MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano retrocedió nuevamente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, según el último informe publicado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
En este año, la Isla se posiciona en el lugar 76 de 180 países evaluados, con una puntuación de 42 sobre 100, lo que refleja una continuación en la tendencia descendente observada desde 2020 (ese año La Habana sla obtuvo 47 puntos mientras que en 2021 solo alcanzó 46 y en 2022, 45).
El IPC, que evalúa las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, se basa en datos recopilados de más de una docena de fuentes externas, incluyendo instituciones de renombre como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, así como empresas de consultoría y evaluación de riesgos y grupos de especialistas.
El informe destaca que, a nivel regional, “Venezuela, Haití y Nicaragua obtuvieron los puntajes más bajos con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del poder judicial”. En contraste, “solo dos países, Guyana y República Dominicana, han mejorado sus puntuaciones en el IPC durante la última década”, mientras que el resto de los países de la región han visto sus puntuaciones estancarse o disminuir significativamente.
Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, enfatizó la importancia de contar con poderes judiciales independientes para asegurar la rendición de cuentas y la justicia. Torchiaro advierte que la falta de acción en este ámbito “erosiona los cimientos de la democracia y el estado de derecho”, y que “el debilitamiento continuo de los pesos y contrapesos sólo fomentará la impunidad de los corruptos y las elites, en detrimento de las personas y del bienestar colectivo”.
A nivel global, el informe de Transparencia Internacional identifica a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda como los países con menores índices de corrupción. Aunque no se detallan específicamente los factores que contribuyen a la percepción de corrupción en Cuba, el documento sugiere que la “sensación de impunidad y la incapacidad de jueces y fiscales para proceder con imparcialidad” son elementos que deterioran la confianza pública en el Poder Judicial, desalentando las denuncias ante una institución percibida como “corrupta, poco confiable e insegura”.
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