CDMX, Cuba. – El índice de percepción de corrupción en el mundo se ha basado en encuestas a ciudadanos de cada país y análisis de expertos. Para el año 2021 Cuba ocupaba el puesto 64 de 180 países analizados, y un porcentaje de 46% en el índice de corrupción. Una cifra falsa, conformada a partir de los datos que ofrecen los funcionarios de la cleptocracia comunista a todos los organismos internacionales. Las sociedades cerradas a la información y al escrutinio, que tienen cancelado el derecho a la información pública de facto o por ley, falsean los datos que luego reportan a los organismos internacionales.
La Contraloría de la República de Cuba rendirá cuentas al Parlamento cubano el próximo 12 de diciembre. Por tal motivo, el sitio del Parlamento publicó el informe que ofrece constancia del trabajo de dicho organismo de control entre los años 2014 y 2022.
En el informe de la Contraloría se pueden detectar problemas graves sobre el control público a la corrupción, entre ellos:
- La ausencia de análisis sobre el nepotismo y el tráfico de influencias de las empresas de los “dirigentes” de la República y sus descendientes.
- La ausencia de transparencia sobre las auditorías realizadas a los organismos centrales del Estado. El informe no señala los resultados.
- La constatación de la imposibilidad de auditar la aplicación del presupuesto nacional para ver su destino y resultados.
- El informe confirma que el presupuesto nacional no llega a los municipios.
- El informe constata que solo han sido auditadas alrededor de 2000 empresas de base entre los años 2014 y 2022.
Mediante la prensa independiente cubana y las redes sociales se ha sabido de los negocios espurios y sin transparencia por parte de GAESA, el emporio militar que controla la mayor parte de los activos cubanos. También se ha descubierto el financiamiento de negocios a través de entidades estatales como el CENESEX, en el caso de Mariela Castro; de la nieta de Raúl Castro, Vilma Rodríguez Castro; del actual ministro de Economía, Alejandro Gil, cuyos hijos tienen cargos públicos por nepotismo; de la empresa ALCONA, dirigida por Guillermo García Frías y gestionada por sus descendientes con absoluta discrecionalidad y opacidad.
Este panorama demuestra la ausencia de control público sobre los que han dirigido o dirigen actualmente el país, así como los gastos que representa la vida de lujos que se dan los familiares de los dictadores Fidel y Raúl Castro.
El informe de la Contraloría no publica los resultados de las auditorías realizadas a los organismos centrales del Estado. La ciudadanía, por tanto, desconoce el destino del presupuesto estatal para los gastos del Gobierno, los del Parlamento y sus 10 comisiones permanentes, los de las Organizaciones Superiores de la Economía (OSDE), de los monopolios estatales, del Ministerio del Interior y de las 300 prisiones en Cuba. Ello demuestra la ausencia de probidad pública y demuestra una sociedad cerrada, similar a la norcoreana.
La Contraloría reconoce que no puede auditar empresas estatales, que serían el universo público económico en los estándares internacionales, porque no tiene la plantilla de contralores necesarios. Sin embargo, en las más de 2000 auditorías realizadas sí constata que el presupuesto nacional no llega a los municipios. De las 95 viviendas que la Contraloría solicitó al Consejo de Ministros para sus trabajadores en el período 2014-2022, solo 15 han sido entregadas.
Luego, el ministerio encargado de evaluar y controlar la corrupción en Cuba carece de recursos, no audita a los que están en el poder ni a sus descendientes, no exige la declaración de patrimonio a los funcionarios antes de ocupar puestos públicos, no publica los resultados de sus auditorías a los organismos centrales del Estado y mantiene la opacidad cuando el sujeto de control está en los centros del poder en Cuba.
El Índice de Transparencia Internacional, que mide el derecho a la información pública, no incluye la evaluación de la transparencia en Cuba, Corea del Norte y otros países gobernados por regímenes restrictivos. Dicho índice muestra que las estimaciones de corrupción en Cuba están muy por debajo de la realidad del país. En Cuba, el derecho a la información pública ha sido legalmente anulado mediante los decretos seis y nueve: “Del Sistema de Información del Gobierno”, publicados el 30 de julio de 2020.
El índice de percepción de la corrupción, sin embargo, coloca a Corea del Norte en el primer lugar de la de ese flagelo en el mundo.
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