BUENOS AIRES, Argentina.- Entre el 18 de junio y el 12 de julio, el principal órgano intergubernamental de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos (CDH), celebró su 56° período de sesiones ordinarias. Según la práctica común del CDH, se examinan bajo el cuarto punto de la agenda las situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo. En esta ocasión, se dedicó, entre otros temas, a la situación de derechos humanos en Venezuela.
El 3 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó ante el CDH su informe, que expone los últimos acontecimientos (hasta abril de 2024 inclusive) relacionados con los derechos humanos, el Estado de derecho y el espacio cívico en Venezuela. La exposición del Sr. Türk fue seguida por un diálogo interactivo en el CDH, durante el cual el representante de Venezuela ejerció su derecho a réplica y varios Estados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) hicieron declaraciones.
Ante la perspectiva de elecciones presidenciales este 28 de julio en Venezuela, la continua restricción del espacio cívico, sumada a las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, es especialmente preocupante. Varias encuestas indican la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano de votar el 28 de julio por un cambio político y el candidato Edmundo González Urrutia de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, pero permanece incierto si el gobierno de Maduro aceptará una posible derrota en las urnas.
Hasta ahora, la campaña electoral no ha sido ni justa ni libre, dado el control de Maduro sobre el Consejo Nacional Electoral y gran parte de los medios, la exclusión de las elecciones de millones de venezolanos viviendo en el exterior, la inhabilitación política por 15 años de la ganadora de las primarias de la oposición al chavismo, María Corina Machado, y varias detenciones de personas opositoras o percibidas como tales. Esto se enmarca en las estructuras represivas advertidas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que persiguen los objetivos de, en su forma más violenta, silenciar voces opositoras o bien generar un ámbito de miedo e intimidación. Los informes de esta misión, establecida en 2019, aportaron, entre otras fuentes, razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo cual motivó la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. La práctica de las autoridades venezolanas de retener información acerca del paradero de los detenidos o de mantenerlos incomunicados por tiempos prolongados equivale, además, a la desaparición forzada, violando así varios derechos humanos, no solo de los detenidos (el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, a la seguridad, y a ser libre de tortura, entre otros), sino también de sus familiares.
El gobierno venezolano, no obstante, no se muestra dispuesto a escuchar o aceptar estas conclusiones de expertos independientes internacionales ni los comunicados públicos de entidades de la ONU. Cuando la Oficina del Alto Comisionado reclamó públicamente por la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente el 9 de febrero de 2024, el gobierno venezolano suspendió la misión de la Oficina del Alto Comisionado y le pidió a su personal salir del país. En su presentación ante el CDH, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos lamentó este hecho y aseguró que seguirá trabajando para poder cumplir con el mandato en Venezuela.
Volker Türk destacó la importancia de un espacio cívico libre y abierto para la libre articulación de la voluntad del pueblo venezolano en las elecciones. Sin embargo, su oficina seguía recibiendo reportes de detenciones arbitrarias y observó un aumento en intimidaciones y detenciones de actores de la sociedad civil, periodistas y sindicalistas. Asimismo, evaluó el cierre de al menos diez emisoras de radio y el bloqueo de al menos 50 páginas web desde mayo de 2023 como restricciones indebidas a la libertad de expresión. El Sr. Türk pidió al gobierno venezolano que se abstuviera de adoptar leyes que podrían restringir el derecho a participar en asuntos públicos, a la libre asociación y a la libertad de expresión. Esto fue en referencia al debate de un proyecto de ley que busca controlar y regular a las ONG y sus fuentes de financiamiento, y la ley contra el fascismo que se basa en definiciones imprecisas de fascismo y neofascismo, permitiendo así la penalización de cualquier manifestación de oposición al gobierno.
Resulta ilustrativo de la reacción del representante de Venezuela ante el CDH que repita esta referencia a la “oposición fascista” ya en la primera frase de su discurso. Concretamente, el delegado de la República Bolivariana llamó al informe del Alto Comisionado “un panfleto propagandístico […] redactado para animar a la oposición fascista de Venezuela; algunos de ellos se encuentran en esta sala, justo acá detrás de nosotros”. Detrás estaba sentado Leopoldo López, líder opositor y preso político en Venezuela después de haber sido responsabilizado por los excesos violentos de las manifestaciones masivas de febrero de 2014, quien hoy es exiliado en España y expresaba reiteradamente su desacuerdo con el discurso del representante del gobierno venezolano ante el CDH mediante movimientos de la cabeza. Este, en cambio, se mostró agitado e indignado por el informe del Alto Comisionado, culpando de todos los males de Venezuela a fuerzas del exterior (especialmente los EE.UU.) y a sanciones impuestas, y poniendo en duda que el gobierno vuelva a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado.
Venezuela no reconoce ni el informe del Alto Comisionado ni las reclamaciones por violaciones de derechos civiles y políticos. Según el representante venezolano, las dudas sobre la calidad democrática de las próximas elecciones venezolanas también eran parte de una campaña propagandística del exterior, lo que sabrá desenmascarar el pueblo venezolano a la hora de votar (al chavismo). Con respecto a los derechos sociales y culturales, específicamente el llamado del Alto Comisionado a que el gobierno venezolano abordara la precaria situación de los sistemas de salud y educación y combatiera la inseguridad alimentaria, el discurso del oficial venezolano hizo caso omiso.
El diálogo interactivo en el CDH, tras el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, dejó en evidencia una vez más la actuación autocrática del Estado venezolano y su intolerancia ante voces críticas. Una posición, por cierto, en la cual fue apoyado por Cuba, Irán, Rusia, Siria, Corea del Norte y otras dictaduras con deplorables historiales de derechos humanos. Sin embargo, como Volker Türk explicó en sus comentarios finales del diálogo interactivo, la presencia de su oficina en Venezuela (hasta su expulsión en febrero) había dado lugar a algunos desarrollos alentadores, lo cual demuestra que la atención y el reclamo internacional por los derechos humanos no son en vano. En este sentido, habrá que percibir la petición de varias ONG en sus intervenciones ante el CDH para que el Consejo y la comunidad internacional mantengan un alto nivel de vigilancia en la observación de las elecciones presidenciales el 28 de julio, para que estas puedan brindarle al pueblo venezolano una oportunidad para la democracia.
Colaboración de Dorothea Krueger, asistente de proyectos en CADAL.
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