LA HABANA, Cuba. ─ Pese a ser Cuba signataria de los ocho Convenios Fundamentales aprobados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la violación en la Isla de las Normas y Resoluciones aprobadas por esa entidad es sistemática.
Las denuncias formuladas por los integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), sumadas a la gestión del Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa (GIRSSC), y monitoreadas y recibidas por diferentes mecanismos de la OIT, lograron se abriera un expediente por hostigamiento, represión.
Sin embargo, el régimen cubano y el Partido Comunista (PCC) continúan violando esos y otros derechos, más allá de comprometerse a rectificar las causas que han generado las recomendaciones y sanciones ─no vinculantes─ por parte del Comité de expertos en Normas y Resoluciones (CEAR) y el Comité de Libertad Sindical (CLS) y otros mecanismos laborales, administrativos y de control de la OIT, encargada de garantizar el respeto de los derechos sindicales y laborales bajo cualquier forma de gobierno y en todo tipo de sistema social.
Previo a la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de Noviembre del año en curso, las autoridades cubanas cometieron flagrantes violaciones de los derechos laborales al expulsar por su opinión política a un profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos y a un Médico General Integral en Holguín, entre otros profesionales y obreros que fueron separados de su ocupación y empleo por apoyar la iniciativa.
Estas violaciones están recogidas en el Convenio 111 de la OIT, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, que prohíbe todo tipo de discriminación y exclusión en cualquier forma, incluyendo “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
En carta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel el día primero del presente mes, la Presidenta de la Alternativa Democrática Sindical (ADS), Nelva Reyes Barahona, y el Secretario General de dicha organización, Nilton Souza Da Silva, rechazaron las violaciones sindicales que se cometen en Cuba y exigieron el cese del hostigamiento, la represión y las amenazas de cárcel contra Iván Hernández Carrillo, líder de la Asociación Sindical independiente de Cuba (ASIC) y exprisionero de la Causa de los 75, también conocida como Primavera Negra. En la misiva también se condenaron la prohibiciones en Cuba del derecho a la libre sindicalización (Convenio 87), así como la imposibilidad de acceso ─para los sindicalistas independientes─ a un trabajo decente y a un salario digno, requisitos contemplados en los Protocolos de la OIT, entre otras demandas laborales y sindicales amparadas por esa entidad.
Si bien la inversión extranjera resulta necesaria, y hasta cierto punto beneficiosa para la economía cubana, en el plano de los derechos laborales, los hoteles, fábricas y corporaciones radicadas en la Isla se comportan igual que la Empresa Estatal Socialista. La imposibilidad de la libre sindicalización en sus instalaciones, la imposibilidad de contratación directa (obrero-empleador) y la intromisión y manipulación del régimen cubano en las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo ─para salvaguardar los intereses del Estado─ generan nuevas violaciones, ahora en el plano corporativo.
Esta falta de responsabilidad social corporativa de los inversionistas extranjeros en Cuba ─que sí cumplen sus leyes al dedillo en sus países de origen─ es otra causa de preocupación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de otros mecanismos multilaterales que, a nivel mundial, supervisan que no se violen los derechos laborales.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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