LA HABANA, Cuba.- En el recién concluido período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el sector privado fue señalado, una vez más, como enemigo del pueblo. Esta vez el ataque fue dirigido a los transportistas privados, sobre los cuales llueven, cada cierto tiempo, acusaciones de lucro, precios abusivos y comisión de ilegalidades.
Sin embargo, ese “enemigo público” mueve nada menos que el 30 % de la masa total de pasajeros, corriendo por su cuenta el combustible, las reparaciones y el reemplazo de gomas u otros accesorios que solo pueden ser adquiridos en Moneda Libremente Convertible (MLC), o en el mercado negro a precios estratosféricos. Sobre estos detalles ningún diputado habló, pues lo importante era perfilar a un culpable para intentar desviar la atención ciudadana de la ineficiencia estatal.
“Hay que presionar más a los transportistas privados”, enfatizó alguien en una de las reuniones de la ANPP, donde paradójicamente también se reconoció que muchos porteadores han cancelado su licencia operativa debido a la inestabilidad en el suministro de combustible. Esa podría ser una de las causas, pero también habría que añadir el viejo problema, agravado en los últimos años, de no poder cuadrar la lotería con el billete, especialmente si la primera se traduce en depreciados pesos cubanos, y la segunda en dólares o euros.
Cuando los diputados a la ANPP se refieren a los precios abusivos que imponen los boteros, lo hacen comparando dichas sumas con los míseros salarios que el Estado paga a sus trabajadores. No toman en consideración que las tarifas del sector privado suben a la par de la inflación creada por factores externos, ciertamente, pero disparada por causa de una Tarea Ordenamiento que liquidó el ya limitado poder adquisitivo de la moneda nacional.
A pocos días de cerrar el año, con el parque de ómnibus urbanos e interprovinciales reducido a menos de la mitad, el sector privado se está ocupando de cubrir una demanda que no ha dejado de crecer. Los precios son elevados y no todo el mundo puede pagarlos; pero es la única oferta medianamente estable en un país donde el mismo Estado que no provee ni soluciona los problemas, persigue y castiga a quienes sí lo hacen.
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