucho antes del fallecimiento del general Franco, y que ya para el comienzo de la transición estaba suficientemente desarrollada, al menos en cuatro de los componentes sociopolíticos que configuran una sociedad civil: estado de derecho, mercados, asociaciones y espacio público.
El quinto componente para la existencia de una sociedad civil real, que es una autoridad pública con poderes limitados y responsable ante los ciudadanos, sólo llegaría con la muerte en su cama del dictador Francisco Franco. Esa es historia bien conocida. Pero, cuando llegó ese momento, las bases para la transición de la dictadura a la democracia estaban cimentadas. Entonces, la comunidad internacional había colaborado con el pueblo español para hacer que fuese el propio dictador quien permitiese la fundición de esas vías hacia la democracia con hormigón armado para que duraran hasta nuestros días.
Muy distinto es el panorama de Cuba hoy, donde una transición a la democracia, como ocurrió en España, es, más que improbable, imposible. De momento, no parece que el panorama vaya a cambiar demasiado mientras los comunistas se mantengan en el poder por la fuerza del régimen totalitario, simulando un liberalismo irreal, de un partido único, que, por mandato “constitucional”, es la “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Si en España el motor de la transición democrática fue la sociedad civil, plural e independiente, ese motor no existe en Cuba. Deberíamos entender por sociedad civil una configuración sociopolítica con componentes institucionales ligados entre sí que constituyan el imperio de ley, aplicable por igual a gobernantes y gobernados; una autoridad pública con poderes limitados y responsables ante los ciudadanos; un espacio público donde los ciudadanos se encuentren y debatan sus preocupaciones comunes; un abanico de asociaciones voluntarias donde cabe incluir a los movimientos sociales; y una economía de mercado como un sistema de coordinación espontánea entre agentes autónomos.
La “sociedad civil” que existe en Cuba es la de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), dirigidos por un exespía convicto; la de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), lideradas por una integrante del Buró Político del PCC (Partido Comunista de Cuba). Otro comisario de esa máxima dirección del PCC dirige la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que prohíbe a los trabajadores cubanos cualquier actividad de sindicatos de forma independiente, del mismo modo en que la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP) administra la leche de las vacas de los campesinos y también si estos cumplen las reglas para que puedan sacrificar algunas de sus reses.
Ciertamente, una sociedad cautiva, no civil, funciona a toda máquina para mantener viva la llamada “dictadura del proletariado”, una dictadura totalitaria. La vimos el 11 de julio, cuando los manifestantes fueron apaleados y encarcelados. La verdadera sociedad civil cubana está en la cárcel. Acusados por sedición unos y otros por cualquier “delito” útil para mantener preso a cualquier opositor al régimen; la verdadera sociedad civil cubana, sin los atributos que caracterizan a esos entes cívicos en los países civilizados, permanece amordazada. Bajo esas circunstancias de silencio, abuso, fuerza y represión, la democracia en Cuba es improbable, entiéndase, imposible.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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