LA HABANA, Cuba. ─ La Tarea Ordenamiento vino a ‘desordenar’ el empleo de quienes se ganan la vida conduciendo. En la capital, los ‘boteros’ -taxistas particulares- señalan que la última actualización realizada a las tarifas de los pasajes, a principios de año, ha llevado el negocio a un punto de quiebre.
El pasado 7 de enero el Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana emitió la Resolución 240, mediante la cual se aumentó cinco pesos al precio máximo que pueden cobrar los taxistas independientes en las rutas de la ciudad. La medida responde a las reformas realizadas por el Estado en lo relativo a salarios y precios.
De acuerdo con Bárbaro Márquez, uno de los porteadores privados que en la piquera del parque El Curita ─municipio de Centro Habana─ ofreció declaraciones para CubaNet, en menos de tres meses los costos vigentes ‘tumbaron’ a los taxistas no estatales de la cima de la pirámide salarial.
“Al sector estatal le duplicaron, triplicaron y hasta cuadruplicaron el salario, en algunos casos incluso más. A nosotros nos suben cinco miserables pesos al costo de los pasajes, en un momento en que todo vale un ojo de la cara. Botear fue el mejor negocio en Cuba, pero lo que ahora se gana malamente alcanza para ir viviendo”, comentó Márquez.
Aunque los nuevos precios referenciales permiten mayores ingresos, asegura el taxista que, en medio de la inflación imperante, las utilidades de las recaudaciones diarias no son proporcionales al valor que alcanzan en el mercado negro la totalidad de alimentos y productos.
“Una libra de arroz cuesta 50 pesos. La carne de puerco sale en 120 pesos y una jabita con siete u ocho malanguitas maluchentas no se baja de 150. Los dólares americanos para comprar cosas necesarias que nada más aparecen en las tiendas por Moneda Libremente Convertible (MLC), si los quieres, tienes que pagarlos de 48 a 51 pesos”, dijo.
En uno de los tantos ‘ordenamientos’ realizados al transporte público, en enero de 2020 el gobierno intentó asociar a los taxistas particulares a las piqueras estatales, ofreciendo para ello una serie de ventajas como la venta de combustible, partes y piezas a precios diferenciados.
Sin embargo, en la piquera de La Palma, municipio de Arroyo Naranjo, boteros como Yordanis Sánchez aseguran que tras un año como asociados jamás han recibido la asignación pactada del combustible (240 litros).
“Y de los repuestos ni hablar. Te puedo asegurar que más del 90 por ciento de los taxistas nunca han podido comprar un tornillo por esa vía”, comentó Sánchez, quien aseguró que, para mantener los automóviles funcionando, tienen que pagar “a precios COVID” las piezas que necesitan.
“Una goma vale 120 USD, y como eso todo anda por el mismo estilo. Lo más sencillo, un tornillo para la dirección que antes valía 40 pesos, ahora el tornero lo cobra en 250. Entonces, dime, cómo se puede pagar todo eso con 15 pesitos ─antes 10─ que cuesta el viaje entre La Palma y Centro Habana”, destaca el porteador.
Por su parte, Wilber Carballosa expresó el descontento del gremio con los precios que el gobierno dispuso para la contraparte de los particulares: un servicio de taxis estatales que fueron liberados de las rutas.
De acuerdo con Carballosa, quien es dueño de un Ford de 1952, los choferes de los servicios de “confort o alto estándar” ─autos recuperados del sector del turismo─ pueden cobrar más de 300 pesos por un recorrido en que a los particulares no se les permite ganar más de 125 pesos.
“Para ellos (el gobierno) parecen poco los 15 pesos, pero para nosotros tienen que ser suficientes. No sabían cómo, pero esta vez adivinaron la manera de acabar con el negocio del ‘taxeo’. Muchos choferes parquearon el carro y están esperando a que esto cambie, porque tiene que cambiar, así no hay quien pueda”, sentenció Carballosa.
Al margen de la ley, no son poco los que “le juegan cabeza” a inspectores y policías de tránsito para cobrar por encima de lo estipulado.
Los clientes pueden denunciar a los conductores que violan las tarifas a través del número telefónico 18820. Por unos pesos más, los infractores se exponen a ser multados, terminar tras las rejas e, inclusive, perder el medio transporte.
“Lo que pasa es que esos pesos de más son los que hacen la diferencia. Yo no puedo manejar 15 horas todos los días y no ver el resultado de mi trabajo, y mucho menos ver que mi familia pasa trabajos por culpa de los cara de guantes del gobierno”, comentó desde el anonimato uno de los boteros que en la ruta Capitolio-La Lisa se arriesgan a cobrar por encima de la tarifa.
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